Familiares, amigos y organizaciones políticas se movilizan por el centro de la ciudad en el marco de la segunda marcha contra el gatillo fácil y la represión estatal. Piden la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro y el cese de la represión, entre otros puntos. Mientras, los gobiernos de Kicillof y Fernández preparan un plan de seguridad con más policías en las calles
El pedido de justicia por las vidas que se pierden a manos de las fuerzas de seguridad se hace escuchar en la calle. Por segundo año consecutivo, este miércoles desde las 12 del mediodía se realiza la segunda marcha contra el gatillo fácil y la represión estatal, levantando como principal consigna el “juicio y castigo a los responsables de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro”, y acompañan el pedido de su mamá Cristina: “Fuera Berni”.
Pasaron más de cinco meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el presidente Alberto Fernández y la escala represiva ha aumentado notablemente. El DNU estableció que quien infringiera la “cuarentena” debía ser sancionado a través del artículo 205 del Código Penal, “dando actuación a la autoridad competente”, es decir, las policías provinciales o bien, federales. Bajo ese argumento, se desplegaron aún más fuerzas en diferentes barrios, lo que permitió el abuso policial.
Sumado a ello, la pandemia del Covid-19 puso en evidencia y profundizó el hacinamiento y crisis humanitaria vivida en las Unidades Penitenciarias y Comisarías. En los últimos meses 45 personas murieron en cárceles y unidades penitenciarias asesinadas y abandonadas por las autoridades. Hubo decenas de protestas reclamando elementos básicos de higiene, asistencia médica y denunciar el abuso de poder.
Según el último informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), publicado a principio de mes, se registraron 92 muertes a manos de las fuerzas de seguridad, de las cuales 42 se produjeron en la Provincia de Buenos Aires, sumadas a todas las detenciones arbitrarias, violencias y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad. De esos 92 casos, 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil y 45 muertes bajo custodia –en cárceles o comisarías-; entre otras metodologías como el uso del patrullero como una arma.
Sin embargo, este martes en la mesa política del Frente de Todos, en Olivos, le pasarán el lápiz fino al proyecto del nuevo “Plan de Seguridad Integral” de la Provincia de Buenos Aires. Con todas las decisiones resueltas, el gobernador Axel Kicillof y el presidente Fernández lo presentarán públicamente este jueves.
Según fuentes oficiales, se trata de un plan que incluirá la inversión de 10.000 millones de pesos para la compra de chalecos antibalas, patrulleros, cámaras de seguridad y muchos más equipamientos para la Policía Bonaerense con el objetivo de prevenir el delito. Pero, ¿qué política existe para prevenir las muertes a manos de las fuerzas de seguridad?
Hasta el mismo secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, señaló que su cartera recibió 531 denuncias por hechos represivos durante el ASPO. El despliegue de más fuerzas federales fue anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: sumaron más agentes de la Policía Federal y Gendarmería en los municipios del AMBA, y además lanzó la nueva Fuerza de Respuesta Inmediata, la cual tiene un imponente equipamiento.
En ese marco, el Colectivo Contra el Gatillo Fácil junto a organizaciones de Derechos Humanos y políticas concentrarán en 7 y 50 para luego marchar en la ciudad y finalizar con un acto frente a la Gobernación.
“Con la certeza de que el macrismo significó un incremento de la actividad represiva en el país, con la desaparición de Santiago Maldonado como símbolo impune de ese escalamiento, señalamos a la gestión actual como una continuidad en las tareas de control social en medio de una crisis sanitaria, económica y social que afecta a lxs más pobrxs”, señala el comunicado de prensa de la convocatoria.
En 2019 se llevó a cabo la primera edición en La Plata luego de las masacres de San Miguel del Monte, Pergamino y Esteban Echeverría para denunciar en el centro político la responsabilidad de la gobernadora de ese entonces, María Eugenia Vidal.
Mientras que en Capital Federal se desarrolla desde hace seis años todos los 27 de agosto la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. “La marcha comenzó de la mano de Nancy Sosa, la mamá de Ismael Sosa, un joven torturado y asesinado por la policía de Córdoba, en un recital de La Renga. Ya es referencia en Capital”, manifestó Sandra Gómez en declaraciones radiales. Y resaltó: “No sólo exigimos justicia por los casos de gatillo fácil, sino también se suma el reclamo por las causas armadas por la Policía y el poder judicial, el reclamo de los pibes por la libertad, el rechazo a la criminalización a quienes trabajan como vendedores ambulantes”.
“Los gobiernos cambian y la represión, las muertes y las desapariciones continúan. Sabemos que en épocas de algunos gobiernos son más fuertes, y en otras más leves. Pero ahora aprovecharon la pandemia para el control social”, subrayó Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán –el joven asesinado por el policía Bonaerense Walter Diego Flores- y referente del Colectivo Contra el Gatillo Fácil.
A pesar de la pandemia, con todos los resguardos sanitarios correspondientes, este miércoles se movilizan contra el gatillo fácil y la represión estatal, señalando las responsabilidades de las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, y también de la Nación.
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