Continúan los despidos de personas travestis, trans y transgénero de la administración pública, pese al decreto que las protege expresamente. El cupo laboral trans establece que al menos el 1% de los cargos en el sector público nacional deben ser ocupados por diversidades
Decenas de personas travestis, trans y transgénero sobrevivientes de todo tipo de violencias, que habían accedido a su primer trabajo formal gracias a la ley de cupo y otras políticas de inclusión, fueron despedidas en los últimos días a pesar de que el DNU 84/23 que dispuso la no renovación de contrataciones en el Estado, las protegía expresamente.
En ese marco, Cancillería aparece como un caso paradigmático dado que allí fueron cesanteadas 8 (34%) de las 23 personas contratadas por el cupo trans, según informaron a Somos Télam delegadas de ATE en ese ministerio.
El Frente de Trabajadorxs Travesti Trans No Binaries informó en un comunicado que “los despidos a personas TTNB alcanzan a 85” casos, lo que significa que “se está despidiendo a casi el 10% del cupo alcanzado en 2 años y medio” en toda la Administración Pública Nacional, una política que se viene implementando lenta y costosamente.
Según este relevamiento, la mayor cantidad de personas TTNB despedidas se encuentran en ANSES (20), Secretaría de Trabajo (28) y Secretaría de Desarrollo Social (13) del Ministerio de Capital Humano.
Por su parte, María Rachid, referente de la Federación LGBT+, informó que “la semana próxima a más tardar” van a presentar un amparo colectivo por todos los despidos en el sector público haciendo especial hincapié en aquellos que no respetan el cupo trans y de discapacidad.
Además, van a interponer recursos individuales por la violación de la ley de cupo e impulsarán un pedido de informes en el Congreso Nacional sobre estas cesantías.
Un cupo que comenzó en 2020
El cupo laboral trans establecido por decreto en 2020 y luego sancionado como ley en 2021, fue una de las principales medidas del gobierno anterior en materia diversidad sexual y una conquista de las organizaciones LGBT+ que se inscribe en el camino trazado por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
La norma establece que al menos el 1% de los cargos en el sector público nacional deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.
Tras su llegada al poder, el presidente Javier Milei introdujo diferentes medidas para el achicamiento del Estado como el DNU 84/23 que ordena la no renovación de los contrataciones de personal estatal rubricados en 2023 que concluyeran el 31 de diciembre de ese mismo año, pero exceptúa aquellas “derivadas de cupos regulados por ley”.
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“El gobierno no está respetando los cupos y cuando les reclamamos el incumplimiento de la excepción que ellos mismos habían planteado, nos salen con que ‘Ahh, no, pero eso está suspendido por la justicia’, en el colmo del cinismo”, dijo a Somos Télam Rachid.
Y para esta activista, si la ley de cupo trans no busca ser directamente derogada es porque “evidentemente no tienen mayorías en el Congreso” y por eso los retrocesos operan por la vía de hecho, como ocurre también con el intento de cierre de Télam y del Inadi.
“Por supuesto nosotros vamos a presentarnos en la justicia con pedidos de cautelares para retrotraer todo a la situación anterior”, dijo.
Un ataque explícito
E incluso la reciente salida de la TV Pública de Diana Zurco, la primera conductora trans de un noticiero, incumple la ley de cupo aunque ella no haya sido contratada en ese marco, porque esa norma establece “una prioridad para sectores en desventaja que opera tanto para tomarte como para no despedirte, sin importar cómo entraste”.
“Milei se aprovecha de la crisis económica para generar un recorte y un moldeamiento de la ciudadanía que implica que volvamos a la exclusión, a la marginalidad, a la calle”, dijo a su turno la ex subsecretaria de Diversidad del Ex ministerio de Mujeres y activista trans, Alba Rueda.
Para la secretaria de Diversidad de ATE Nacional, Clarisa Gambera, los despidos de personas trans “implica un retroceso enorme en términos de democratización de los ámbitos laborales” pero también en cuanto mensaje al resto de los empleadores, porque el “Estado incorporando personas TTNB también marcaba un faro para el sector privado”, dijo.
Por su parte, Pato Laterra del Frente de Trabajadores TTNB en el Estado calificó estos despidos como “un ataque explícito a la población trans a través de la desarticulación de estas políticas que les cambiaron la vida, porque no hay motivos presupuestarios para despedirles” y el ahorro es insignificante “si lo comparamos con lo que se paga de deuda del FMI o con (lo que se deja de recaudar) las exenciones impositivas a grandes empresas”, dijo.
(Fuente: Infonews y Somos Télam)
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