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lunes 22-04-2024

Veredicto en el Juicio Brigadas: todos los datos de un streaming colectivo de tres años y medio

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El Juicio Brigadas empezó en octubre de 2020 y, tres años y medio más tarde, estamos por escuchar el veredicto. ¿Por qué es un juicio histórico? ¿De qué se habló durante tanto tiempo? Claves para entender qué pasó

Lo primero que tenemos que decir es que el 27 de octubre de 2020, cuando empezó el Juicio Brigadas, usábamos barbijo hasta adentro del estudio de La Retaguardia y, en Pulso Noticias, teníamos una grilla con turnos para ir a la redacción. Porque estábamos en plena pandemia de COVID-19 y, hacer periodismo en ese contexto fue, ante todo, complejo. Pero también se abrieron (o nos abrimos) oportunidades.

Las estrategias y la imaginación colectiva nos propusieron un desafío: transmitir por YouTube este (y varios) juicio de Lesa Humanidad con un objetivo: achicar distancias entre lo que antes eran la sala de audiencias, los pasillos y la calle de Tribunales, y la gente, que no podía salir de sus casas. Durante mucho tiempo nos encontramos todxs, usuarios y arrobas de por medio, en el chat de la aplicación del triangulito rojo. Fue como encontrarnos en la calle, pero bastante más raro. 

Así empezamos. Todos los martes durante tres años y medio, desde las 8 de la mañana -o un poco antes- le dábamos play a la transmisión de lo que llamamos el Juicio Brigadas, el juicio de Lesa Humanidad más grande de la región, que abarcó cuatro Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense: Quilmes, Banfield, Lanús y luego San Justo. Terminábamos cuando Ricardo Basílico, Presidente del Tribunal, dictaba el cuarto intermedio hasta la semana siguiente. 

El 10 de noviembre y después de las audiencias en las que se que tomaron indagatorias a los imputados, comenzaron los testimonios. Adriana Calvo y Cristina Gioglio rompieron el hielo. Sus voces fueron las primeras que se escucharon en la tercera audiencia, cuando se exhibieron sus testimonios grabados en juicios anteriores. Además de sumergirnos de lleno en los pozos, los videos hicieron notar sus ausencias. El testimonio de Adriana fue de cuando declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz en 2006; Calvo murió en 2010. El testimonio de Cristina fue de su declaración en 2011, en el juicio del Circuito Camps; Cristina falleció el 16 de enero de 2020, ocho meses antes de que comience el juicio. También pudimos volver a ver a Nilda Eloy, a Alcides Chiesa, a Chicha Mariani y a Luis Velazco Blake. El caso de Nilda también es especial: la tarea de reconstrucción acerca de lo que había pasado, que asumió hasta el último día de su vida, la llevó a ser en muchos casos quien buscó a otras personas sobrevivientes; también aportó innumerables datos a familiares de personas desaparecidas. Es la que unió hilos, tejió redes de memoria, y entregó verdad desde su hablar pausado.

La incorporación de testimonios en video fue una conquista de las querellas. Por el rol de los organismos y víctimas y querellas, la investigación fue tan profunda. “Hay mucha ausencia en este juicio. Los organismos de derechos humanos siguieron reclamando Justicia y construyendo verdad. Hasta cinco días antes de su muerte, Adriana Calvo estuvo haciendo el trabajo de recopilación de datos que permitió investigar la causa Banfield”, dijo Guadalupe Godoy, querellante por LADH/Unión y particulares en su alegato. También dijo que la posibilidad de incorporar en la causa la investigación por el Destacamento de Investigaciones 101 fue gracias a las estructuras estatales que se pusieron a disposición de la investigación. 

