Ana Medina, la fiscal de hipótesis encubridoras y cierre de causas impunes

Foto: Archivo El Día

La titular de la UFI Nº 1 de La Plata resuena por actuar en favor del cura Eduardo Lorenzo, acusado de “abusos sexuales agravados” y “corrupción de menores”. Ella tuvo la causa archivada durante más de 10 años, por lo cual Argentina podría ser sancionada internacionalmente debido a “privación de justicia y demora judicial”. Pero además tiene varios antecedentes

Por Daniel Satur y Estefanía Velo*

Diego Pérez, uno de los jovenes abusado por el cura de Gonnet y ex Capellán General del Servicio Penitenciario Bonaerense Eduardo Lorenzo, denunció su caso por primera vez en 2008, siendo un adolescente. Pero la investigación parece recién comenzar 11 años después, a partir de que en marzo último (y tras intentar cerrarla) la fiscal de la UFI Nº1 de La Plata, Ana Medina la desarchivó. “Estos 11 años perdidos por Diego puede ser la causa por la cual Argentina sea condenada internacionalmente”, aseguró el abogado querellante Juan Pablo Gallego a este medio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó a la Argentina por el caso de Walter Bulacio, en el cual hubo “privación de justicia y demora judicial”. Ese antecedente del año 2003, puede repetirse en la causa por “abusos sexuales agravados” contra el párroco Eduardo Lorenzo si la fiscal Ana Medina pretende desviar la investigación en favor de los intereses eclesiásticos y mantiene la impunidad de los victimarios.

Para la fiscal en 2008 no había pruebas suficientes para avanzar en la investigación por lo que decidió, en muy pocos meses, archivar la causa y declarar la “falta de mérito” para Lorenzo, es decir sin determinar si era culpable o inocente. Sin embargo, en las declaraciones testimoniales de esa época se mencionó a seis menores de edad como presuntas víctimas del cura Lorenzo. Pero… ¿qué hizo la fiscal para saber la verdad? Parece que su hipótesis fue desestimar esos relatos. Sólo se mostró interesada en firmar la convocatoria para que esos adolescentes sean indagados pero a los poquísimos días, en plena feria judicial, decidió dar por archivada la causa con lo que los eventuales testigos y denunciantes nunca declararon.

“El Estado debe respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana. Esta obligación presenta modalidades especiales en el caso de los menores de edad, teniendo en cuenta como se desprende de las normas sobre protección a los niños establecidos en la Convención Americana y en la Convención de Derechos del Niño”, expresa la sentencia de la CIDH sobre el Caso Bulacio vs. Argentina. Y agrega: “la condición de garante del Estado con respecto a este derecho, le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél”.

Pasaron 10 años y la misma fiscal decide desarchivar la causa. Ahora Medina tiene pruebas contundentes en sus manos, como el relato de tres víctimas que relatan lo que sufrieron en distintas épocas y lugares. La inacción se mantiene, el victimario place de absoluta libertad, nunca fue convocado a prestar declaración en sede judicial y además amenaza públicamente junto a su abogado Alfredo Gascón a quienes lo denuncien por abuso sexual, lo que significa una clara coacción contra las víctimas y testigos. Esto provoca una inequívoca situación de injusticia que resulta equivalente a la que fue confirmada por la CIDH en el Caso Bulacio en la cual la Argentina fue condenada internacionalmente. 

El abogado querellante Juan Pablo Gallego en los Tribunales Penales platense. Foto: La Izquierda Diario

“Lorenzo tiene que estar preso porque así lo impone el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el doctor Gallego.

La maniobra de la fiscal Medina para favorecer los intereses del imputado no sólo se expresa en la causa Lorenzo sino que lo viene haciendo desde hace años en diversos casos, principalmente vinculados con el gatillo fácil. Por ejemplo: intentó cerrar la causa del joven asesinado en el Barrio Hipódromo de nuestra ciudad en manos de un policía de la Bonaerense.

Algunos casos entorpecidos y paralizados

Omar Cigarán fue ejecutado el 15 de febrero de 2013 por el policía Diego Walter Flores. Al día siguiente, con muy pocos elementos de la escena del crimen, la fiscal a cargo, Ana Medina, ordenó la declaración del imputado y rápidamente dispuso su libertad. El 23 de enero de 2014 la Fiscal decretó el cierre de la causa y solicitó al Juez de Garantías el sobreseimiento del agente policial. Ante dicho panorama, la familia de Omar Cigarán se constituyó como particular damnificado y logró la elevación a juicio. Una clara maniobra de favorecer desde el primer momento al policía imputado.

