Cuatro días consecutivos sin servicio en la zona norte de la ciudad durante el frío invernal de junio fueron suficientes para exponer a escala nacional la falta de inversión de la empresa prestataria. En los últimos tres años el Gobierno de María Eugenia Vidal le había permitido aumentar la tarifa en un 2.100% promedio, sin un correlato con las inversiones para mejorar calidad del servicio. Y la pregunta que sigue flotando: ¿puede volver a pasar?
Por David Barresi
“Si no tenemos luz, no tenemos agua. La luz que llega de los generadores es bastante precaria y no alcanza para hacer funcionar las bombas. Encima se corta a cada rato”, señala Estela, vecina de Arturo Segui. Está junto a su hijo, Andrés, quien atiende una cervecería en la zona. Hace un año pagaba alrededor de $2000 por el servicio eléctrico en el local. Hoy el monto supera los $6000: “Te da bronca porque ves que tu plata no la invierten en ningún lado. Se la llevan los empresarios”
Crónica de un apagón sin precedentes (Pulso Noticias)
Estos testimonios fueron recogidos por un cronista de Pulso Noticias en las protestas que se realizaban bajo la temperatura invernal de entre 8 y 11 grados, cuatro noches después del apagón que el sábado 22 de junio dejó sin energía eléctrica a toda la zona norte de la ciudad, afectando a alrededor de 42.714 usuarios (según los números que asume la propia empresa prestataria) y generando un perjuicio económico -tanto para personas como para comercios- de $961.250.000, de acuerdo a lo estimado por la Defensoría del Pueblo Bonaerense.
Los vecinos y las vecinas estallaron de bronca y salieron a cortar las calles ante lo que se les presentaba una evidente estafa. La noticia trascendió el ámbito local, llegando rápidamente a las pantallas de TV y las portadas de los portales y principales diarios de la Capital Federal. No era la primera vez que pasaba algo así en la región, pero esta vez, las 96 horas sin luz no habían afectado a un sólo barrio de Melchor Romero como había pasado un año antes, si no a ocho localidades al mismo tiempo de la parte norte del partido.
Habían pasado apenas seis días del gran apagón energético nacional que afectó a todo el país, cuando ese sábado a las 21:47 se generó un desperfecto que produjo la salida de servicio del un cable subterráneo de transmisión en alta tensión que une las subestaciones Tolosa y City Bell. Esto provocó el inmediato corte de energía eléctrica que vivieron City Bell, Gonnet, Villa Elisa, Gorina, Arturo Seguí, Hernández, Romero y Ringuelet.
La interrupción del servicio se llegó a prolongar por hasta 96 horas para algunas de esas localidades, según registró el organismo de control energético bonaerense Oceba. A la falta de electricidad se le sumó la falta de agua, ya que la energía suministrada por los 35 camiones generadores que Edelap puso a disposición – más de 24 horas después del hecho- no alcanzaban para hacer funcionar las bombas y cargar los tanques. De hecho, el corte produjo la salida de servicio de las plantas potabilizadoras, pozos de agua, estaciones de bombeo cloacales y funcionamiento de plantas depuradoras de líquidos cloacales de ABSA.
Los trastornos que se generaron para la vida de quienes habitan estos barrios (entre los que se encuentra la suspensión de clases en las escuelas de la zona) como para los comercios que allí se desempeñan fueron mayúsculos. En ese contexto, todas las medidas de compensación que luego se fueron anunciando (dos facturas consecutivas, junio y julio, a costo $0;la eximisión del abono de la tasa de alumbrado y la exención del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene para 1.433 comercios de la zona afectadas) tuvieron gusto a poco, y la sanción que recibió la empresa prestataria mucho más aún.
Se pudo haber evitado
Edelap, empresa manejada por Rogelio Pagano, quedó por aquellos meses en el ojo de la tormenta. No era para menos: la administración de la compañía sabía que no estaba en funcionamiento el cable de abastecimiento alternativo con el que contaba la Sub Estación City Bell en caso de que hubiera un desperfecto en la conexión con la de Tolosa, pero no hizo nada al respecto.
Ese abastecimiento debía venir del cableado de respaldo que conecta a la SE City Bell con la de Dock Sud, pero no funcionaba desde hacía un año y medio. La excusa de Edelap era que ese tramo estaba bajo la jurisdicción de Edesur, y que no le correspondía su reparación, pero más allá de eso la entera responsabilidad de haber garantizado la existencia de un “plan b” le cabía a la prestataria que tiene a su cargo la jurisdicción del Partido de La Plata, según estableció meses después el organismo de control cuando finalmente sancionó a la empresa.
Carlos Minucci, secretario general Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), le había manifestado en aquel momento a Pulso Noticiasque “ninguna de las dos empresas invirtieron en el arreglo de un cable que podría haber resuelto el apagón en dos minutos”. Además, también le apuntó al Oceba: “los órganos de control de la provincia no le dieron importancia al tema y no obligaron a que se lo repare a cualquiera de las dos empresas, hasta que se produjo el hecho”.
A su vez, el dirigente del gremio energético recordó que “Edelap tiene desde hace varios años en su plan de obras la construcción de la subestación Villa Elisa, un plan que figura desde la ex Segba, sin embargo nadie los obligó a concretar esa obra para mejorar la calidad del servicio aunque sí permitieron la implementación de los tarifazos”. La realización de esta obra hubiera permitido tener una alternativa ante un hecho como este.
