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viernes 19-08-2022

Masiva movilización a la Municipalidad contra el Código de Garro

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Diversas organizaciones se manifestaron este mediodía en rechazo a la reforma que impulsa la Intendencia, que criminaliza el trabajo callejero, cercena el derecho a la protesta e impone penas de arresto en caso de no poder abonar onerosas multas

Tal como lo hicieron en 2018, un conjunto diverso de agrupamientos se movilizaron masivamente este mediodía en rechazo a la polémica reforma al Código Contravencional –denominada Código de Convivencia- que impulsa el Intendente Julio Garro, la cual viene cosechando críticas tanto de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria o la Defensoría del Pueblo Bonaerense, como también de organizaciones sociales, feministas, políticas, gremiales, de la diversidad sexual y del trabajo ambulante.

“Nos organizamos y movilizamos contra el Código Represivo de Garro Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, colectivos de abogadxs, gremios y sindicatos, cooperativas de trabajo, colectivas feministas y LGBTIQ+, organizaciones de trabajadoras sexuales, centros de estudiantes, organizaciones políticas, redes y espacios culturales-artísticos, partidos políticos y espacios de migrantes”, dijeron al comienzo del acto que realizaron frente a la sede comunal, mostrando la multiplicidad de sectores que se ven afectados por el proyecto que impulsa la Intendencia.

Cabe recordar que se trata de la misma iniciativa presentada hace dos años, y que tras el rechazo generado quedara virtualmente congelada hasta ahora que nuevamente el bloque de concejales de Juntos por el Cambio decidiera volver a ponerla sobre la mesa.  

Según denunciaron las organizaciones “lejos de promover la ‘convivencia’, el proyecto del Ejecutivo Municipal tiene como objetivo reprimir la protesta social, así como el trabajo ambulante, sexual, de la economía popular, la cultura y las expresiones de la juventud. A su vez, el contenido del proyecto es sumamente reaccionario, restringiendo la utilización del espacio público a los platenses en favor de los negocios privados, y de esta manera cercenando los derechos de la población”.

La multitudinaria movilización concentró en Plaza Italia, y se dirigió primero por calle 7 hasta calle 50, y luego de ahí hacia plaza Moreno, donde un grupo de tambores acompañó la llegada al ritmo del candombe, expresando también su rechazo al Código, que entre otras cosas también cercena su posibilidad de expresión en las calles de la ciudad.

“Se trata de una respuesta absolutamente criminalizadora y punitiva en un contexto de aguda crisis económica y social, profundizada en el gobierno de Macri y agravada en los últimos meses, que se plasma en el aumento sostenido de la desocupación, la pobreza y la precarización sistemática de las condiciones de vida.  En ese marco, signado por las luchas por el acceso a la tierra y vivienda, por el trabajo digno y por la conquista de derechos, Garro pretende responder con palos, multas y cárcel”, señalaron desde el escenario.

Más represión y vulneración de derechos

Según remarcaron las organizaciones “este código amplía el brutal poder de actuación represiva de la policía que sostenidamente persigue, vulnera los derechos y criminaliza a las comunidades migrantes, LGBTIQ+ y las clases populares en general. Por sólo poner un ejemplo, la comunidad senegalesa ha hecho pública la discriminación y el hostigamiento que sufren por parte de la municipalidad de La Plata que, además de decomisar su mercadería, les inició una insólita causa penal por trata de personas que involucra también a defensores de derechos humanos que trabajan junto a elles”.

“La creación en 2018 de la Guardia Urbana de Prevención, la militarización de Plaza San Martín y todo el centro de la ciudad en 2019 para impedir el trabajo de les vendedores ambulantes y manteres, la persecución sistemática a cartoneres y recicladores, la respuesta represiva ante los reclamos de las organizaciones sociales de hace unas semanas, y el recrudecimiento de la represión a las trabajadorxs sexuales, a quienes se les iniciaron varias actas por infracción a la cuarentena y se allanaron varios domicilios y pensiones, conforman una muestra más de la ciudad que pretende el Intendente, una ciudad ‘limpia y homogénea’ que busca borrar toda forma de alteridad, diversidad y diferencia”, expresaron.

