El párroco de Gonnet no tiene límites. Le pidió al fiscal Romero de La Plata que procese a periodistas que le dan voz a sus víctimas y que nadie lo nombre sin su permiso. Una ataque a la libertad de expresión
Por Daniel Satur y Estefanía Velo*
El excapellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense Eduardo Lorenzo denunció penalmente por “coacción” a diversos medios de comunicación y periodistas que vienen informando sobre su imputación en la causa por delitos de abusos sexuales agravados y corrupción de menores.
Pese a haber sido radicada hace más de cinco meses en la Unidad Fiscal 6 de La Plata a cargo de Marcelo Romero, recién esta semana fuentes ligadas al caso supieron de una denuncia que el cura de la Iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet, Eduardo Lorenzo, realizó contra periodistas y editores de diversos medios de comunicación, incluyendo este diario.
El párroco acostumbrado a amedrentar a quienes dan a conocer su verdadero comportamiento (lo que ya le valió la apertura de una causa paralela por “amenazas”), ahora se las agarra con quienes tenemos la tarea de informar y difundir diversas problemáticas sociales.
Pese a que la gran mayoría aún no fueron siquiera denunciados, en Argentina la lista de curas comprobadamente pedófilos y corruptores de menores es extensa. Desde Julio César Grassi (condenado a 15 años de prisión) hasta quienes regenteaban el instituto para niños sordos Antonio Provolo (actualmente juzgados), los curas abusadores pueblan el país. Y Eduardo Lorenzo está muy cerca de pasar a integrar esa lista si es que Poder Judicial investiga y avanza en probar su modus operandi.
Tres relatos contundentes
El excapellán del Servicio Penitenciario Bonaerense creyó que su impunidad iba a ser eterna. Pero los relatos de sus denunciantes son tan contundentes que no dejan margen a la duda (salvo que se esté del lado del victimario). Ya son tres las personas que, dando sus nombres y apellidos, manifiestan haber sufrido abusos sexuales y de poder por parte del cura.
Esas tres personas relataron ya en el expediente hechos ocurridos en diferentes momentos históricos, cuando cada una era adolescente. Roberto dice en su declaración judicial que en 1993, en Olmos, vio a Lorenzo abusar de menores en campamentos. Julián Bartoli agrega que en entre 1999 y 2000 el cura abusó de él en un departamento privado a la vuelta de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Diego Pérez (quien dio inicio a la causa) asegura que entre 2007 y 2008 Lorenzo abusó reiteradamente de él en Gonnet. Como se sabe, así comienza el camino para ponerle fin a estas prácticas criminales, denunciando.
En el expediente los jóvenes coinciden en relatar que Lorenzo hacía fiestas los fines de semana con grupos de menores en las diversas casas parroquiales que habitó. Y muchos que lo conocen afirman que, pese a que él niega tomar alcohol, es un añejo bebedor de whisky.
Los denunciantes declararon en la fiscalía de la doctora Ana Medina que Lorenzo siempre terminaba convenciendo a algún chico para que se quedara a dormir con él. Y vecinos de Gonnet aseguran que todavía hoy se lo sigue viendo ingresar, entrada la noche, a la casa parroquial en compañía de algún que otro joven feligrés.
Si el Arzobispado sabe (porque así consta en un expediente canónico de 2008) que Lorenzo durante años armó esos encuentros con menores, ¿no es un abuso extra que el arzobispo Víctor Fernández mantenga al cura al frente de una parroquia rodeado de niños?
Si hasta hubo curas que llevaron sus quejas sobre las conductas de Lorenzo al mismísimo Ministerio de Justicia bonaerense, ¿por qué el Servicio Penitenciario Bonaerense dice que nunca se enteró de las caravanas del cura de las que habla todo el barrio?
Si está comprobado que el cura goza de todas las posibilidades de entorpecer la investigación judicial, ¿por qué la jueza Marcela Garmendia no cumple con el pedido de los querellantes, avalado por la fiscal Medina, y detiene preventivamente a Lorenzo de una vez por todas?
El cura que todo lo resuelve penalmente
La denuncia de Lorenzo, patrocinado por cuatro abogados (tres de ellos integrantes de la encumbrada familia de abogados Gascón), fue radicada el 11 de marzo pasado en la UFI Nº 6 a cargo del fiscal Marcelo Romero. Se trata del mismo funcionario judicial que a pedido de Lorenzo ordenó en 2010 el allanamiento y secuestro de la PC de Roxana Vega y Alejandro Di Salvo, padres de alumnos del colegio Concilio Vaticano II de Gonnet.
