Código polémico: la Municipalidad insiste en penalizar el trabajo callejero

La reforma al código contravencional propuesta por el intendente Julio Garro apunta a penalizar actividades de subsistencia como la de las personas que lavan autos en la calle, venden en los semáforos o tiran una manta en una plaza. La doble vara con el empresariado gastronómico

Por David Barresi

El debate sobre la reforma al actual Código Contravencional que impulsa el Intendente Julio Garro sigue su curso en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Concejo Deliberante. Al mismo tiempo, el rechazo a la iniciativa ya se hizo sentir en la calle el miércoles pasado con una radio abierta en el Pasaje Dardo Rocha convocada por diversas organizaciones sociales, políticas, culturales y gremiales, las cuales aseguraron que continuarán movilizándose.

La mencionada comisión se reunió el viernes pasado por cuarta vez para debatir el proyecto. El bloque oficialista postergó algunas definiciones clave que se había comprometido a tener para ese día, pero que finalmente se darán a conocer esta semana. Una de ellas es si se va a mantener o no la pena de arresto, fuertemente cuestionada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Defensoría del Pueblo bonaerense, que la calificaron como “inconstitucional”.

El otro punto es si se impulsará alguna apertura al debate público sobre el proyecto. Hubo un pedido efectuado por la CPM el año pasado –había reclamado que se hiciera una Audiencia Pública– y reiterado este año. Si bien la concejala y presidenta de la Comisión Romina Cayón había mencionado la posibilidad de realizar al menos una especie de instancia virtual, todavía no hubo definiciones concretas al respecto.

Sobre lo que sí hubo definiciones contundentes, es en torno a la intención del Municipio de continuar penalizando –y de forma cada vez más grave– el trabajo callejero. En la última reunión de comisión, el debate giró en torno al Artículo 119° que figura en el proyecto, que dice lo siguiente: “Quien lavare automóviles ajenos de forma onerosa, en la vía pública, será sancionado con multa de 50 a 300 módulos”.

En el código contravencional vigente, promulgado en 1986, ya figura una sanción similar en el Artículo 77°, que dice: “El lavado de automóviles en la vía pública será sancionado con multa de 5 a 200 módulos”. Es decir, actualmente ningún vecino o vecina está autorizado a lavar el auto en la vereda. Se trata de una normativa que no sólo está en desuso –y que buena parte de la ciudadanía probablemente desconozca– sino que además es prácticamente incontrolable.

El proyecto de reforma que impulsa Garro si bien quita la multa que pesa sobre quien lava el auto en la vereda, le agrega de forma explícita que esa práctica sólo será sancionada si esa persona lo hace a cambio de dinero. Es decir, penaliza directamente a quienes hacen esa actividad como modo de subsistencia, en general en el centro de la ciudad o en los semáforos.

“Es seguir criminalizando a personas que tienen ese trabajo como sustento. Le están quitando una herramienta a quienes trabajan de eso para no pedir limosna”, cuestionó la concejala Yanina Lamberti (Frente de Todos), el viernes pasado en la reunión de Comisión.

Desde el bloque oficialista, la presidenta del Concejo Deliberante Ileana Cid respondió defendiendo el proyecto y señalando que se trata de “competencia desleal” hacia los propietarios de lavaderos “que pagan impuestos y generan trabajo”.

El argumento de la Intendencia es el mismo para este caso como para el de vendedores o vendedoras ambulantes o las manteras que venden ropa usada en Plaza San Martín. ¿Estos trabajos de subsistencia, que apenas sirven para que cientas de familias sobrevivan con lo justo, compiten realmente con los comercios de la ciudad? ¿Es el trabajo callejero responsable de la crisis económica que atraviesa La Plata o es al revés?

Según los análisis que viene publicando el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP), la actividad económica en la ciudad acumula por lo menos dos años consecutivos de caída. En las encuestas que este grupo de investigación realiza trimestralmente, las principales preocupaciones de los comerciantes pasan por “la inflación, la falta de demanda y la presión impositiva”. El trabajo callejero no figura nunca como un problema de primer orden, salvo para el Municipio.

Si el texto se mantiene tal como propone el oficialismo, una persona que lava autos en la calle puede ser multada con entre $13.000 y $78.000. En caso de no tener el dinero, podría ser arrestada. Esto en una ciudad en la que la tasa de empleo cayó 9 puntos porcentuales según los últimos datos difundidos por el INDEC.

La doble vara

La oposición remarcó, al igual que lo había hecho el viernes anterior, que se aplica una doble vara en relación a quién se le permite ocupar el espacio público y a quiénes no. La mención se realizó en relación al empresariado gastronómico local, que actualmente se apropió hasta de las calles frente a los locales (en zonas como diagonal 74 entre otras), con la intención de garantizar protocolos y distanciamiento, mientras que las y los feriantes que venden en Plaza Italia les siguen realizando operativos que les impiden hacer uso de la vía pública.

Esta doble cara de las normativas municipales fue denunciada también por el centro cultural Laberinto Casa Club, que fue clausurado el viernes de forma violenta por Control Urbano por la supuesta infracción a las normas de cuidado sanitario. “En un contexto en que todos los espacios gastronómicos, culturales o de encuentro de la ciudad habitadas por una ‘normalidad’ que no incomoda están funcionando a la vista de todos sin ninguna consecuencia, no se puede ver como casual el ensañamiento y la hostilidad con un espacio que busca una propuesta distinta y está habitado por identidades disidentes”, afirmaron desde el espacio. 

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