El presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata confirmó la integración del Tribunal que debe avanzar en el proceso judicial contra cuatro ex policías involucrados en el secuestro, asesinato y desaparición forzada del joven changarín platense, ocurrido en 1990
El 27 de septiembre se cumplirán 32 años del secuestro, asesinato y desaparición forzada de Andrés Núñez. Aquella noche de 1990 efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense se presentaron en su casa de Villa Elvira para detenerlo sin justificación alguna. Lo golpearon y luego se lo llevaron. Lo torturaron, lo asesinaron, incineraron su cuerpo y lo enterraron. Y por supuesto, después negaron los hechos, guardaron silencio y encubrieron el crimen.
La lucha incansable de su compañera, Mirna Gómez, junto a organismos de derechos humanos por exigir verdad y justicia todavía sigue en pie. Ya logró vencer la impunidad llevando a juicio y logrando condenas contra tres ex efectivos policiales: en 2010, veinte años después de los hechos, fueron condenados a reclusión perpetua el ex comisario Víctor Dos Santos (ya fallecido en prisión) y el ex sargento Alfredo González; y en 2017 fue condenado a la misma pena el comisario Luis Raúl Ponce (quién había estado prófugo hasta 2012, razón por la cual no había sido juzgado dos años antes).
Sin embargo, de los principales autores del asesinato todavía resta el juzgamiento de Pablo Martín Geréz, primo del ex gobernador y ex presidente Eduardo Duhalde, quien fuera el jefe del operativo aquella noche y se encuentra todavía prófugo a pesar de las pruebas aportadas por la defensa de Gómez y por organismos durante más de 30 años.
Los que faltan juzgar
Pero esos cuatro ex policías no fueron los únicos responsables. Hay una causa más (CP-84650), que ya tiene todo listo para avanzar hacia la realización del juicio contra otros cuatro ex efectivos: Carlos Gustavo Veiga está imputado por el delito de “allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad calificada”, ya que fue partícipe del operativo que secuestró y torturó a Andrés, en su casa de Villa Elvira; Ernesto Zabala, imputado por “omisión de evitar tormentos”, estuvo presente en la Brigada de Investigaciones de La Plata cuando lo llevaron a Andrés; Pedro Domingo Costilla, imputado por “falsificación de documento público” y “encubrimiento”; y César Carrizo, imputado por “omisión de evitar tormento” y “falsificación de instrumento público”.
En 2018, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata designó a tres jueces (Emir Alfredo Caputto Tártara, Ezequiel Medrano y Cecilia Sanucci) para conformar el Tribunal y llevar adelante el juicio oral. Sin embargo, estos magistrados presentaron un recurso ante el presidente del órgano judicial, pidiendo su apartamiento y una nueva integración, alegando entre otras cosas tener una “ajetreada agenda”, situación que podría derivar en posibles demoras en la realización de la audiencia al existir una supuesta “sobrecarga funcional”.
Pero en respuesta a ese pedido, hace dos semanas el presidente de la mencionada Cámara, Eduardo Delbés, resolvió no hacer lugar, descartando los argumentos planteados e indicando que no observa “dificultad para la designación de la audiencia”. De esta forma ratificó dicha composición del Tribunal para que “prosiga el trámite de la causa”.
“El apartamiento de los magistrados no se encontraría justificado en ningún supuesto legal -excusación, recusación, licencia, o impedimento- sino antes bien se buscaría su apartamiento en base a una alegada sobrecarga de tareas”, mencionaba el juez en su resolución y remarcaba que “no han sido las partes quienes formularan oposición”, si no los propios integrantes del tribunal. Es decir, la demora del proceso se termina dando por un debate meramente “administrativo”.
En mayo el defensor de Mirna Gómez, Manuel Bouchoux, había presentado una solicitud para “que con urgencia se lleven a cabo las medidas conducentes a la pronta realización del juicio oral y público que se encuentra pendiente”. En ese sentido, describió esta resolución del presidente de la Cámara como “un avance” en esa línea.
En caso de que estos tres jueces resolvieran recurrir al Tribunal de Casación con el mismo planteo, Delbés ya adelantó que iría a la Suprema Corte para que resuelva la cuestión. Si esto sucediese, nuevamente se estaría entorpeciendo el proceso judicial, que lleva casi 32 años de espera. Bouchoux remarcó que en caso de ocurrir una situación así, volverían a requerir la resolución “urgente” del tema.
Andrés Núñez. Foto: Pulso Noticias
Ofrecimiento de prueba y fecha para el juicio
Sobre el estado de la causa, el abogado de Gómez en diálogo con Pulso Noticias indicó: “está para que se ofrezcan las pruebas. Se ajustó la acusación a lo que había dispuesto en su momento la Suprema Corte, la fiscal Rosario Sánchez ajustó la acusación en ese sentido, y dejó abierta la posibilidad de ampliarla en el debate. Ahora falta el ofrecimiento de prueba, que se resuelva el ofrecimiento de prueba y se ponga la fecha de juicio”.
El objetivo, indicó, es que se avance en el proceso “lo más rápido posible”. Ahora, ya sin excusas ni dilaciones, los jueces Caputto Tártara, Medrano y la jueza Sanucci tienen en sus manos la capacidad -y el deber- de hacer avanzar un proceso largamente demorado, que sigue esperando verdad y justicia.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social. Sagitario en casa diez, ascendente en Piscis y luna en Capricornio. Buena mano para el mate. Trabajó en Infoanpress; diario Hoy; Agencia La Provincia; revista Avanzada Sindical; revista La Tecla y colaboró en ANRed. Escribe en secciones como Política, Derechos Humanos, Interés General y Socio Ambiental. Un poco sindicalista. No es tímido, nomás le cuesta entrar en confianza.
