Código polémico: el oficialismo debate internamente la pena de arresto

Es uno de los puntos más objetados por organismos de derechos humanos. El bloque de Juntos por el Cambio todavía no se baja de incorporarlo en la nueva norma. Movimientos sociales y otros sectores afectados ya preparan una protesta

Por David Barresi

La polémica modificación del actual Código Contravencional que impulsa el Intendente Julio Garro comienza a generar debates internos dentro el propio oficialismo en el intento por generar consensos tanto con la oposición en el Concejo Deliberante como con organismos de derechos humanos.

A fines de la semana pasada se realizó una nueva reunión de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos, que conduce la concejala Romina Cayón (Juntos por el Cambio), en la que el oficialismo presentó una serie de modificaciones a la propuesta original en base a las observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Comisión Provincial por la Memoria.

Según informó el Subsecretario de Gobierno del Municipio, Nicolás Morzone, en primer lugar se decidió modificar los artículos 8° y 17° que literalmente obligaban a los vecinos a denunciar cualquier infracción a la ordenanza. La propuesta es que quede redactado de manera de que todo vecino “tenga el derecho” a hacerlo pero no la obligación.

A su vez, ante las críticas sobre las características eminentemente punitivas del proyecto –aunque se llame irónicamente Código de Convivencia– el oficialismo incorporó una serie de medidas alternativas graduales que incluyen: trabajo comunitario; talleres de fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la incorporación de la figura de mediación.

Sin embargo, hubo un punto polémico que el bloque de JxC todavía no retiró del articulado, aunque admitió que se encontraba en un “debate interno” al respecto: la pena de arresto. Tanto la Defensoría como la CPM remarcaron que es inconstitucional, ya que la Justicia de Faltas –que es considerada una instancia administrativa– no puede dictar una medida de ese tipo, sobre todo porque no están debidamente garantizado el derecho a la defensa (como sí lo está en la Justicia Penal).

En ese sentido, Rodrigo Pomares, coordinador del área Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, recordó que tanto el arresto como el decomiso (otra figura polémica que mantiene el código) “habilitan restricciones a derechos fundamentales sin orden judicial previa”. Y señaló que “va en contra de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en resonantes casos donde se encontró internacionalmente responsable al Estado Argentino por violaciones a los derechos humanos”.

El organismo presentó un documento escrito a la Comisión, en el que además agrega que se trata de un “desconocimiento de las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que han realizado sus informes sobre la Argentina durante los últimos años”.

“Lo estamos conversando”, respondió Cayón asumiendo que hay diferentes visiones dentro del bloque sobre ese punto pero afirmó que este viernes tendrán una respuesta sobre si se mantiene o se quita la figura.

En tanto, Morzone llevó la voz más punzante por el Ejecutivo y defendió el proyecto remarcando que “el 75% de los municipios bonaerenses” tienen códigos que contemplan la pena de arresto, a lo que la oposición le recordó que se trata de normas que “tienen, de mínima, más de 25 años de antigüedad” y que por eso están prácticamente en desuso o son incumplibles en la práctica, o en el peor de los casos son usados discrecionalmente.  

El otro debate que trae aparejado este punto es el establecimiento de la Justicia de Faltas como órgano de aplicación. Tanto en el encuentro anterior como en este último, la CPM objetó fuertemente esa definición, y recordó la jurisprudencia que la califica como un “órgano administrativo”, por lo que no puede disponer de restricciones a la libertad sin otra instancia judicial mayor que lo avale. En ese sentido, destacaron que de avanzar en esa línea no se garantizará “la defensa efectiva de los derechos” y por lo tanto se caería en una inconstitucionalidad manifiesta.

En la próxima reunión, según informó la presidenta de la Comisión, se invitará a representantes de la Justicia de Faltas a dar su posición al respecto, por lo que este punto será el tema central a tratar.

El debate público y los consensos

Si bien el oficialismo realizó algunas modificaciones en busca de llegar a consensos sobre el proyecto, ya comenzaron a avizorarse puntos de diferencia que dan lugar a posibles dictámenes en minoría por parte de la oposición. En ese sentido, la presidenta del Concejo Deliberante, Ileana Cid, remarcó: “difícilmente lleguemos a un consenso pleno”, y manifestó la intención de avanzar de todas formas con la sanción de la norma.

A su vez, ante el pedido de la CPM de realizar una audiencia pública que permita que se expresen las voces de organizaciones sociales, gremios, espacios que nuclean vendedores ambulantes, migrantes, trabajadoras y trabajadores sexuales, recicladores y recicladoras urbanas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, entre otros sectores expresamente afectados por el Código, el oficialismo reiteró su intención de hacer alguna instancia de esas características –con posibilidad de que sean virtuales– aunque todavía no definió la modalidad de la misma.

Por su parte, estos sectores afectados a dieron una conferencia de prensa la semana pasada en la que anunciaron su rechazo al Código y convocaron a la primera protesta que se realizará este miércoles en el Pasaje Dardo Rocha donde se realizará la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Comentarios

- Advertisement -