Coronavirus en Devoto y el mal llamado motín

Cansados de reclamar por su situación de hacinamiento, los detenidos de Devoto se manifestaron y las respuestas inmediatas fueron balas y gases. Hubo una nueva mesa de diálogo donde las autoridades se comprometieron a revisar los trámites judiciales y fortalecer las medidas sanitarias para la población. Confirman dos casos positivos de internos

Por Estefanía Velo

“Nos negamos a morir en la cárcel”, decía una bandera que colgaba desde el techo del penal de Devoto, la cárcel federal de la Ciudad de Buenos Aires. El temor al coronavirus, la confirmación de que dos médicos de la Unidad dieron positivo en el test de Covid-19, y las trabas administrativas de la justicia para efectivizar los arrestos domiciliarios desataron una protesta masiva de los detenidos durante largas horas del último viernes. La “contención” inmediata fue la represión.

El Servicio Penitenciario Federal respondió inmediatamente con una violenta represión tanto dentro del penal como del otro lado del muro. Los videos difundidos por los presos mostraron las heridas generadas por las balas y los gases; mientras que afuera denunciaron las agresiones de los agentes y la detención de tres familiares que fueron liberadas recién al día siguiente.

A últimas horas de este domingo, familiares de uno de los detenidos que fue internado en el Hospital Fernández luego de la protesta, confirmaron que tiene coronavirus al igual que otros de los detenidos. Según pudo saber este medio al momento del cierre de esta producción, autoridades del Ministerio de Salud y de Justicia se encontraban analizando la situación en el penal. Desde la cooperativa Esquina Libertad alertaron que se debe “poner en aislamiento a toda la planta 1 y 2 del penal, hacer testeos a toda la unidad, reforzar los hospitales de la zona y tomar todas las precauciones de salubridad y los protocolos necesarios con toda la población y lxs penitenciarixs para evitar que se expanda” (se ampliará).

Pulso Noticias dialogó con Ayelen Stroker, referenta de la cooperativa Esquina Libertad que nació a raíz de un proyecto de inclusión laboral hace 10 años en el penal de Devoto. Se trata de una alternativa de trabajo y capacitación desde y para los propios detenides. Pasaron los años, el proyecto de imprenta creció y hoy genera más de 50 puestos de trabajo entre detenides, liberades y familiares.

Para Ayelen, “el mal llamado motín” del viernes se trató de una crónica ya anunciada: “Veníamos hace tiempo denunciando la emergencia penitenciaria y con el virus se profundizó aún más. En Devoto bajaban una lavandina por semana para un pabellón de 80 personas. Es insuficiente, la nada misma”, señaló. Y remarcó: “No puede ser que la respuesta siempre sea la represión y detención”.

La incertidumbre y el miedo crecen intramuros. La Justicia avanza a pasos lento aún cuando estamos en plena pandemia mundial y crisis socioeconómica. Los detenidos no tuvieron otro método de lucha para defender sus vidas: salieron a los techos y colgaron sus banderas pidiendo no morir allí dentro y que la Justicia los escuche.

“Ya hace un mes que se venía buscando todas las vías de reclamos posibles para evitar esta situación, y no se obtuvo respuestas”, contó Ayelen. Al tiempo que apuntó: “La falta de cuidado y de control sobre los detenidos que habían estado con los médicos, la falta de políticas de aislamiento, y la falta de información sobre el tema empujó a todo lo sucedido el viernes”. “El mal llamado motín” fue una situación (previsible) alertada desde los sectores más vulnerables por la defensa de sus propias vidas al no encontrar respuestas de las máximas autoridades políticas y judiciales.

En relación al tratamiento mediático, Ayelén manifestó: “Fue mal llamado motín. Así le dijeron varios queriendo deslegitimar un reclamo legítimo y desvirtuando la información respecto de qué era lo que se pedía y quiénes son las personas responsables para acceder a eso”.

Mesa de diálogo

Fueron muchas horas de protesta, represión y llamados entre altos funcionarios judiciales hasta que aceptaron establecer una mesa de diálogo para abordar los puntos del reclamo. El principal es la agilización de la justicia para permitir los arrestos domiciliarios.

En la mesa de diálogo del sábado se hicieron presentes el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Juan Martín Mena; el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; dos jueces de Casación Nacional y Federal, Daniel Morin y Gustavo Hornos,respectivamente; Ariel Cejas Meliare, de Procuración Penitenciaria, representantes de los diferentes pabellones y defensores oficiales.

Los puntos acordados fueron “la conformación inmediata de un grupo de trabajo interdisciplinario a los fines de priorizar la revisión y estado de los trámites administrativos y judiciales vinculados a los subgrupos descriptos por Casación” (población en riesgo sanitario, personas en término de libertad condicional, con salidas transitorias otorgadas, con prisión preventiva –que exceda los dos años-, con condenas no superiores a tres años, mujeres con niñes, entre otros).

Los magistrados presentes pidieron prudencia en el marco de esta crisis, y se comprometieron a cumplir la Constitución Nacional y vigilar el cumplimiento de las condiciones de vida de los alojados en los penales. Otro de los puntos indicados en el acta señala que “se acordó fortalecer las medidas sanitarias y de higiene de toda la población”.  

La referenta de la cooperativa Esquina Libertad exige las garantías necesarias para que ese acuerdo se efectivice. Además, expresó que se deben sumar representantes de las organizaciones sociales que trabajan en el sector a constituir la mesa interdisciplinaria. “Tenemos que mirar de cerca que se cumpla esto y que el acuerdo llegue a todas las unidades”, relató Ayelen.

Repudios

Las manifestaciones en las cárceles comenzaron hace una semana atrás con una docena de cárceles con huelgas de hambre, otras con batucadas y protestas. Todas con el mismo reclamo, y la misma respuesta: represión. La violencia de las fuerzas penitenciarias como mecanismo de “contención” del Estado ya se cobró la vida de dos jóvenes.

El 22 de abril, los agentes de la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Florencio Varela asesinaron a Federico Rey de 30 años. El día anterior, en la Unidad Penal N° 1 de Corrientes los agentes penitenciarios mataron a José María Candia de 22 años. Ambos se manifestaban para defender sus vidas.

Esta misma situación se repite en todo el país. Ayelen denunció la represión que hubo en los penales de Santa Fe, Varela, Bariloche, Devoto, y otros. “No puede ser esa la respuesta del Estado, el abandono a la demanda en salubridad y no llevar adelante ni una mínima estrategia de acción para contener eso, sino por el contrario terminar fogoneando estas situaciones”, subrayó.

Por su parte, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos manifestó la necesidad de “una resolución inmediata ante la crisis humanitaria que vienen padeciendo las personas privadas de la libertad que requiere de medidas excepcionales para limitar la sobrepoblación y hacinamiento extremo y reformas estructurales que garanticen los derechos humanos de las personas en contexto de encierro”.

En tanto, las y los trabajadores del Patronato de Liberados Bonaerense organizados en ATE manifestaron su solidaridad a los reclamos de la población carcelaria, y denunciaron que dicho organismo “no cuenta con un presupuesto acorde con las necesidades de la población y su núcleo familiar”.

Las carceles, uno de los sectores donde las autoridades nacionales, provinciales y judiciales deberán poner la lupa, son uno de los sectores más castigados en todo mundo por el coronavirus, ya que esta pandemia agudizó las consecuencias del sistema capitalista.

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