El juicio arrancó con 18 imputados vivos. Cerramos con 12. Se murieron seis en el camino: Miguel Ángel Ferreyro (21-10-2021), Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz (2-7-2022), Carlos del Señor Hidalgo Garzón (01-12-2022), Emilio Herrero Anzorena (11-6-2022) y Eduardo Samuel De Lio (2023). Murieron sin escuchar la sentencia, uno en la cárcel y los otros en sus casas. Los tiempos de la Justicia hicieron que pudiéramos ver por streaming qué significa la “impunidad biológica” de la que tanto hablaba Nilda Eloy. 

De esos 12 imputados, sólo uno está detenido en la cárcel: Jorge Héctor Di Pasquale, en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, Roberto Armando Balmaceda, Enrique Augusto Barre, Jorge Antonio Bergés, Alberto Julio Candioti, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Federico Antonio Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo, tienen prisión domiciliaria en sus casas. De ellos, Castillo, Fontana y Barre enfrentan un juicio por primera vez. El resto ya tiene otras condenas. 

En este tiempo los vimos hacer cualquier cosa en el Zoom: ponían osos de peluche frente a la cámara, leían el diario, atendían el teléfono, tapaban la cámara con una hoja y hasta hablaban con otras personas. 

Estas doce personas están acusadas por haber sido parte del plan sistemático de la dictadura, que incluyó secuestros, torturas,  violaciones, asesinatos y desapariciones de cuerpos. Algunos eran parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otros formaban parte del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército y, en el caso de Smart, el único civil, dio órdenes y fue parte del Ejecutivo de la provincia como Ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean. Se los acusa por crímenes en cuatro centros clandestinos de detención del conurbano: las Brigadas de Investigaciones de Banfield, de Quilmes, de Lanús (que en realidad quedaba en Avellaneda) y de San Justo. La Inteligencia la hicieron desde el edificio que está en pleno centro de la ciudad de La Plata. La redacción de Pulso Noticias está ubicada justo enfrente.

En estos tres años del Juicio Brigadas escuchamos casi 500 testimonios: hubo 468 testigos en un debate oral con más de 605 víctimas si se cuentan los casos de la Brigada de San Justo.  

Muchas personas todavía sin identificar. El rol del EAAF

En la audiencia 6, en diciembre de 2020 el EAAF fue contundente: “Aún quedan numerosos restos por identificar en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de los cuales hemos obtenido su perfil genético con lo cual hacen falta que se acerquen familiares”, dijo Sofía Egaña. 

Una nueva búsqueda para Abuelas

Fernando García estuvo detenido en el Pozo de Quilmes desde mayo de 1977 y declaró en la audiencia 55. Mientras fumaba sin parar, entre su relato apareció el nombre de una persona que nunca había sido escuchado con anterioridad en este juicio. García contó que compartió cautiverio Carlos Eduardo Garak, a quien le decían El Largo. Y que se enteró de que la esposa de El Largo estaba ahí y era hija de un coronel. En reconstrucción con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), supo que la compañera de El Largo se llamaba Beatriz Alicia Lenain y estaba embarazada. 

La declaración de García aportó un dato sustancial para que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) cruce perfiles genéticos con los de la familia de Beatriz para empezar una nueva búsqueda de un nieto o nieta apropiado por la dictadura, que no estaba denunciado ante Abuelas de Plaza de Mayo. Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas, solicitó al tribunal que se informe a la CONADI para que se certifique si la familia de Lenain dejó muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Lovelli explicó que hay 12 mil personas que se acercaron en algún momento a cotejar su muestras de ADN y no encontraron a sus familiares entre quienes dejaron sus muestras en el BNDG.

El nieto o nieta que nació en el cautiverio podría ser una de las 12 mil personas. Muchas familias no han dejado sus muestras, en algunos casos porque la situación de clandestinidad de los y las militantes les impidió saber sobre el embarazo; en otros, porque además del desconocimiento, las familias no tienen interés en identificar restos óseos; también están quienes no han podido acercarse, o mejor sería decir que el Estado no se les acercó lo suficiente. 

