Más de un millón de mujeres no pueden pagar el misoprostol para abortar

La cifra surge del informe que presentó el MISObservatorio, el primer observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, que analiza los precios de venta en farmacias del medicamento declarado esencial por la OMS para interrumpir embarazos durante el primer trimestre. La cantidad de mujeres que no pueden pagar una caja de misoprostol supera a la población total de La Plata

Por Julia Varela

Esta semana se lanzó el MISObservatorio, un observatorio que busca garantizar el acceso a abortos seguros y para eso, analiza los precios misoprostol en todo el país. “En la actualidad, no todas las condiciones de accesibilidad se cumplen. Acceder al misoprostol de forma gratuita en un servicio de salud o de forma particular en una farmacia no siempre es posible. Si bien es de venta legal Argentina, su elevado precio lo torna inaccesible”, dice el Informe del Observatorio. 

El misoprostol es, según la Organización Mundial de la Salud, un medicamento esencial para poder llevar adelante abortos medicamentosos. Y según la OMS, los medicamentos esenciales son los que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Tienen que estar disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio accesible. 

Pero en nuestro país, y según las cifras que analiza el MISObservatorio, 1,2 millones de mujeres no pueden comprarlo: el precio de venta es mayor que el ingreso de muchas mujeres. En los últimos diez años, el precio del Oxaprost aumentó un 1371%. 

“Mientras que el precio mínimo del misoprostol en marzo de este año fue de $4828 pesos, el ingreso promedio de muchas mujeres en el primer trimestre de este año fue de $3949, es decir, un 18,2% por debajo del precio del medicamento”, agregó Estefanía Pozzo, economista feminista y miembro del Observatorio. 

Monopolios de producción y venta

En Argentina hay sólo tres laboratorios que producen y venden misoprostol. Hasta 2018, el monopolio lo tenía Laboratorios Beta, una farmacéutica argentina que está a cargo de Gregorio Zidar, exdirectivo de Boca y amigo de Mauricio Macri. El nombre comercial que Beta le da al misoprostol combinado con diclofenac, un medicamento indicado como protector gástrico, es Oxaprost. 

Entre 2012 y 2018 Beta pudo fijar el precio a su antojo porque tenía el monopolio de producción y venta: en 2010 una caja de Oxaprost por 16 unidades tenía un precio de venta entre $240 y $320 que, al tipo de cambio de ese momento, era algo así como 60 u 80 dólares la caja, el 20% del salario mínimo. 

En marzo de 2014 y con el Oxaprost de 16 pastillas a $452, la Secretaría de Comercio acordó con los laboratorios retrotraer precios de todos los medicamentos al 31 de diciembre del año anterior. Los aumentos que fueran a haber a partir de ese momento resultarían de acuerdos conjuntos entre los laboratorios y el Estado. 

Pero en mayo de ese año, Beta llevó adelante una típica estrategia de evergreening: sacó de circulación la caja de 16 pastillas y empezó a vender una de 20 a $1070, un precio mayor que el doble que la caja que tenía cuatro pastillas menos. “El laboratorio logró quedar por fuera del marco regulatorio de precios. Esta acción fue denunciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto”, sostienen desde el Observatorio. 

El evergreening es una estrategia de la industria farmacéutica para dominar el mercado y eliminar la competencia. Al ser dueño de la propiedad intelectual de un droga, el laboratorio hace pequeños cambios en las moléculas, en las presentaciones y/o en las combinaciones de drogas, vuelve a patentar esa producción como algo nuevo -pese a que están violando la Ley Nacional de Patentes- y se perpetúa en el mercado. Así puede fijar el precio de venta de medicamentos a su antojo. 

En abril de 2016, Beta sigue siendo el único laboratorio que comercializa misoprostol en nuestro país. Dejó de producir la caja de 20 pastillas, volvió a ofrecer la de 16, pero disparó el precio: la caja de 16 pasó a tener un precio de $1170. 

En julio de 2018, en medio del debate en el Congreso del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, Laboratorio Domínguez, también privado y argentino, le pidió a la Autoridad Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) producir de misoprostol con fines gineco-obstétricos. Recién en noviembre de 2018, con el Oxaprost de Beta a $4455,31, salió a la venta el Misop200 de Laboratorios Domínguez a $2895,96. 