Mucha ganancia, poca inversión y nulos controles
Entre 2016 y 2019 Edelap aumentó las tarifas del servicio eléctrico -en promedio- un 2.100% para los usuarios residenciales, según las estimaciones de Federico Basualdo, ex director del Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE). El profesional había señalado a principios de julio en una entrevista realizada por este medio, que no se conocía la utilización de esos fondos por la connivencia existente con la administración de María Eugenia Vidal.
“Las fallas que están ocurriendo en el sistema de distribución están vinculadas a la falta de inversión y a la falta de control”, había asegurado el especialista y luego señaló la relación directa de la gobernación bonaerense con Edelap: “Cuando asumió Vidal designó funcionarios del área que están vinculados a las empresas distribuidoras”, por lo cual no existía un control y regulación de la empresa.
Según sostuvo, las inversiones de la prestataria fueron “más bajas que en 2015” por lo que los aumentos de tarifas fueron directo a las ganancias: “los costos de operación y mantenimiento de la distribuidora fueron en 2015 de un 60% de los ingresos, pero en 2019 ese porcentaje se redujo al 27%, lo que demuestra el direccionamiento de los fondos recaudados”.
También el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, había puesto el ojo sobre la pobre inversión de Edelap, al dar a conocer un informe que analizaba el flujo de dinero de la empresa, remarcando que en los primeros tres meses de 2019 había invertido casi un 50% menos que en igual período del 2018. Al mismo tiempo, señalaba que tuvo ganancias por $163 millones durante ese mismo trimestre.
En el Concejo Deliberante, que sesionó cuatro días después de que se iniciara la interrupción del servicio, los bloques opositores también le habían apuntado a los vínculos entre la gobernación bonaerense y el titular de Edelap.
“Acá hay un problema de control del Estado. El Estado es el único responsable. (Edgardo) Volosín como Secretario de Energía bonaerense es quien debía haber controlado el plan de inversión de EDELAP”, había afirmado la concejala Victoria Tolosa Paz mientras rememoraba que el funcionario antes de ingresar en el Gobierno de la Provincia era el gerente de recursos humanos de otra distribuidora energética, EDENOR, “en el momento en que el Rogelio Pagano, actual dueño de EDELAP, era el secretario de Hacienda y Finanzas”.
En efecto, Pagano es el hombre responsable de Edelap, pero también de Eden (norte y centro bonaerense), Edea (costa atlántica), Edes (sur y centro bonaerense) controlando así el 58,8% de los usuarios de energía eléctrica y el 65,2% de la energía distribuida de la Provincia de Buenos Aires. Todas esas empresas forman parte del Grupo Desarrolladora Energética SA (DESA), y fueron adquiridas luego de que Vidal asumiera al frente de la Gobernación.
Sanción y cuestionamientos
La multa del Organismo de Control de Energía bonaerense contra Edelap llegó en septiembre: una sanción de $203.647.464 que, según se estableció, iría destinada a los usuarios afectados como un crédito a cuenta de futuros consumos.
En el texto de la multa el Oceba deja asentado que la responsabilidad de tener un plan alternativo de abastecimiento para la Subestación City Bell era completamente de la empresa concesionaria del servicio en la región. Además, señala varias falencias que la compañía tuvo una vez sucedida la emergencia, entre las que se encontraba la deficiente comunicación con los vecinos y las vecinas.
En su descargo, Edelap había manifestado que “brindó permanente información a los usuarios”, destacando las distintas vías de la difusión como ser “24 comunicados de prensa, 18 entrevistas y declaraciones en medios de prensa, ronda de periodistas, 9 publicaciones en la página web de la empresa, 38 posteos de Facebook, 84 posteos en Twitter y 13 posteos en Instagram”.
Ante esto, el OCEBA le señaló que hace referencia a medios electrónicos (servicio de internet, aparatos de telefonía celular, radio y televisión), es decir, a los que justamente la población afectada no estaba pudiendo acceder con facilidad. Y acto seguido, le recuerda que la regulación en la materia indica que la empresa debió haber implementado un programa de Oficinas Móviles “para brindar a sus usuarios una atención territorial, comercial y técnica satisfactoria, facilitando asesoramiento, tramitaciones y dando solución, o al menos respuesta, a las reclamaciones recibidas”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo Bonaerense calificó de “insuficiente” la multa del ente de control sobre Edelap. “Nos parece una falta de respeto. El Oceba tenía herramientas para aplicar una multa mayor, que compensara adecuadamente los perjuicios que sufrieron los usuarios y comerciantes”, había afirmado el titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, al día siguiente de conocerse la multa.
Si bien este posiblemente haya sido el hecho más grave del año en términos de magnitud en referencia a un desperfecto energético en la ciudad, estuvo lejos de ser el último. Apenas un mes después de este corte de energía, vecinos y vecinas de Parque Sicardi ocuparon la sede de Edelap de 5 y diagonal 80 buscando respuestas ante el pésimo servicio que se brinda en la zona, donde se sufren cortes de manera constante.
Ante la pregunta sobre si un hecho de las dimensiones del sucedido en junio puede volver a ocurrir, el dirigente APSEE consultado por este medio no había dado demasiadas vueltas para responder: “Mientras la plata vaya a inversiones propias de las empresas, y no del cliente, eso va a seguir pasando”.
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