Beatriz tenía una hija de poco más de un año cuando la secuestraron junto a su compañero. Aquella niña, ahora adulta, que llegó al juicio sin saber que tenía una hermana por buscar, ya se acercó al BNDG a dejar su muestra genética para poder identificar a una posible hermana o hermano. Beatriz era trabajadora del Estado, militante peronista y vivía en Lanús. Cuando la secuestraron tenía 27 años.

Uruguay

Otro dato que se destacó en este juicio es la gran cantidad de militantes uruguayos que pasaron por algunas de las Brigadas, fundamentalmente por la de Quilmes. Está instalado que la Operación Cóndor, el plan de coordinación de las dictaduras latinoamericanas, funcionó en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Automotores Orletti, en el barrio porteño de Floresta. Si bien podría decirse que en Orletti operó la coordinación general del Cóndor, es innegable que la persecución a militantes de otros países se dio también en otros circuitos. Por el Pozo de Quilmes pasaron decenas de uruguayos y uruguayas. El juicio aportó varios testimonios en este sentido por 28 casos. En la audiencia 83, el análisis profundo y sistematizado de Walter Washington Pernas Pereira, de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay,  dio cuenta de cómo, además, desde el aeropuerto de El Palomar salían los aviones que trasladaban personas secuestradas y personal militar de los dos países. 

Encuentros

Cuando declaró “El Tano” escribimos una nota: “Miguel Santucho busca a su hermanx”, porque lo que pasaba era eso: cuando declaró Miguel supimos que Cristina Navajas, su mamá, estaba embarazada en el momento de su secuestro y que toda una familia -todo un país, en realidad- estaba buscando a su hijo o hija. No tenían ningún testimonio que pudiera dar cuenta del nacimiento.  

El año pasado, el Tano Santucho, junto a Abuelas de Plaza de Mayo, lo encontraron. Daniel Santucho Navajas es el nieto 133, la última identidad restituida a fines del año pasado. 

Antú Divito Trejo / La Retaguardia

Durante el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo, en el que se repasaron todos los embarazos, hijos e hijas apropiados por la dictadura, la abogada Colleen Torre contó sus historias. Para cerrar los miró y sonrió: “Hoy los tenemos acá, juntos”. El Tano extendió su mano. Y Daniel también.

“A partir del año pasado, Daniel puede disfrutar de su hermano, de su padre, de su hermana, de su hermano Camilo y de toda la familia que lo buscó durante 46 años. Cristina continúa desaparecida y nos parece importante destacar que Daniel ha expresado y es su deseo que la última casa donde fue criado por su apropiador, sea convertido en un merendero que lleve el nombre de su madre, Cristina Navajas”, dijo Collen Torre, querellante por Abuelas de Plaza de Mayo. 

La responsabilidad empresarial

Victoria Basualdo fue llamada a declarar como testiga de contexto y fue contundente: “Hubo articulación militar-empresarial”. Dijo que el término “complicidad” se queda corto cuando lo que sucedió fue que las empresas lideraron persecuciones y entregas de trabajadores. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.

El 88% de los secuestros de los trabajadores de las 25 empresas que analizó en su testimonio fueron secuestrados en sus lugares de trabajo y el 76% entregó información de sus trabajadores y listas de delegados a los militares y policías. La articulación militar empresarial de la que habló Basualdo también fue a través de la plata: el 48% de las empresas hizo aportes económicos a las fuerzas represivas. 

Que se abra una causa para profundizar en la responsabilidad de las empresas en la entrega de trabajadores fue un pedido de la querella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) durante este debate. 

Laburantes

A lo largo de estos tres años y medio de audiencias escuchamos cómo las víctimas eran trabajadores, estudiantes, obreros, docentes y profesionales. También escuchamos decenas de testimonios acerca de cómo en los operativos se llevaban también los muebles de las casas. En algunos casos, también fraguaban ventas y se quedaban con las propiedades.

