El bloque de Juntos por el Cambio retomó el proyecto presentado en 2018. Se debatirá durante siete viernes consecutivos en la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante. La oposición pidió que puedan participar organismos de derechos humanos y la UNLP
Por David Barresi / Fotos interior: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)
Dos años después de haberlo presentado el intendente Julio Garro vuelve a la carga con el polémico proyecto de Código de Convivencia que busca reemplazar al actual Código Contravencional. La iniciativa había quedado congelada tras el rechazo que recibió por parte de organismos de derechos humanos, gremios, vendedores ambulantes, trabajadores cartoneros, organizaciones políticas y sociales, que habían realizado una multitudinaria movilización a la Municipalidad para manifestar su oposición a la normativa.
Tras aquel rechazo generalizado, el último intento por retomar el debate sobre esta iniciativa había sido en mayo del año pasado, pero en medio del escenario electoral la intendencia resolvió volver a guardarlo, hasta hoy.
Este mediodía se reunió la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos en el Salón Dorado de la Municipalidad. Su presidenta, Romina Cayón (Juntos por el Cambio), anunció la intención de volver a impulsar el proyecto y propuso una metodología de trabajo que constará de siete reuniones consecutivas en las que se abordará tramo por tramo cada uno de los 359 artículos de la iniciativa.
La Comisión de Seguridad sesionó en el Salón Dorado de la Municipalidad
Junto a la concejala estuvo presente la Secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattáneo, quien calificó a la normativa como “un código moderno” en el que “los vecinos se ven representados”, y recordó que en 2018 se habían realizado encuentros vecinales en las delegaciones (ella estaba a cargo de la de Villa Elisa en ese entonces) de los que se habrían extraído ideas para enriquecer el texto presentado.
Sin embargo, cabe recordar que aquellas supuestas “mesas de diálogo vecinales” habían sido fuertemente cuestionadas –incluso por concejalas del propio oficialismo como Florencia Rollié– porque su convocatoria había sido sumamente restringida y la difusión de los horarios de encuentro había sido realizada casi sin antelación, por lo que muchos actores y actrices sociales que pretendieron participar no pudieron hacerlo.
En ese sentido, distintas organizaciones especializadas en el tema –como el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ)- habían resaltado la poca participación vecinal en esos encuentros, producto de las condiciones de convocatoria. De hecho, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentado un proyecto para que se realizaran audiencias públicas que permitieran debatir abiertamente la norma propuesta, pero no fue tenido en cuenta.
Virginia Pérez Cattáneo 
Romina Cayón
Apertura y participación
Teniendo en cuenta ese antecedente, la concejala Ana Castagneto (Frente de Todos) pidió que se abriera la participación al Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, a la CPM y a otros espacios que estuvieran interesados en debatir un tema que afecta directamente derechos sociales y humanos. Ante el requerimiento, Cayón dijo estar abierta a propuestas de incorporar otras voces, aunque puntualizó que eso se realizará en tanto se pueda garantizar la distancia social y el protocolo sanitario.
Por su parte, su compañera de bloque Yanina Lamberti pidió acceder a la sistematización de las conclusiones de aquellas “mesas de diálogo vecinales”, que según la presidenta del concejo Deliberante Ileana Cid habrían sido 36 encuentros.
Los puntos clave del proyecto
La iniciativa de la Intendencia tuvo cuestionamientos de todo tipo, empezando por el nombre: “se propone como un código de convivencia y el único modo de resolución que propone es a través del punitivismo, sin siquiera pensar espacios de diálogos para la construcción de acuerdos sociales”, había señalado el CIAJ ni bien se conoció el proyecto.
A su vez, la norma fue calificada como “represiva” ya que penaliza directamente las acciones de determinados sectores de la sociedad a los que el Municipio ya viene persiguiendo. Establece severas multas para las manifestaciones, restringiendo el derecho a la protesta, como así también para la venta ambulante, y hasta prohíbe totalmente la tracción a sangre afectando el trabajo de cartoneros y recicladores. También penaliza la “oferta de servicios sexuales” forzando a una mayor clandestinidad y marginalidad de las personas que lo ejercen; y hasta hay artículos que cuestionan el desempeño de los artistas callejeros, u otros que impedirían el trabajo de quienes lavan autos en la vía pública.
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A su vez, mientras por un lado la penalización recae sobre algunos sectores sociales, sobre otros las penas son más leves que con el actual Código Contravencional. Un informe que había realizado el ex concejal Gastón Castagneto enumeraba una serie de artículos que beneficiaban directamente a grandes empresas: uno era el 90°, que le reduce las penalizaciones a las empresas que produzcan exceso de gases tóxicos; y otro el 154° que baja las multas para aquellas que ejecuten obras o instalaciones sin permiso municipal.
El proyecto se vuelve a poner sobre la mesa en un contexto en que la Municipalidad fue denunciada ante organismos internacionales por ejercer un accionar racista contra vendedores ambulantes de nacionalidad senegalesa; y mientras crecen protestas en la ciudad que involucran demandas de sectores con derechos vulnerados como son los y las cooperativistas municipales, o las trabajadoras sexuales de la zona roja que vienen denunciando permanentes ataques transodiantes. Al igual que en 2018, el tema no pasará desapercibido y ya despertó las alarmas también en los organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales de la región.
El esquema de trabajo propuesto por Romina Cayón, con el articulado en que se debatirá en cada reunión
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