A pocos días de las elecciones, el Intendente pasó por arriba al Concejo Deliberante e introdujo cambios en una ordenanza clave. Denuncian que habilita desarrollos inmobiliarios en zonas productivas y no contempla el riesgo hídrico. Concejales opositores, centros de estudio y asambleas de inundados ya manifestaron su rechazo y repudio
En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante del año pasado, el Intendente Julio Garro había anunciado que impulsaría la modificación del polémico Código de Ordenamiento Urbano, que la gestión anterior había aprobado “entre gallos y medianoche”. Esa legislación, entre otras cosas, había sido objetada por especialistas -e incluso tiene artículos que fueron cuestionados por la Provincia- por haber promovido la especulación inmobiliaria y el crecimiento de la ciudad sin tener en cuenta el riesgo hídrico y el bienestar habitacional de la mayoría de la población.
Lo único que no había aclarado el Jefe Comunal era el “pequeño detalle” de que su intención era cambiar la ordenanza de forma inconsulta a través de un decreto, pasando por arriba de todos los concejales y a menos de un mes de que se celebren las elecciones, dejando el camino libre para que los mismos especuladores se beneficien nuevamente.
El decreto 2219/19 firmado por Garro y por el secretario de Servicios Públicos Luis Barbier está fechado el 1º de octubre y modifica la zonificación de áreas productivas de la ciudad para habilitar allí el desarrollo inmobiliario. A su vez, investigadores y asambleas de inundados denunciaron que disminuye el cuidado de las sectores protegidos de la ciudad, al tiempo en que no tiene en cuenta en ningún momento un factor fundamental en nuestra región: el riesgo de inundaciones.
“No hay muchos antecedentes en la Provincia de Buenos Aires de un intento tan grosero para acomodar partes muy sustanciales de un COU mediante un simple decreto que dice textualmente que modifica artículos de la ordenanza del Código. Además, por la Ley de Uso del Suelo de la Provincia 8912, las ordenanzas tienen que ser después convalidadas por el Poder Ejecutivo provincial para tener vigencia, pero esto parece no importarle a Garro”, indicaron desde el Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio (CEDyT) La Dorrego, una asociación civil que se especializa en la temática.
En ese sentido, explican que el decreto “habilita más de mil nuevas hectáreas del cinturón fruti – flori – hortícola para nuevos desarrollos inmobiliarios tanto en el eje norte como en el sur”, y agregan: “salvo algunas superficies menores en las que ya existen desarrollos u ocupaciones fuera de norma, el resto constituye una enorme superficie libre para uno de lo productos inmobiliarios que más habría que desalentar: la urbanización extensiva de baja densidad, sin ningún servicio, en áreas críticas de las cuencas altas y nacientes de arroyos, sin casi inversiones, con grandes beneficios para los desarrolladores y graves hipotecas para el estado y la sociedad a futuro”.
“Además, según las investigaciones, hay unas 1200 hectáreas baldías en grandes fracciones ubicadas en áreas que ya son urbanas que evidentemente deberían aprovecharse. Serían más que suficientes para el crecimiento de una década o más, y sin computar las parcelas menores”, remarcaron.
El CEDyT señala que la resolución del Intendente declara además “otras 500 hectáreas rurales ubicadas al suroeste del aeropuerto, como ‘reserva urbana’, es decir las declara urbanizables en el futuro próximo, con lo que les abre ya una enorme expectativa de valorización”.
Pero además, denuncian que “‘regulariza’ 60 hectáreas de ‘condominios’ que son verdaderos barrios cerrados y por lo tanto tienen que encuadrarse en otro procedimiento mucho más exigente, que es el del Decreto provincial 27/98. En varios de los casos además no hay una sola construcción con lo que es difícil entender qué se quiere ‘regularizar’”.
Por otro lado, indican que “se introducen cláusulas meramente declarativas que hablan de ‘parques lineales inundables’ en tierras privadas sin ninguna especificación operativa ni técnica ni jurídica, con lo cual se frustra la adopción de medidas imprescindibles para reducir el riesgo hídrico”.