Además, destacaron que detrás de esta iniciativa “está la reforma del código de ordenamiento urbano, es decir, detrás de la criminalización de los sectores populares, de la protesta social, de las expresiones plurales y diversas, está la gentrificación, la valorización del metro cuadrado para reasegurarle los negocios inmobiliarios a las grandes empresas que vienen no solo destruyendo la ciudad, sino segregando a los actores más pobres a zonas cada vez más degradadas. Una ciudad cada vez más fragmentada, al servicio de la especulación inmobiliaria”.

Sobre el final del documento leído en el acto, enumeraron los puntos de la reforma que según las organizaciones son el motivo central del rechazo:

– prohíbe el trabajo en la calle: el de les vendedores ambulantes, el de les cartoneres y recicladores, de limpiavidrios y de quienes limpian autos, el trabajo sexual, artistas callejeros, y el de cualquier persona que trabaje en los semáforos;

– cercena la protesta social prohibiendo movilizaciones con cortes de calle y pretendiendo que se marche por la vereda y se pida permiso a la Municipalidad antes de realizar una acción y por el otro lado sanciona al que obstruya la circulación peatonal, es decir que todo el que quiera protestar va a ser sancionado; prohíbe la quema de gomas, y criminaliza a las organizaciones;

– penaliza la cultura popular y el arte callejero, así como también las actividades populares en la vía pública; exige para la realización de espectáculos, fiestas u otra actividad de divertimento sin fines de lucro o a beneficio lo mismo que a los comerciales, por lo tanto termina prohibiendo dichas actividades en centros culturales, clubes, escuelas, gremios, etc; igual situación sucede con las rifas;

– respecto a la propaganda sucede lo mismo, al no diferenciar la comercial de la política, gremial o social, indirectamente termina prohibiendo estas últimas;

– prohíbe las reuniones en plazas, cercenando el derecho del pueblo a usar el espacio público, reunirse, realizar asambleas o la actividad que fuese;

– exige autorización para pasear perros;

– prohíbe limpiar autos o animales en el espacio público;

– obliga a les vecines frentistas a la construcción y conservación de las baldosas, y a plantar los árboles de su vereda, bajo pena de multa en caso de no tener los medios para hacerlo, y a los habitantes de viviendas que viertan aguas servidas.

– prohíbe juntar basura, obliga a los dueños de terrenos a mantenerlos libres de maleza y prohíbe la quema de hojas y pastizales, lo que es contradictorio teniendo en cuenta que no diferencia si es un lugar donde llega la recolección de basura o no;

– Prohíbe la utilización de la tracción a sangre, no solo en las áreas urbanas donde es utilizada por recolectores, sino también en áreas rurales donde es utilizada para dichas labores. Claramente el Intendente no se enteró que hay vida fuera del casco urbano, donde hay cientos de barrios que no sólo no tienen veredas sino que tampoco tienen cloacas, agua corriente y ninguno de los servicios básicos.

– como contrapartida, el proyecto beneficia a empresas que contaminan y a las grandes constructoras que incumplen con las normas, reduciéndoles las multas que figuran en el actual código contravencional

– por último, el Código explícitamente plantea que de no acatar estas disposiciones las penas no sólo son multas altísimas si no también propone como condena el arresto en comisarías. En muchos casos la pena del encierro se plantea para quienes no puedan abonar la multa: es decir, es un código abiertamente clasista que criminaliza aún más la pobreza.

– y por si esto fuera poco, obliga a toda persona a denunciar estas acciones bajo pena también de ser multado si no lo hace, buscando romper con los lazos solidarios que día a día enfrentan las políticas municipales de persecución a estos sectores mencionados.

“Por todo eso, rechazamos el Código Represivo de Garro, exigimos que se dé de baja el proyecto, no queremos que limiten o prohíban el uso del espacio público. Venimos a decirle No a este código criminalizador, discriminador, xenófobo y clasista”, finalizaron.

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