Además de eliminar el monopolio y bajar el precio porque permitió la competencia, el misoprostol de Laboratorios Domínguez es el primero que se produjo en Argentina con fines ginecológicos y obstétricos. Se desarrolló específicamente para llevar adelante abortos medicamentosos y con la cantidad de pastillas que las personas con capacidad de gestar y abortar necesitan: 12. Ni 16 ni 20. 

En nuestro país hay 29 laboratorios públicos regulados por el Estado. Todos están bajo la órbita de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la mayoría dependen de las universidades nacionales o provinciales. En 2019, el LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico) de la provincia de Santa Fe, empezó a producir misoprostol para que sea distribuido en los centros de salud pública de la provincia.

Según los datos publicados, comprar una caja de Oxaprost en 2010 representaba el 20% del salario mínimo. En septiembre de 2015 llegó a un porcentaje mínimo que representaba el 9,5% del salario.  Pero a partir de ahí, el precio no paró de aumentar y representar una porción cada vez mayor de salario: el año pasado las mujeres destiaban el 50% de su salario en comprar una caja de Oxaprost. En el caso del Misop 200, la proporción se mantiene estable en torno del 30%. “Su primer precio representó un 27% del salario mínimo y siempre se ubicó en esa proporción, con picos de 30,95%”, dice el informe. 

Costo de producción vs. precio de venta

En la mayoría de los casos, el costo de producción de un medicamento es muy diferente al precio de venta. El caso del remdesivir, uno de los medicamentos más promisorios para tratar el COVID19, puede servir de ejemplo: si bien todavía Gilead, la compañia que lo está produciendo, no reveló cuál es el costo de producción, hay estudios de la Universidad de Liverpool que demuestran que producir remdesivir podría costar sólo un dólar por día de tratamiento. En cambio, Gilead impuso un precio de venta en Estados Unidos y los países desarrollados 400 veces mayor: 390 dólares por cada aplicación y 234o dólares por tratamiento. 

“Las empresas farmacéuticas ya no son laboratorios donde hay científicxs buscando una solución: detrás hay grandes fondos de inversión que especulan con nuestra salud. No les interesa salvar vidas, desarrollan sus productos sólo para aquellas personas y Estados que los puedan comprar a precios monopólicos y extorsivos que imponen. Ya hemos sido testigos, recientemente de cómo esta corporación farmacéutica bloquea el acceso a medicamentos que salvan vidas”, sostuvo José María Di Bello, quien coordina el Observatorio de Acceso a medicamentos de VIH, Tuberculosis y Hepatitis virales de de Fundación GEP.

Sólo mujeres

Otro elemento a tener en cuenta es que los datos que se analizan en el MISObservatorio son binarias, porque los análisis que lleva adelante el Estado para dar cuenta de los ingresos económicos de las personas sólo se distinguen entre femenino y masculino. Las cifras cambiarían drásticamente si, además, se incluyera dentro de las estadísticas a lesbianas, los varones trans, las personas no binarias y/o cualquier persona con capacidad de gestar y abortar.

“Sabemos que no son solo las mujeres cisgénero quienes abortan, también lo hacen las lesbianas, los varones trans, las personas no binarias. Por eso, los organismos estadísticos deben trabajar para incorporar a las todas las identidades en los datos, algo fundamental para poder conocer en profundidad la realidad y pensar las políticas públicas”, dijo a Pulso Noticias Candela García, coordinadora del Misobservatorio. 

Mañana, 8 de agosto, se cumplen dos años del histórico 8A, el día en que las y los senadores de Argentina decidieron, por 38 votos en contra, dos abstenciones y una ausencia que el aborto no fuera legal en nuestro país. El proyecto había sido presentado ocho veces desde 2007 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y, pese a lograr la media sanción en Diputados un mes antes, las y los senadores de la cámara alta decidieron rechazarlo.  

A pesar del rechazo en Senadores, la posibilidad de abortar en Argentina está permitida desde 1921 bajo ciertas causales, como violación o cuando compromete a la salud de la persona gestante. 

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