La Provincia anunció la estatización de la Línea 144

La Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, explicó que en los próximos meses se incorporará a planta transitoria a las trabajadoras que desde hace cinco años vienen denunciando sistemáticamente las precarias condiciones en las que abordan casos de violencia de género

Esta tarde la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, anunció la estatización de la Línea 144, que atiende de forma gratuita situaciones de violencia de género en todo el territorio bonaerense.

Según explicó, el pase a planta transitoria se dará en los próximos meses y pondrá fin a la tercerización del servicio de atención y acompañamiento que las trabajadoras venían denunciando desde hace cinco años como una muestra cabal de las condiciones precarias de trabajo en las cuáles tenían que desenvolverse.

Cabe recordar que durante el Gobierno de María Eugenia Vidal, las trabajadoras de la línea pasaron a ser contratadas por una empresa privada, Provincia.NET (dependiente del Grupo Banco Provincia), a pesar de que se trata un servicio que brinda el estado provincial y que en este contexto adquiere una centralidad absoluta.

Por esa razón, sus condiciones salariales y laborales nada tenían que ver con los derechos que tiene el personal de planta estatal bonaerense (Ley 10.430). De hecho, eran contratadas como empleadas de comercio y no tenían garantías de estabilidad laboral, ni los derechos ni los presupuestos mínimos para abordar una tarea de esta complejidad.

En 2018, la prueba de la precariedad e inestabilidad en las que trabajaban fue evidente cuando ocurrieron los despidos de cinco trabajadoras, tras los cuales se desencadenaron una serie de medidas de fuerza y movilizaciones pidiendo no sólo la reincorporación, si no tambén la estatización de la Línea.

Con el cambio de gobierno, las trabajadoras siguieron denunciando la situación de precariedad. El año pasado habían emitido un comunicado tras el aumento salarial que había recibido la policía bonaerense, cuestionando las prioridades de la Gobernación provincial y desnudando la falta de políticas que atendieran los magros sueldos que la planta de la línea venía cobrando.

A su vez, en octubre habían manifestado su “preocupación” por la falta de respuestas del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual ante el pedido de estatización, en momentos en que se cumplía la tercera renovación de contratos precarios del año 2020 y venían cómo se postergaba el compromiso que la ministra había asumido.

Pase a planta y paquete de medidas

La Ministra Díaz participó esta mañana de los anuncios para abordar la violencia de género que realizó el Gobernador Axel Kicillof y por la tarde realizó una transmisión en vivo para anunciar la mencionada estatización.

Según explicó, la cartera que conduce estuvo trabajando junto al Ministerio de Trabajo para equiparar salarialmente a las trabajadoras, que en los próximos meses serán incorporadas progresivamente a la planta transitoria del Estado. Uno de los puntos que reclamaban las trabajadoras tenía que ver con que la estatización no implicara pérdidas salariales, sobre todo para el caso de las coordinadoras.

“Los ingresos a la Provincia tienen determinadas características, el salario inicial dista de condiciones que por ahí se tenían en un sistema como el que se tenía con Provincia.NET, estuvimos trabajando en muchas mesas técnicas con distintos Ministerios”, afirmó la Ministra y puntualizó en la equiparación de condiciones laborales de las coordinadoras de la línea.

A su vez, señaló que también se estuvo trabajando en la mejora del “sistema de comunicación”, que provee Telecom, que no había tenido ninguna actualización desde el 2007, y al que calificó como “vetusto”.

Por la mañana, el paquete de medidas anunciado por el Gobernador, incluyó los siguientes ítems:

• La firma del Convenio Comunidades sin Violencia, que financia 3 líneas de trabajo con un fondo inicial de $500 millones para: fortalecer los equipos locales de políticas de género de cada municipio; construir o remodelar infraestructura para ampliar la Red de Hogares de Protección Integral que albergan a mujeres y familias en situación de violencia y las casas de medio camino; y desarrollar vías de acceso al trabajo para mujeres y LGTBI+, en articulación con las escuelas de formación en oficios. También se prevé la atención a varones que ejercen violencia.

• Un Plan integral para el Abordaje de Casos Críticos y de Alto Riesgo en la violencia por razones de género. Se trata de una mesa interministerial integrada por las carteras de Mujeres, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Salud, Comunicación Pública y Gobierno mediante la cual: se impulsará una nueva ley integral de violencia de género para la Provincia de Buenos Aires; se establecerá una matriz de riesgos unificada con indicadores y alertas tempranas; se garantizará en los 135 municipios de la PBA la implementación de los dispositivos de tobilleras que se colocan a los agresores en casos de alto riesgo; y se pondrán en funcionamiento 20 Oficinas Provinciales contra la Violencia de Género.

A su vez, desde esa mesa interministerial afirmaron que se reforzarán los equipos de la Dirección de Acceso a la Justicia y de la Dirección de Asistencia a la Víctima, el área de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense para dar adecuada respuesta al incremento de tobilleras.

Además, señalaron que se implementará un programa de evaluación, seguimiento y tratamiento para personal de la policía bonaerense denunciados por violencia de género y se fortalecerán los equipos interdisciplinarios con los que cuentan las Comisarías de la Mujer y la Familia las comisarías (de seguridad) con personal especializado.

En otro orden, remarcaron que se implementará un Sistema de Registro de Situaciones de Violencia Familiar y por Razones de Género en el Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires; se solicitará a la Suprema Corte de Justicia (SCJPBA) la creación de un área jerarquizada para el abordaje y planificación de políticas judiciales en materia de violencia de género y que se complete el proceso para poner en funcionamiento una aplicación para la centralización y accesibilidad de denuncias, que compartirán los Ministerios de Mujeres, Justicia y Seguridad, así como la Suprema Corte y el Ministerio Público.

Por último, también se anunció la creación de un Comité Asesor de Especialistas en violencia de género integrado por Ana María Fernández, profesora en la Facultad de Psicología de la UBA; Ileana Arduino, preside el área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Laura Giosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN); Adriana Coliqueo, abogada, presidenta del Colegio de abogados Avellaneda-Lanús; Néstor Artiñano, decano de la Facultad de Trabajo Social; Susana Chiarotti, abogada feminista de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres; y Enrique Stola, médico especialista en Psiquiatría y Psicología Médica.

Redacción Pulso

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