Los abogados Juan Pablo Gallego y Dino Bartoli y la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina piden el procesamiento y la detención inmediata del cura acusado de abusos sexuales y corrupción de menores. Creen que debe ser condenado a 25 años como mínimo
Por Estefanía Velo y Daniel Satur*
Pasaron diez meses de que la fiscal titular de la UFI 1 de La Plata Ana Medina desarchivó la causa por abusos sexuales agravados y corrupción de menores. Se trata de la misma funcionaria que recibió la primera denuncia en septiembre de 2008 y a los pocos meses la archivó.
En el expediente ya se plasman los testimonios de cinco víctimas directas del cura Eduardo Lorenzo y ahora se sumó el informe psicológico oficial realizado al excapellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense.
“El informe es lapidario, muy contundente y no deja lugar a duda a cada una de las denuncias que hicieron las víctimas. Esto demuestra que la verdad la tuvieron siempre ellos, las víctimas, y las pericias lo ratificaron. Hay pruebas más que sobradas para detenerlo de manera urgente”, afirmó Dino Bartoli, padre y abogado de Julián Bartoli, uno de los querellantes en la causa.
Según afirmaron fuentes judiciales a este medio, las pericias psicológicas eran las últimas pruebas que esperaba la fiscal Medina para elevar de manera inmediata el pedido de procesamiento y prisión preventiva de Lorenzo a la jueza de garantías Marcela Garmendia.
“Además, este informe demuestra que el cura tiene una personalidad con características de manipulación, elevado autocentramiento y egocentrismo. Exhibe un grado de perversidad y en ningún momento, durante las pericias, se lo vio arrepentido, dolido o sintió compasión por las víctimas”, relató Bartoli a este medio.
Por su parte, el doctor Juan Pablo Gallego, abogado de Diego Pérez (León), otro de los denunciantes, aseguró que “sería increíble que con este cuadro probatorio abrumador y comprobadas las maniobras de entorpecimiento desarrolladas por Lorenzo, no existan en pocas horas las decisiones jurisdiccionales que elementalmente corresponden por imperio de la ley”.
Tres décadas de impunidad
El último sobreviviente que declaró en la causa, el 2 de diciembre, sufrió los abusos entre 1991 y 1992 cuando el sacerdote estaba a cargo de la parroquia San José Obrero de Berisso. A su vez hay decenas de testigos (incluyendo curas) que, tanto judicial como periodísticamente, corroboraron las escenas donde sucedieron estas aberraciones e incluso ampliaron el número de víctimas.
También muchos de esos testigos coincidieron en la descripción del modus operandi empleado por Lorenzo para sus delitos: llega a la parroquia, lo primero que arma es el grupo de jóvenes, genera mucha confianza entre ellos, arma su círculo más íntimo tanto de jóvenes como de adultos que terminarán siendo sus cómplices, se reúnen por la noche, toman alcohol y los incita y obliga a realizar “juegos” sexuales, muchas veces bajo amenaza de represalias si se niegan.
Tanto Bartoli como Gallego coinciden en que la pena en expectativa para Lorenzo no puede ser menor a 25 años de prisión efectiva. “La situación en torno a la causa es de gravedad institucional en relación a la inacción de los órganos judiciales ante los hechos probados que damnifican a las víctimas. Ha existido una cobertura judicial, eclesiástica y política que ha impedido a las víctimas ejercer sus derechos en forma que estos sean respetados y que la causa tenga un curso lógico”, aseguró Gallego.
Otros dos sobrevivientes declararon que fueron abusados a fines de los 90 y principios de 2000 en un departamento de calle 17 entre 38 y 37 de La Plata. Durante esa época, el cura estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada a dos cuadras de allí.
Luego fue trasladado a la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet, donde allí también abusó de al menos dos adolescentes, uno de ellos Diego Pérez (León), quien lo denunció judicialmente por primera vez en 2008. Primeramente su familia presentó la denuncia en el Arzobispado platense y, como era previsible, la investigación no prosperó.
