El polémico Código de Convivencia entró nuevamente en debate

La gestión de Julio Garro mantiene la intención de avanzar en la aprobación de una norma que reemplace el actual Código Contravencional. Esta iniciativa viene cosechando un amplio rechazo de por parte de organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, políticas y sociales

Por David Barresi

A pesar del rechazo que viene cosechando la propuesta desde que fue presentada, el intendente Julio Garro volvió a poner en debate dentro del Concejo Deliberante el polémico proyecto de Código de Convivencia, mediante el cual busca modificar el actual Código Contravencional.

Los sectores que cuestionan la iniciativa del Ejecutivo han calificado a la misma como “represiva” y “punitiva”. El proyecto establece severas multas para las manifestaciones, restringiendo el derecho a la protesta, como así también para la venta ambulante, y hasta prohíbe totalmente la tracción a sangre afectando el trabajo de cartoneros y recicladores. También penaliza la “oferta de servicios sexuales” forzando a una mayor clandestinidad y marginalidad de las personas que la ejercen; y también hay artículos que cuestionan el desempeño de los artistas callejeros, mientras que otros impedirían directamente el trabajo de quienes lavan autos en la vía pública.

Este expediente fue presentado originalmente por la Intendencia en octubre de 2018, pero quedó congelado tras el rechazo que recibió por parte de organismos de derechos humanos, gremios, vendedores y vendedoras ambulantes, trabajadores y trabajadoras cartoneras, trabajadoras y trabajadores sexuales, y diversas organizaciones políticas y sociales, que habían realizado una multitudinaria movilización a la Municipalidad para manifestar su oposición.

En 2019 hubo un tibio intento por retomar el debate, pero en medio del contexto electoral el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) decidió dejarlo nuevamente en stand-by, hasta octubre del año pasado, cuando la bancada oficialista volvió a la carga.

Durante una serie de reuniones celebradas a lo largo de casi tres meses, en la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Concejo Deliberante se debatieron algunos de los puntos más candentes del nuevo Código, con la participación de la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría del Pueblo Bonaerense, la Pro-Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, entre otros.

Si bien el oficialismo realizó algunos cambios en función del listado de críticas que le fueron realizando (como haber quitado la pena de arresto, que había sido fuertemente cuestionada) hay otros puntos que afectan a los sectores mencionados que continúan intactos y no entraron en los ejes de debate realizados el año pasado.

Nuevo empuje

Este mediodía, en la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos, que preside Romina Cayón (JxC), se volvió a poner en debate el proyecto. La concejala explicó que el mismo tiene una nueva formulación, en función de los acuerdos alcanzados el año pasado.

“El mayor cambio fue haber sacado la sanción de arresto”, aclaró y detalló que se reemplazó ese tipo de sanción por otras: realización de talleres de fortalecimiento de la convivencia ciudadana, trabajo comunitario o multas de carácter económico.

A su vez, Cayón remarcó que se incorporó un apartado específico sobre el “maltrato animal” y otro vinculado a promover “espacios libres de humo en el espacio público”. Sobre este último punto, indicó: “la intención es que no se pueda fumar ni tirar cigarrillos en espacios de juegos de chicos en plazas y parques. Tiene que ver con un trabajo de concientización en la salud y la protección de la niñez”.

En tanto, el Subsecretario de Gobierno, Nicolás Morzone, fue el encargado de expresar la postura de la Intendencia sobre el proyecto: “son las pautas de conducta que nos regirán de cara a los próximos 30 o 40 años. Es importante, en este marco de incertidumbre en el que vivimos, tratar de transmitir previsibilidad y reglas claras”.

A diferencia del año pasado, la propuesta del oficialismo es que no se debata punto por punto la iniciativa, si no que se aborden específicamente los artículos en donde hay disenso. Según se informó, dentro de quince días volverán a reunirse, y se espera que la oposición plantee sus divergencias en torno a la propuesta oficial, ya que este mediodía los concejales y concejalas del Frente de Todos no estuvieron presentes.

Cabe señalar que varios de los artículos más cuestionados del proyecto continúan todavía intactos, como los referidos al cercenamiento del derecho a la protesta o a la penalización del trabajo en la calle (ya sea de vendedores/as ambulantes, cartoneros/as y recicladores/as, trabajadoras/es sexuales, limpiavidrios o artistas callejeros).

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