Hace un año la mayoría de las personas tenían prohibido salir de sus casas, otras sólo podían hacerlo tramitando un permiso especial, mientras que una gran masa de la población -trabajadores informales- tuvieron que salir igual. Muchos recibieron multas, golpes y torturas. Miles de causas, cientos de muertos y tres desapariciones forzadas seguidas de muerte
Opinión
Ante el avance de la COVID 19 en Argentina, el 20 de marzo de 2020 el gobierno de Alberto Fernández decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) el cual apuntó a una cuarentena total y dejó establecido que sería un delito federal incumplirlo.
A partir de ese momento comenzó lo que parecía ser una película de ficción: las calles vacías, algunas personas con barbijo, y gritos y puteadas desde las ventanas de las casas a aquellos que circulaban. En los barrios populares creció la solidaridad entre los y las vecinas ante la falta de trabajo y comida.
El artículo 2º del DNU 297/2020 estableció: “Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 (…)”.
Mientras que en el artículo 4° se manifestó: “Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (…) se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”.
Allí se dejó bien en claro que las fuerzas de seguridad tenían el poder en las calles para hacer cumplir el DNU. Miles y miles de policías salieron a las calles a realizar operativos de control, persecuciones y detenciones. En su mayoría de veces los “infractores” fueron laburantes informales que si no salían a trabajar no tenían ingresos económicos.
Día 1
La primera detención en La Plata fue durante las horas de la mañana del 21 de marzo en la rambla de calle 32, a un runner que realizaba ejercicios. Según fuentes oficiales, ese día hubo 600 denunciados en la provincia y unos 250 detenidos a nivel nacional.
La cifra fue aumentando de manera rapidísima por diversos motivos que poco tuvieron en cuenta los gobernantes: situación económica y salud mental de la mayoría. No hubo paliativos inmediatos a los sectores más empobrecidos, recién casi a los dos meses lanzaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con un monto muy bajo. Muchas personas estaban obligadas a salir a la calle: tenían que hacer una changa, buscar un plato de comida, cartonear, o bien encontrarse con familiares que precisaban contención.
El presidente de la Nación delegó el control social en las fuerzas de seguridad -nacionales como provinciales-. En el territorio bonaerense, el ministro de seguridad Sergio Berni hizo una campaña mediática para “estimular” a sus agentes y dejar explicitada su posición de mano dura.
El mismo 20 de marzo que se publicaba en el Boletín Oficial el DNU 297, Berni le habló a sus policías con tono militar, y afirmó: “En esta fuerza no hay lugar para aquellos que especulen, no hay lugar para los tibios y mucho menos para los temerosos”. Y finalizó con su grito militar: “Orden, subordinación y valor”.
Al pasar los días…
A 41 días del ASPO, la provincia de Buenos Aires ya tenía un detenido desaparecido en su territorio. Facundo Astudillo Castro estuvo más de 100 días desaparecido luego de haber sido visto por última vez en un retén policial del partido de Villarino, al sur bonaerense.
Su mamá, Cristina Castro, junto a los abogados y amigos de Facundo siguen luchando por justicia. Quieren saber la verdad del asesinato de su hijo que en pleno ASPO decidió viajar a dedo de Pedro Luro hasta Bahía Blanca pero nunca llegó.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que entre el 20 de marzo y el 4 de mayo las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país. Y hacia avanzado mayo, el 15 de ese mes se conoció una nueva desaparición forzada de Luis Armando Espinoza en la provincia de Tucuman luego de una represión de la policía provincial a un grupo de personas que “violaban” la cuarentena. A la semana siguiente, Espinoza fue hallado en una bolsa con un disparo en el omoplato, tirado en un barranco de la provincia vecina de Catamarca. Hay, por lo menos, once policías involucrados.
Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad de todo el país comenzaban a llamar la atención a los organismos de derechos humanos. Aún así los asesinatos se multiplicaban. En San Luis, durante los primeros tres meses, hubo dos muertes en comisarías: Florencia Magalí Morales de 39 años y Franco Maraguello de 16, quienes habían sido detenides por incumplir el ASPO.
A los cinco meses de decretado el DNU, Amnistía Internacional se manifestó contra la Argentina por las violaciones a los derechos humanos: “el mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección son pilares fundamentales de un estado de derecho”.
“A pesar de la excepcionalidad del contexto de emergencia sanitaria, la actuación de las fuerzas de seguridad debe ser siempre en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas”, aseguró Amnistía Internacional.
El 7 de julio murió Ariel Valerian, un trabajador de Jujuy que el 8 de junio había sido detenido por la policía por “incumplir la cuarentena”, estuvo desaparecido durante más de 10 horas mientras su hermana Carmen lo buscaba por diferentes comisarías hasta que se enteró que estaba internado en el hospital. Según denunció ella a Pulso Noticias, a su hermano lo detuvo, desapareció y torturó la policía de Jujuy.
Para fines de Agosto, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su archivo de casos durante la cuarentena y aseguró que hasta esa fecha sucedieron 102 asesinatos cometidos por el aparato represivo del Estado. Allí señalan muertes por gatillo fácil, en lugares de encierro, femicidios de uniforme y desapariciones. De esos 102 asesinatos, 47 se cometieron en la provincia de Buenos Aires.
El envalentonamiento de las fuerzas provocó el aumento de las muertes y desapariciones de personas por “incumplir la cuarentena”, que algunos casos fueron por salir a comprar comida para sus hijas, como el caso de Florencia Morales. Otros fueron ejecutados por salir a la noche a comprar alguna bebida o juntarse con amigos, como los casos de gatillo fácil de Alan Maidana (en Berazategui) o Brandon Romero (en Mar del Plata).
Más palos
La crisis sanitaria profundizó la pobreza, el “quédate en casa” fue complejo cumplirlo en los sectores populares debido al hacinamiento de las familias y también las situaciones de violencias que se vivían allí. Eso fue generando diferentes ocupaciones de tierras, pero también represión para con esas familias. Un ejemplo de ello fue el despliegue de la policía de Berni en las tierras de Guernica.
También se destinaron recursos hacia las fuerzas de seguridad: los agentes bonaerenses tuvieron un aumento en el pago de sus servicios, mayor equipamiento y hasta el gobernador Kicillof ordenó la construcción de un hospital exclusivo para ellos. En el territorio federal, la ministra Sabina Frederic a los cinco meses del ASPO lanzó la Fuerza de Respuesta Inmediata (FRI), una nueva brigada dependiente de la Policía Federal Argentina (PFA) para brindar apoyo a las provinciales.
A un año del DNU 297, y de comprobar que todo lo vivido no fue una película de ficción ni el paso a un mundo surrealista, las fuerzas de seguridad mantuvieron su rol de control social y profundizaron su impunidad para cometer delitos gravísimos.
Según la CORREPI, en estos doce meses se cometieron 372 asesinatos por gatillo fácil, en lugares de detención y otras modalidades del aparato represivo estatal lo que equivale a una muerte cada 23 horas. Otro virus que mata.
Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.