Los hermanos Iaccarino ya declararon en una decena de oportunidades. “Somos el primer grupo económico secuestrado en Argentina, que además estuvimos a merced de dos cuerpos del Ejército: el I Cuerpo porque nos secuestraron en La Plata y Capital y el III Cuerpo, que dependía de (Luciano Benjamín) Menéndez, porque nuestra actividad económica era en Santiago del Estero”, detalló Alejandro. Y contó cómo fue el saqueo a los bienes familiares y a los de la empresa. 

El rol de la inteligencia

Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda y Alberto Julio Candioti operaron desde el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. 

La investigadora Stella Segado trabajó durante años en el Ministerio de Defensa. Tuvo acceso a conocer en detalle el ordenamiento militar y explicó en su testimonio el funcionamiento y la estructura de la Inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense. 

El ex Destacamento 101 del Ejército, ubicado en 55 entre 7 y 8, cumplió un rol clave en el esquema represivo de la última dictadura en la región. Desde allí se recolectaba la información para planificar secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. 

En 55 entre 7 y 8, pleno centro platense, el personal militar y civil fue el encargado de realizar tareas de inteligencia, es decir, conseguir información, analizarla, clasificarla, cotejarla y elevarla a la estructura superior: el Batallón 601 de Inteligencia, en Capital Federal.

Los medios de comunicación

Los medios de comunicación que respondían a la dictadura cívico-militar-eclesiástica fraguaron una noticia en la que aseguraban que Alejandrina Barry había sido abandonada por sus padres. En realidad, habían sido secuestrados y estaban desaparecidos. Susana Mata y Juan Alejandro Barry fueron asesinados en Uruguay por fuerzas conjuntas de la Marina en uno de los tantos operativos del Plan Cóndor. Medios de la Editorial Atlántida —las revistas Gente, Somos y Para Tí— publicaron falsas noticias que mostraban a una niña sola y abandonada por sus “padres terroristas”. Bajo el título “Los hijos del Terror” inventaron una historia en la que la mamá de Alejandrina se había suicidado frente a ella y su padre había sido abatido en un enfrentamiento. 

Además, durante este juicio, la actual diputada porteña se enteró a través del testimonio de Laura Franchi de que ella la amamantó durante el cautiverio de su madre, quien no podía hacerlo por el estado en el que la dejaron torturándola. Si bien Barry sabía que otras secuestradas parturientas la habían alimentado, desconocía que Franchi estaba entre ellas. El juicio le ayudó a continuar rearmando el rompecabezas.

Las inspecciones oculares 

Durante estos tres años fuimos a tres inspecciones oculares, las visitas a los lugares de los hechos que se dan durante el juicio, cuando el tribunal deja la sala de audiencias y se plantean ponerle imágenes y sensaciones a esos testimonios que les cuentan quienes dan testimonio. Fuimos al Pozo de Quilmes, al de Banfield y al de Avellaneda. En los tres, produjimos materiales audiovisuales y fotográficos y aportamos las producciones y nuestros insumos a la Justicia. 

Las incorporaciones: la Brigada de San Justo y las travestis también son víctimas 

En 2022, antes de que muriera multicondenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la Instrucción de las causas de lesa en La Plata, procesó al genocida y a Jaime Lamont Smart, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo por perseguir, detener y torturar a 8 travestis en el Pozo de Banfield entre 1976 y 1983. Fue por pedido e investigación de la fiscalía,  Ese año se ampliaron las imputaciones, que se sumó la Brigada de San Justo como otro centro de detención en este juicio y empezó un nuevo capítulo en el Juicio Brigadas.

