Familiares de los conductores detenidos junto a legisladores y representantes de organizaciones gremiales dieron una conferencia de prensa para pedir la liberación de los ex trabajadores de la línea Este, que fueron apresados el miércoles pasado. Afirman que en la causa judicial se violaron los derechos de defensa y el debido proceso. Apuntan a la existencia de persecución gremial y política
Este mediodía los abogados de los ex-choferes de la Línea Este que fueron sorpresivamente detenidos el miércoles pasado por una causa originada hace dos años, dieron una conferencia de prensa junto a familiares de los conductores, representantes de organizaciones gremiales y legisladores, para pedir la inmediata liberación.
En ese marco, se aclaró que ni los trabajadores apresados, ni sus representantes legales tenían conocimiento que se había formado una causa por un hecho sucedido en 2017, momento en el cual se desarrollaba un conflicto gremial en la empresa El Expreso, propiedad de Omar Corbelli.
Cabe recordar que en octubre de 2016 esta empresa, que tiene la concesión de la Línea Este, despidió a cinco choferes que se habían presentado como candidatos a delegados gremiales, e inmediatamente comenzó una masiva permanencia pacífica en el lugar de trabajo que duró 21 días, y que fue brutalmente reprimida luego por la policía bonaerense.
Los reclamos de los trabajadores en aquel momento no eran sólo por la reincorporación de los despedidos si no también por las deplorables condiciones en las que trabajaban: jornadas de 16 horas , empleo no registrado, baños en mal estado, descuentos salariales arbitrarios, ausencia de sanitarios en cabeceras, entre otros puntos.
“Todo esto fue constatado en ese momento. Y luego se logra por una medida judicial la reincorporación de estos compañeros de trabajo despedidos”, recordó Eduardo Curutchet, el abogado laboralista que los representó en aquel conflicto y que ahora los vuelve a asesorar. A su vez, remarcó que tras aquella reincorporación “hubo una suerte de represalia en los meses siguientes, empezando con despidos a cuentagotas. Entonces se vuelve a suscitar un conflicto, que deriva en una nueva toma pacífica del establecimiento, que es desalojada también pacíficamente el día 16 de marzo de 2017”.
“Cuando esto pasa todos los manifestantes se concentraron con apoyo gremial y político en plaza San Martín, en horas de la tarde. Los hechos por los cuales hoy están detenidos se refieren a esa manifestación”, indicó el letrado, pero aclaró que insólitamente de esto se enteran ahora, ya que no tenían conocimiento de la existencia de la causa hasta el mismo día de la detención.
“A pesar de que estaban identificados e individualizados por testigos desde hacía ya varios meses, no se nos dio la posibilidad de presentar un abogado defensor, no se nos comunicó de la existencia de la causa”, señaló y explicó que la misma “se impulsa de oficio por la fiscalía Nº7, a cargo de la doctora Virginia Bravo. La empresa, que es la que presuntamente había padecido un daño, no es denunciante, no es querellante y ha presentado un escrito manifestando que no tiene ningún interés de que avance la causa por un conflicto laboral que ya está finiquitado desde hace dos años”.
“Nos llama la atención que la causa se mueva el 3 de abril a la noche en la víspera de la protesta convocada por gremios de la CGT, las dos CTA, y muchos movimientos sociales. La lectura que hacemos es que es un mensaje político amedrentador contra la protesta social. Tenemos cuatro compañeros detenidos por un hecho insignificante y no probado del año 2017”, concluyó Curutchet.
De daño a coacción agravada sin escalas, ni razones
En la conferencia también estuvo presente Rolando Sbarna, el abogado penalista del estudio de Curutchet que está llevando adelante la defensa de los cuatro ex choferes, quien expresó que la causa se inicia hace dos años con una imputación de daños, supuestamente producidos en esa movilización. “Es un delito menor, excarcelable. Y sorpresivamente después de un año y medio, termina la investigación, y medio año posterior se ordena la detención cuando ni siquiera se había notificado la formación de la causa”, detalló.
“En el artículo 1º y 60º del Código Penal se dan los derechos y garantías de toda persona que está imputada. Sobre todo para defenderse, porque si nosotros hubiéramos estado en conocimiento hubiéramos presentado una eximición de prisión y hubiéramos discutido también el fondo de la causa. Porque la calificación que está pidiendo la Fiscal, apoyada por el Juez de Garantías realmente es nunca vista en el derecho”, aseguró el letrado.
“Que se pase de daños a coacción a agravada, que tiene una pena de cinco a diez años de prisión en concurso real con daños, lo que podría estirar la pena a 14 años como máximo, realmente es vergonzoso, habiendo afectado totalmente el derecho de defensa y debido proceso”, agregó.
El equipo de abogados está esperando que la Sala I de la Departamental La Plata resuelva sobre el hábeas corpus presentado y el pedido de cambio de calificación de la causa. “Si esto prospera deberían recuperar inmediatamente su libertad. De no ser así, en paralelo está planteado por la defensa la excarcelación extraordinaria, que justamente es extraordinaria porque el caso es extraordinario y las personas son extraordinarias, es decir, no son delincuentes, son gente de trabajo, son choferes”.
Los familiares de los trabajadores detenidos -Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi- fueron explícitos en ese sentido: “Mi marido es un tipo laburante. Lo que hizo lo hizo en un contexto de reclamo por sus derechos como trabajador, no es un delincuente como dicen. Quiero que esté en casa con nosotros y que quede en claro que no es ningún delincuente, ni él ni ninguno de los otros chicos”, afirmó la esposa de Mac Dougall.
El apoyo brindado por organizaciones gremiales se hizo sentir en la conferencia, donde estuvieron presentes el Secretario General del Sindicato de Camioneros, Miguel Forte; el Secretario General de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky; el Secretario General de SUTEBA Roberto Baradel; el Secretario General del Sindicato de Televisión (SATSAID) Darío Michelletti; representantes de la comisión directiva de la CTA Autónoma; además de legisladores bonaerenses y nacionales como Guillermo Escudero, Guillermo Kane, Florencia Saintout, Miguel Funes y Christian Castillo.
Sobre el final, remarcaron que si no prosperan los recursos judiciales que se presentaron para lograr su liberación, el miércoles se desarrollará una concentración en la puerta de los tribunales de 8 entre 56 y 57, como la primera medida de acción fuerte de reclamo en la calle ante lo que de forma unánime calificaron como una “injusta detención” en el marco de una “persecución gremial y política”.
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