Organizaciones vinculadas a los medios de comunicación hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestando su preocupación ante las decisiones del gobierno de Javier Milei. También por la feroz represión en el Congreso. Conocé los detalles
A casi dos meses de gobierno del ultraderechista Javier Milei, las y los trabajadores de prensa de los medios públicos, privados, cooperativos y comunitarios han sido blanco directo de sus políticas como también de sus palos y balas. Durante la última feroz represión en el Congreso, mientras se debatía la Ley Ómnibus, hubo 70 heridos de los cuales 35 fueron periodistas, camarógrafos y reporteras graficas.
A ello se suma su pretensión de privatizar los medios públicos, ante lo cual los trabajadores y trabajadoras organizados sindicalmente lo rechazaron rotundamente. No sólo eso, sino que Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional.
“Más concentración de los medios y menos libertad de expresión”, expresaron las diversas organizaciones sindicales e instituciones vinculadas a la comunicación social, en el documento que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
A través de un comunicado de prensa, expresaron que la convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público.
“Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad”, aseguraron.
También señalaron que a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan, amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En ese contexto, agregaron la violencia verbal y física que sufren las y los trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días, sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.
La presentación fue llevada a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Argentina, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Red de Medios Digitales (RDM), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM), y el Centro de Investigaciones Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes (ICEP-UNQ).
Denuncia penal por la represión
Este viernes 9, el SiPreBA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el CELS denunciaron penalmente la represión contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos que realizaron la cobertura de la movilización al Congreso de la Nación durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, que se extendió del 31 de enero al 2 de febrero.
La causa tramita en el Juzgado Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, y allí solicitan ser querellantes y que se investigue a efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria por los delitos de lesiones leves y graves -agravadas por abuso de la función y el cargo-, vejaciones, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público y por el uso de violencia y abuso de autoridad.
El gremio de prensa junto al organismo de derechos humanos avanzó en una causa penal para determinar las responsabilidades por el ataque brutal y deliberado contra 35 trabajadoras y trabajadores de prensa que fueron agredidos con balas de goma, quemados con gases irritantes o golpeados con tonfa mientras realizaban su trabajo.
“Parece que tenemos que explicarle a la ministra Patricia Bullrich que las y los trabajadores de prensa no somos blancos móviles”, expresó el secretario General SIPREBA, Agustín Lecchi. Al tiempo que agregó: “El ataque y hostigamiento constante contra quienes desarrollábamos nuestro trabajo estuvo en manos de las cuatro fuerzas federales que actuaron amparados en el protocolo que implantó Bullrich y el gobierno de Milei”.
Y concluyó: “pareciera que el ataque contra la prensa buscaba que no se informara sobre lo que ocurría porque los ataques fueron contra periodistas que trabajan para los más diversos medios, con diferentes líneas editoriales”.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.
