Trabajadores y trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia realizaron una protesta para denunciar el deterioro de los edificios y la inestabilidad laboral de quienes trabajan en programas que son claves en la asistencia a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Pilar Molina, en el centro de las críticas
Esta mañana trabajadores y trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), realizaron una radio abierta en la sede ubicada en 117 entre 70 y 71, para denunciar diversos problemas que van desde precarización laboral, desmantelamiento de programas clave para el sector, hasta la existencia de negociados millonarios con empresas tercerizadas a costa del deterioro permanente de los edificios en los que funcionan los distintos dispositivos.
La falta de políticas públicas ante la vulnerabilidad en la que viven miles de niños, niñas y adolescentes en la ciudad (y en toda la Provincia) no es algo que sólo denuncia el propio personal del organismo. Fue la Suprema Corte de la Provincia la que en mayo emitió una declaración que reconoce el “agravamiento de la situación de riesgo y/o vulneración de derechos” por la que atraviesa este sector, que debería ser destinatarios de las medidas, políticas y servicios del sistema de protección estatal. El máximo tribunal bonaerense se refería fundamentalmente a La Plata, Berisso y Ensenada.
También la Comisión Provincial por la Memoria menciona esta situación en el último informe sobre las instituciones de encierro que presentaron el mes pasado. Allí hacen una comparación: “En 2017, las partidas presupuestarias para seguridad era del 8,8% del presupuesto provincial y niñez el 0,4%. En 2018 no hubo aumento para niñez, pero sí para seguridad que trepó al 9,8%. La distancia entre estas áreas es cada vez mayor: en 2009 el presupuesto destinado a seguridad era 11 veces mayor al destinado a niñez, en 2018 fue 26 veces más. La única respuesta del Estado es el abordaje de estos problemas a través de las instituciones penales. El nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad o punibilidad de los niños, niñas y adolescentes, impulsado por los ministerios nacionales de Seguridad y Justicia, se inscribe en esa dirección”.
Precarización y preocupación
Entre los programas que están afectados por una política que se caracteriza por la falta de inversión, está el denominado Autonomía Joven, que tiene como objetivo acompañar el egreso institucional de los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad social que se encuentran en la órbita de las Subsecretarías de Promoción y Protección de Derechos, y de Responsabilidad Penal Juvenil.
Dicho acompañamiento comienza a los 16 años y se extiende hasta los 21, con posibilidad de continuar hasta los 25 si el/la joven estudia o se capacita. El programa prevé una asignación a los jóvenes, correspondiente al 80% de un salario mínimo vital y móvil para que puedan solventar y favorecer la consolidación y armado de sus proyectos de vida.
Sin embargo, el mismo pende de un hilo. “Nos encontramos atravesando una profunda preocupación respecto a la continuidad de nuestra fuente de trabajo”, señalaron en un comunicado de prensa emitido previo a la realización de la protesta de hoy. Se trata, sólo en La Plata, de 10 personas que trabajan bajo contrato de locación de servicios (Equipo Central, Equipo Territorial y Administración), que en su mayoría vienen desarrollando tareas desde hace tres años.
“Entendemos que existe una relación laboral de dependencia encubierta, ya que desarrollamos funciones ininterrumpidamente desde el año 2016, cumpliendo horarios y ejerciendo mismas tareas que trabajadorxs de planta permanente. Sin embargo, como trabajadorxs contratadxs, no contamos con el paquete de derechos laborales que sí cuentan los trabajadorxs de planta, no tenemos cobertura de ART, seguro ni tampoco obra social incluida. Por otra parte, tampoco percibimos viáticos ni horas extras, aguinaldo, ni otras bonificaciones que sí perciben los trabajadorxs de planta, como la bonificación por tarea especial, etc. Es decir, a igual tarea y función, diferente remuneración y desigualdad de derechos laborales”, remarcaron.
En el caso de este programa, la continuidad laboral es vital, no sólo para quienes trabajan en el mismo. “Es importante mencionar que el mentado acompañamiento a cada joven es realizado siempre por los mismos dos referentes. Dicho acompañamiento es y debe ser un proceso sostenido en el tiempo y progresivo, generando entre el/la joven y sus referentes un vínculo necesario. Con lo cual las condiciones laborales, fundamentalmente aquellas que hagan a la permanencia, son de vital importancia y favorecen no sólo la tarea en sí misma sino los procesos subjetivos de los/as jóvenes que se encuentran bajo el Programa Autonomía Joven”, explicaron.
En ese marco, indicaron que debido a la situación de precariedad laboral y los bajos salarios “varios integrantes de equipos territoriales y coordinadores de los mismos han presentado sus renuncias, impactando esta situación directamente en el trabajo que realizan con los pibes y pibas incluidxs en el programa”.
Prioridades invertidas
Otro de los reclamos que expresaron los trabajadores y trabajadoras del organismo esta mañana es el referente a lo que describen como un millonario negociado del Gobierno de María Eugenia Vidal con empresas tercerizadas para implementar molinetes con control biométrico en los edificios públicos, a pesar de que buena parte de los mismos tienen serias falencias edilicias.
En ese marco, desde principios de este año vienen denunciando que la directora del OPNyA, Pilar Molina, habilitó el avance de los molinetes, siendo “un gasto innecesario, dado que los edificios públicos se encuentran en evidente deterioro a tal punto de poner en riesgo nuestra integridad física”. De hecho, en junio ocurrió un principio de incendio en el edificio y el personal también advirtió sobre la existencia de una fuga de gas.
Además, señalaron que otros dispositivos dependientes del organismo están en la misma situación. “Por ejemplo, hace más de dos años que el predio de Abasto se encuentra sin gas (los pibes se bañan con agua fría en invierno!) pero han puesto cámaras de seguridad con el objetivo de controlar a los trabajadores”, remarcaron.
“Hemos solicitado varios informes a la gestión de Molina en relación a la instalación eléctrica, de gas, plan de mejoramiento estructural del edificio y la única respuesta, hasta el momento, fue el montaje de un simulacro de evacuación con el único fin de avanzar con la puesta en funcionamiento de los molinetes y hoy nos encontramos encerrados en un edificio en peligro”, aseguraron.
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