Encubrimientos
Ambos abogados coinciden en que hubo mucha complicidad y encubrimiento tanto por parte de la curia como del poder judicial y político que lo sostuvieron durante largas décadas. “La actitud del Arzobispado, conforme a la política de Tolerancia Cero instaurada por Benedicto XVI debió ser la de apartar preventivamente a Lorenzo y ponerlo a disposición de la Justicia”, señaló Gallego. “Por el contrario, tanto en la gestión de Aguer como en la de Fernández -este último con bastante menos sutileza-, dirigieron sus mejores esfuerzos en ayudar a Lorenzo a sustraerse de toda consecuencia de sus conductas reprochables, desarrollando una injerencia inaceptable en la investigación judicial”, agregó.
Para Bartoli, la Iglesia tuvo una actitud indiferente hacia las víctimas encubriendo a Lorenzo. “Lo trasladan a Cáritas supuestamente por un pedido de Lorenzo. Que más que un pedido de Lorenzo, creo que el Arzobispado lo saca del centro de la escena para que no esté dando misa y no tenga exposición pública”. Y remarcó que es “lamentable la actitud de la Iglesia en estos casos, debería acercarse a las víctimas”.
Más y más víctimas
El doctor Bartoli insiste en que “ya no hace falta que se produzca ninguna prueba más, ya están todas, con los informes periciales de Lorenzo creo que no deberían tardar en detenerlo”. Y resaltó el poder conseguido por el cura en tantos años: “si esta persona no tuviera tanto poder y relación política, hoy estaría detenido”.
Por eso, reitera, “volvemos a pedir la detención. A las pericias se suman los testimonios de las víctimas, la inspección ocular en una de las Iglesias donde cometió los delitos y un contundente informe de la Dirección Nacional de Migraciones que muestra los viajes que hizo y la peligrosidad de fuga que tiene. Son pruebas letales”.
El padre y abogado de Julián Bartoli pide, sin embargo, que “las víctimas que todavía no se dieron a conocer se presenten. Cada persona tiene su proceso, pero es la manera, por experiencia personal, de que empiecen a sanar y se saquen esto. Está la Red de Sobrevivientes, si quieren declarar los van a proteger”.
Precisamente este miércoles, al conocerse los resultados de las pericias psicológicas de Lorenzo, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina publicó un “comunicado urgente” en el que expresa “su máxima preocupación por la dilación en la toma de decisiones por parte de la Fiscal Ana Medina y la Jueza de Garantías Marcela Garmendia”
Para los sobrevivientes y profesionales de la Red, las pericias demuestran que “Lorenzo es definitivamente una persona consciente de sus actos y de las consecuencias de éstos. Por lo tanto es un sujeto PELIGROSO que está suelto por las calles de La Plata”.
La organización denuncia “su accionar de amedrentamiento a los denunciantes, denuncias contra medios de comunicación, descalificación y demostración de poder. Todo esto con la permanente complicidad de la Jerarquía de la Iglesia Católica, reflejada en las acciones y declaraciones de los Arzobispos Héctor Aguer y Tucho Fernández”.
Por eso, responsabilizan al Poder Judicial bonaerense tanto “por la seguridad física y emocional de los sobrevivientes, testigos y familiares”, como por “incumplir convenciones internacionales sobre DDHH, en especial, en materia de prevención”, por la “posible fuga del Cura Lorenzo” y por “todo otro acto que devenga de la inacción del mismo, ya que ante la peligrosidad confirmada por la pericia y denunciada por sus sobrevivientes no se protege a potenciales nuevas víctimas ya que como venimos sosteniendo el cura Eduardo Lorenzo lleva tres décadas abusando de adolescentes”.
Los abogados junto a los sobrevivientes y sus familiares exigen una resolución inmediata porque temen de recibir represalias por parte de Lorenzo. Ya se interpusieron en la investigación, llamaron por teléfono a la familia Bartoli por ejemplo, y ahora sigue suelto en pleno centro de la ciudad. Cualquier otra víctima que esté atravesando su proceso personal para denunciarlo puede cruzarlo cara a cara cuando sale a hacer un trámite o comprar algo.
El reloj de arena empieza a descender para las funcionarias judiciales de los Tribunales de La Plata. “¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para hacer justicia?, dijo Julián Bartoli. ¿Cuánta impunidad más tiene el cura Eduardo Lorenzo?
*Una producción de La Izquierda Diario y Pulso Noticias.
Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.
