El espacio que reúne a vecinos y vecinas de los barrios que fueron afectados por la inundación del 2013 emitió una declaración en la que pide “retrotraer la situación” al momento previo de la aprobación de dichos emprendimientos por parte del Concejo Deliberante. Reclaman además modificar legislaciones para evitar seguir generando edificaciones que aumenten los riesgos
El informe elevado por un equipo de investigación de la UNLP que indica que 14 de los 35 emprendimientos inmobiliarios aprobados por el Concejo Deliberante a fines del año pasado conllevan riesgo de inundación, generó la inmediata respuesta del espacio de Asambleas de Inundados de La Plata que a través de un comunicado pidió la modificación de legislaciones para evitar el desarrollo de edificaciones que aumenten los riesgos hídricos en la ciudad.
Cabe recordar que previo a que la mayoría de los concejales del cuerpo deliberativo le diera el visto bueno a estas construcciones, los vecinos y vecinas de las asambleas de inundados se habían manifestado en rechazo de las mismas, y a raíz de esa presión se logró que hubiera un compromiso para que los investigadores de la UNLP que encabezan el Plan de Reducción de Riesgos de Inundación (PRRI), analizaran todos los casos y emitieran una opinión al respecto.
El informe llegó este fin de semana, e indica en caso de que volviera a suceder una tormenta de magnitud como la ocurrida en 2013 -es decir, una descarga de 300 mm en 3 horas en forma constante- cinco de estos desarrollos urbanos tienen un “riesgo alto” de inundación, dos un “nivel medio”, y siete un “nivel bajo”. Los 21 restantes implican un riesgo hídrico “muy bajo o nulo”.
“El análisis fue hecho para los casos puntuales pero se remarcó que si siguiera la tendencia a esta urbanización ‘por goteo’ en las cuencas altas el efecto acumulativo puede ser más severo para los propios habitantes de los emprendimientos como para el resto de la población de las cuencas”, indicaron desde la Asamblea de Inundados.
En ese marco, los asambleístas reclamaron una serie de políticas, que fueron elevadas el viernes pasado en el marco de una reunión de la Comisión Asesora Técnica del PRRI con la presencia de funcionarios de Planificación del municipio. Entre ellas, piden “retrotraer la situación ya que la aprobación de las ordenanzas no implicó generar derechos a los emprendedores, puesto que aun falta la convalidación de Provincia” y la “urgente modificación del Código de Ordenamiento Urbano para fijar reglas de juego que promuevan un crecimiento urbano planificado, que minimice los riesgos y asegure la calidad de vida para quienes ya habitan las cuencas y también para quienes eventualmente ocupen en el futuro el territorio”.
Además, solicitaron que se definan “las franjas de riesgo prohibidas o restringidas como pide el Código de Aguas para nuevos desarrollos, pero también advertencias para las zonas ya ocupadas; que se contemple la “prohibición de alteos y terraplenamientos o dragados de arroyos y zanjas que defienden un barrio pero afectan al resto”; la “obligación de que cada nueva urbanización retenga los caudales que se generan en su superficie para no complicar la situación aguas abajo frente a lluvias fuertes pero normales; y la “realización de un plan integral de desarrollo de las cuencas altas incluya integralmente los aspectos de hidrología, infraestructura, movilidad y sociales”.
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