El Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata ordenó la detención de tres policías bonaerenses por torturar a presos en la Comisaría 2° de Ensenada. Uno de ellos ya estaba preso por un delito similar
Los diferentes métodos que utilizaron los genocidas para torturar a sus “enemigos”, se repiten hoy en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Durante la madrugada del último 21 de octubre, en la Comisaría 2° de Punta Lara (Ensenada), los detenidos y los policías presentes comenzaron a discutir por unos cigarrillos. La tensión creció, el verdugueo también y los presos iniciaron una protesta.
“Los detenidos hicieron un pequeño foco de fuego que consistía en unos papeles quemados dentro de un balde. Algo muy chiquito”, cuenta Rodrigo Pomares, director del Programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y querellante en la causa.
Ante ello, los policías convocaron más refuerzos: llegó el Grupo GAD, agentes de otras dos dependencias de la zona y los bomberos. Éstos llegaron primero, entraron con su manguera, apagaron el “fuego minúsculo” (según declararon los bomberos) y dejaron la manguera en la comisaría. Enseguida, ingresaron los agentes policiales directamente a disparar balas de goma a muy corta distancia, tiraron gases lacrimógenos y, por si eso les fuera poco, agarraron la manguera y empezaron a tirarles agua fría con mucha potencia. Los detenidos quedaron lesionados, muy doloridos y algunos hasta se desmayaron en la celda.
Al rato, los policías les piden que salgan del calabozo, los detenidos suplican que no los golpeen. Sin importarles, los agentes armaron un “puente chino” y los obligaron a pasar por ahí, donde los golpearon con palos, tonfas, trompadas y patadas.
Según relata Pomares, eran como mínimo 30 agentes policiales los que estuvieron presentes esa noche. Después de atravesar el “puente chino”, los metieron en otro calabozo más chico donde los obligaron a desnudarse. Todos apilados, recibieron todo tipo de violaciones y humillaciones. Alrededor de las siete de la mañana los llevaron de nuevo a sus celdas, que todavía tenían las marcas de la represión, los dejaron desnudos hasta el cambio de guardia y luego de ello les acercaron sus ropas (mojadas).
RECLAMOS Y DETENCIONES
Luego del aberrante suceso, los familiares de los detenidos y el secretario de Derechos Humanos de Ensenada, Carlos Dabalioni, dan aviso a la Comisión Provincial por la Memoria para que tomen intervención. Luego de recibir los testimonios y confirmar el estado de los presos, avanzaron en una denuncia penal contra los agentes policiales presentes. “Todos los hechos ocurrieron con la participación tanto de la jefa de la Comisaría, Adriana Ponce, como de su segundo, el oficial Ángel Barrientos”, asegura Pomares.
Al iniciarse la causa judicial, el fiscal Gonzalo Petit Bosnic de la UFI Nº 3 de La Plata instruyó diferentes medidas de pruebas. Los detenidos declararon y se realizaron pericias médicas que concluyeron en “golpes de extrema gravedad”, como por ejemplo fractura de costillas. También detectaron que había afectación psicológica, como “estrés postraumático”.
Luego de cinco meses, el fiscal logra obtener una gran cantidad de pruebas para pedir la detención de los tres policías imputados por los delitos de “tortura” y “falsedad ideológica de documento público”. Ellos son los dos jefes: Ponce y Barrientos, y también incorpora a Leandro Altamiranda, quien era el imaginario, es decir, estaba a cargo de la custodia de calabozos.
La “falseada ideológica” se debe a que después de ocurridos los hechos elaboraron un acta con una versión inventada: los detenidos se habían peleado entre ellos, quemaron colchones y por ese motivo tuvieron que actuar de manera abusiva.
Sin embargo, las pruebas y las decenas de testimonios dejaron en evidencia una práctica que se reitera en las comisarías. El Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, ordenó el pasado 28 de marzo la detención de los tres policías.
La causa continúa su instancia de investigación, ante lo cual Pomares subraya que solicitaron que se sigan las pistas sobre otras potenciales responsabilidades “porque no se trata de los únicos agentes que ejercieron este tipo de violencia. Se pueden ampliar las imputaciones, y eventualmente, las detenciones”, afirma.
LA TORTURA COMO PRÁCTICA SISTEMÁTICA Y LA FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS
“La tortura en el encierro sigue siendo una práctica sistemática”, manifiesta la CPM a través un comunicado de prensa. Y explica: “Los hechos ocurridos en la Comisaría 2º de Ensenada no constituyen un episodio aislado, sino que forman parte de un sistema de gobierno que la CPM ha denunciado de manera extendida en los últimos años, que no solamente alcanza a cárceles, sino que también está presente en las comisarías bonaerenses. En ese sistema de gobierno la tortura sigue siendo sistemática”.
Sumado a ese accionar, Pomares denuncia la “falta de medidas preventivas” por parte de la justicia y también del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que comanda Javier Alonso. Es decir, uno de los policías imputado y detenido, Ángel Barrientos, llamativamente ya se encontraba detenido por haber sido condenado en diciembre de 2024 a cinco años de prisión por el delito: “vejaciones y severidades, y falsedad ideológica de instrumento público” por un hecho cometido el 10 de marzo de 2018 en la Comisaría 4° de Villa Argüello (Berisso).
“En el ínterin que no se tomaron medidas preventivas, este agente policial volvió a cometer un hecho similar al que estaba imputado anteriormente”, asegura Pomares. Y destaca: “Habla de la falta de medidas oportunas por parte de la justicia como del ministerio de seguridad de la provincia”.
Vale mencionar que el mismo agente Barrientos estuvo desafectado del servicio previo al 2008, hasta que se lo levantaron el 2 de mayo de ese año. A pesar de sus incumplimientos, luego recibió diversos ascensos en el escalafón policial.
Las prácticas represivas se repiten. Según el registro de la CPM, entre 2012 y 2023 murieron al menos 234 personas en comisarías bonaerenses, y la principal causa de muerte es “ahorcamiento”. Mientras que el último informe de CORREPI establece que a nivel nacional se constataron 549 personas asesinadas por las denominadas “fuerzas de seguridad”, lo que suma 9672 desde la vuelta a la democracia.
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Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.