Tal como indicó este medio, Vega y Disalvo solamente querían saber la verdad respecto de la causa penal 25.601, iniciada a mediados de 2008 y archivada intempestivamente, y sin sentencia, en enero de 2009. Querían saber si el cura que asistía espiritualmente a sus hijos en el colegio era o no un abusador. Como represalia por haberlo planteado en una reunión de padres, recibieron ellos una denuncia penal del cura por “extorsión y amenazas”. Y fue el fiscal Romero el que ordenó secuestrarles la computadora por lanzar mails “extorsivos”.
Esa costumbre de apelar al fiscal Romero para que acuda en su auxilio la aplicó nuevamente Lorenzo en marzo, justo un día después de que el abogado Juan Pablo Gallego, en representación de Diego Pérez y sus padrinos, solicitara a la fiscal Medina el desarchivo de la causa.
Y como no anda con chiquitaje, lejos de hacer alguna demanda civil por calumnias o injurias, amparándose en el artículo 149 bis del Código Penal quiere que periodistas y medios que reproducen las denuncias sobre sus conductas nocivas sean procesados por “coacción” y reprimidos con prisión de seis meses a dos años por “hacer uso de amenazas para alarmar o amedrentar”. ¿Y el derecho a la libertad de expresión? Bien, gracias.
Lorenzo presenta en su denuncia una lista de links de diversos medios digitales (incluyendo este) y arma un relato propio según el cual habría una campaña de difamación de su “honor y honorabilidad”, orquestada por los denunciantes y de la que forma parte un grupo (de número no determinado) de periodistas y editores.
Nadie se salva. Tanto los padrinos del joven denunciante de 2008 como la pareja Vega-Disalvo y una de las madres que repudió su posible traslado a una iglesia de Tolosa, así como cronistas que los entrevistaron y hasta un empresario de medios ligado al Arzobispado serían, según Lorenzo, algo así como una banda de foragidos que buscan frustrarle su carrera eclesiástica y penitenciaria. Delirante, pero real.
Pero si eso no alcanzara, en la misma denuncia Lorenzo exige que el fiscal Romero “decrete el procesamiento de los responsables” de las notas y que el juez de Garantías Federico Atencio ordene la “orden de prohibición de realizar o dar a conocer cualquier información” en la que figuren su nombre y su apellido sin su “expresa autorización”.
“Causa comodín”
No debería descartarse que Marcelo Romero se tiente a hacerle caso al sacerdote acusado de múltiples abusos. Sin embargo, desde marzo a la fecha el fiscal no se atrevió a darle curso a semejante persecución contra periodistas de medios locales y nacionales.
Las razones de la inactividad de Romero quizás se puedan encontrar en el despacho de su colega Ana Medina. En estos largos cinco meses, la titular de la UFI N°1 no solo se negó a sobreseer al cura sino que aceptó el pedido de los querellantes y desarchivó la causa tras mantenerla once años detenida. Y pese a haber realizado diversas maniobras en favor del excapellán penitenciario, la fiscal terminó solicitando recientemente la detención de Lorenzo y hasta le abrió una nueva causa por amenazas.
Tal vez sea hora que Medina incorpore a esta última investigación que abrió las decenas de fojas que tramitan desde marzo en la fiscalía de Marcelo Romero.
“Este es el armado de una causa ‘comodín’, que se mantiene abierta para acusar a quien convenga por parte del cura Lorenzo”, dijo a este diario el abogado de las víctimas de Lorenzo, Juan Pablo Gallego. Para él, ese expediente “muestra hasta qué punto puede llegar la impunidad de un sujeto que ha destrozado la vida de niños y jóvenes que se hallaban a su cargo”.
El letrado afirmó que el excapellán del SPB “continúa teniendo el cobijo cómplice de su obispo y de múltiples operadores judiciales que apuestan al desgaste de las víctimas y las desprotegen a niveles inéditos. Así permiten el acoso, el hostigamiento y la intimidación de Lorenzo para torcer mañosamente las acusaciones en su contra”.
En los próximos días se conocerá la resolución de la jueza Garmendia sobre el pedido de detención solicitado por el doctor Gallego y avalado por la fiscal Medina. ¿Llegó la hora del freno para el cura Lorenzo?
También en los próximos días este diario publicará nuevas denuncias contra Lorenzo, incluyendo el testimonio de alguien que compartió mucho tiempo con él en una de las parroquias y afirmó a estos cronistas que “los denunciantes dicen toda la verdad, Lorenzo es el que miente”.
*Una producción de La Izquierda Diario y Pulso Noticias.
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Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.