Áreas protegidas
La mencionada asociación civil apunta que el decreto también “realiza una muy defectuosa delimitación de las manzanas del viejo loteo Garibaldi que no se pueden construir por estar en el área natural protegida del Arroyo El Pescado (así declarada por ley 12.247) ya que quedan muchas más manzanas del viejo plano de fraccionamiento sin mencionar. Es una pobre respuesta a un muy intenso reclamo de los vecinos”.
El CEDyT alertó sobre los efectos que podría tener este decreto si no es impugnado en sede administrativa, legislativa o judicial. “Podría ya estar comenzándose a dar curso a actuaciones, subdivisiones, aprobación de planos de propiedad horizontal, aprobación de construcciones, etc, que podrían ser argumentos para reclamar supuestos ‘derechos adquiridos’ o ‘hechos consolidados’ por parte de los particulares”, advirtieron.
“En connivencia con funcionarios de organismos provinciales, algunos de esos trámites podrían tener incluso una aprobación irregular en sede provincial, de lo cual ya hay antecedentes, pero que consolida más aun los hechos. Nos referimos a Geodesia, Catastro, Hidráulica u Ordenamiento Urbano y Territorial, que intervienen en las instancias de aprobación final de varias de las tramitaciones”, aseguraron.
“Es manifiestamente ilegal”
Las Asambleas de Inundados, conformadas por vecinos y vecinas que sufrieron la inundación del 2013, también emitieron un comunicado repudiando la resolución de Garro. En el mismo, afirman que “lo que se pretende es multiplicar groseramente el negocio de unos pocos empresarios amigos dedicados a generar el producto más nocivo para la ciudad: un loteo extensivo, descontrolado, sin servicios y casi siempre en zonas bajas que ellos rellenarán para inundar a otros, para el que no invierten casi nada pero por el que cobran fortunas”.
“Generan así una hipoteca para el estado y la sociedad toda mientras ni una palabra se dice de cómo se soluciona el problema de los centenares de familias que cada año se ven empujadas a barrios informales en las peores condiciones ambientales”, aseguraron.
En esa línea, hicieron referencia que sucede lo mismo que ocurrió a fines del año pasado, cuando se aprobaron 34 desarrollos inmobiliarios de forma express de los cuales 14 conllevaban riesgo de inundación según demostró pocos meses después la UNLP. En este caso, las asambleas de inundados afirman que “las nuevas áreas que Garro pretende habilitar pertenecen a la cuenca media o alta de la extensa red de arroyos de la región. Como aquella vez acá no hay ninguna consideración sobre el riesgo de inundaciones”.
En el comunicado califican al decreto como “manifiestamente ilegal”, ya que un decreto no puede modificar una ordenanza y no tiene aún el aval de la Provincia. Pero además, señalan que el Intendente menciona en la resolución que la misma se desprende del Plan Estratégico 2030, cuando esta iniciativa municipal apenas llegó a la etapa de diagnóstico, y tras haber tenido un parate de varios meses se presentaron hace un año una serie de propuestas generales que ni siquiera aparecen mencionadas.
“Tampoco hace mención alguna a las recomendaciones del Plan de Reducción de Riesgo de Inundaciones, que es una importante contribución de la Universidad pero para el que nada se ha hecho por parte de la municipalidad para ponerlo en marcha”, afirmaron.
Desconoce normativas vigentes
Dentro del Concejo Deliberante el decreto ya comenzó a generar los primeros chispazos. El bloque de concejales del FPV-Unidad Ciudadana, emitió un comunicado en el que repudian la resolución y piden su derogación-
En el mismo explica que “se realizó desconociendo las normativas vigentes que obligan a que sea el Concejo Delinerante el órgano que se encargue de este tipo de modificaciones” y remarcan: “nos parece llamativo que estas modificaciones se realicen a pocos días de las elecciones y también que se lleven a cabo en pleno debate por la creación de un Consejo Consultivo que tendrá como objetivo pensar la planificación de la ciudad a largo plazo”.
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