Medina pretendió desconocer la persecución manifiesta que existía entre los oficiales de la Comisaría 2ª para con Omar. Como también, desobedeció por completo la Resolución 1390 de la Suprema Corte bonaerense, es decir, dejó en manos de la institución policial -siendo un efectivo de esa fuerza el involucrado- no sólo las primeras actuaciones en el lugar del hecho como en la morgue que suelen ser vitales para la causa, sino también todo el resto de la instrucción. Sumado a que ella había mandado a allanar su domicilio diez días antes de su asesinato, en una pesquisa al voleo en busca de pastillas de Rivotril, un teléfono celular, una moto negra, ropa y una peligrosa visera blanca con raya oscura al costado.

La fiscal Ana Medina en el estacionamiento de los Tribunales Penales el día de la sentencia final en el juicio por Omar Cigarán. Foto: Gabriela Hernàndez

Sucedió algo similar en la causa de Sebastián Nicora, un joven de 16 años hallado muerto en las playas de Punta Indio, el mismo día del asesinato de Omar. En el expediente, los peritos de la Bonaerense describieron la muerte como producida por un tremendo golpe en el cráneo dado con un objeto contundente y culparon a un amigo del joven. La fiscal siguió esa hipótesis y casi archiva el caso. La madre de Sebastián insistió, y dos años después logró demostrar que recibió un tiro.

Otra inacción de la fiscal Medina se da en la causa del asesinato de la maestra jardinera Marisol Oyhanar, ocurrido en Saladillo en abril de 2014. Allí le tocaba investigar a la primer fiscal del caso por encubrir el hecho y a siete policías de las comisarías de Saladillo y Bolívar que habrían cobrado una millonaria coima para borrar las pruebas que vinculaban a un empresario con el asesinato. Esa investigación está paralizada.

También estrecha vínculos con empresarios poderosos de la ciudad, como por ejemplo con la familia Balcedo, dueños y vaciadores de medios de comunicación. El 8 de octubre de 2014 se realizó una manifestación por parte de las y los trabajadores del Diario Hoy en las inmediaciones de la redacción donde denunciaban despidos injustificados, trabajo ilegal y persecución gremial, y allí fueron violentamente reprimidos por la Policía Bonaerense y también hubo cinco detenidos. La fiscal a cargo fue Ana Medina, quién en constante comunicación con el jefe del operativo y la dueña del medio decidieron avanzar contra los manifestantes. La Comisión Provincial por la Memoria aseguró en su informe anual del 2015 (“sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia”) que la UFI Nº1 intervino ejerciendo poco o nulo control sobre el operativo policial.

¿Sin declaraciones?

La causa contra Lorenzo se trata de una de las denuncias más graves de los últimos tiempos en donde se señala a las autoridades de la Iglesia católica de La Plata cometiendo delitos sexuales y encubrimiento, luego del caso del Instituto Provolo de nuestra ciudad.

El silencio (cuando no la salida pública en defensa directa) por parte del arzobispo Víctor Manuel Fernández, y otros obispos que conocen estas historias, pregona en estos tipos de causas. Hasta la fiscal prefiere mantenerse callada, así fue que aseguró a este medio que no iba a dar declaraciones públicas sobre la causa por “abusos sexuales agravados” contra el ex capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense, Eduardo Lorenzo. 

¿Por qué habrá firmado la resolución para convocar a declaración testimonial a los adolescentes señalados como víctimas en la causa del 2008, y a los pocos días archivó la causa sin nunca haberlos oídos? ¿Por qué no eleva a juicio una causa que tiene a un sacerdote involucrado en delitos sexuales –actualmente a cargo de la parroquia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet y en relación con niños, niñas y adolescentes-, con tres historias relatadas por víctimas en diferentes épocas y lugares? ¿Será que existe un acuerdo entre el abogado defensor Gascón y la fiscal Medina? Sólo la fiscal sabrá la verdad.

*Una producción de La Izquierda Diario y Pulso Noticias

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