Violaciones e impunidad

Que Miguel Ángel Ferreyro había violado a Nilda Eloy lo sabemos desde hace mucho tiempo. Fue la misma Nilda quien lo contó: “Fue la primera persona que lo denunció en esta jurisdicción en el Juicio por la Verdad y su testimonio, que sirvió para condenar a tantos y a tantos hechos, no servía en ese momento para acreditar lo que ella decía”, dijo Guadalupe Godoy en su alegato. Al parecer, es necesario acreditar mayor evidencia en el caso de la violencia de género hacia mujeres, lesbianas y travestis.  

Alejandra Paolini lo reafirmó como testiga de contexto en el Juicio: “Existió un mayor ensañamiento y mayor crueldad hacia las mujeres, una expresión más exacerbada del continuum de violencia de género que viven históricamente las mujeres en la sociedad”, explicó. “Las mujeres eran malas madres, malas esposas, además eran asesinas, guerrilleras y putas; hay innumerables testimonios de que así eran nombradas y agredidas, a diferencia de los varones. Había una diferenciación en cómo se dirigían a las mujeres, un mayor castigo”. María Sondereguer reforzó: “es en el cuerpo de las mujeres donde los varones inscriben su rol de poder. Eran un disciplinamiento hacia mujeres que se habían salido de su rol tradicional”. La pregunta que nos surge es: ¿y la violencia hacia las travestis?

Lo histórico: ¿la Justicia podrá dejar de ser (tan) cishétero?

Este juicio tiene una particularidad que lo hace único no sólo en Argentina sino en el mundo: es la primera vez que se juzga como parte del genocidio -no sólo por lo que pasó en nuestro país sino por lo que sucedió en otros contextos similares en América Latina-  la violencia específica y la intensificación de la violencia hacia 8 travestis que estuvieron detenidas desaparecidas en el Pozo de Banfield, donde también funcionó la maternidad clandestina. “En este juicio pudimos incluir 8 casos pero sabemos que hay muchísimos más  que no es el único centro clandestino donde fueron alojadas en esos años. Recién ahora esto comienza a poder ser judicializado. Empezamos a poder acompañar los testimonios en el sistema de justicia, aunque esto es algo que se sabe por el trabajo que vienen haciendo diferentes colectivos y organizaciones”, dijo Ana Oberlin, Auxiliar Fiscal de esta causa. 

“Haber logrado, con mucho esfuerzo, primero que el Juez de instrucción indagara y procesara por estos casos, que la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmara estos procesamientos y que ahora, podamos estar cerca de escuchar el veredicto. Esperamos que los Jueces de este tribunal hagan lo que corresponde, no estamos pidiendo algo sin sentido. Estamos pidiendo que se ajuste el fallo, que se las incluya como corresponde como parte del colectivo victimizadas por el terrorismo de Estado”, agregó Oberlin.

 ¿La Justicia se hará cargo de su rol histórico y les otorgará la Reparación Histórica que las travestis vienen pidiendo hace años? ¿O vamos a seguir asistiendo al genocidio social que las condena a la marginalidad y el silencio? Este martes, desde las 12, tendremos esta respuesta, entre otras. Y se podrá ver en vivo, como cada una de las instancias de este juicio.

Transmisión del veredicto

Traficante de stikers. Julia no se acuerda cuando decidió convertirse en periodista, pero a los 11 años escribió un cuento: un fideo de barrio armaba una revolución en la alacena para no morir en la olla. Ella cree que ahí empezó todo, y puede que tenga razón. Nació en Bahía Blanca, una ciudad donde hay demasiado viento, Fuerzas Armadas y un diario impune.
En 2012 recibió un llamado: al día siguiente se fue a Paraguay a cubrir el golpe de Estado a Fernando Lugo. Volvió dos meses después, hincha de Cerro Porteño y hablando en guaraní. Trabajó en varios medios de La Plata y Buenos Aires cubriendo géneros, justicia y derechos humanos. Es docente de Herramientas digitales en ETER y dio clases en la UNLP y en la UNLZ.
Tiene una app para todo, es fundamentalista del excel e intenta entender de qué va el periodismo en esta era transmedia.

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