El sistema penal bonaerense: los números de la crueldad

Foto: Comisión Provincial por la Memoria

La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual donde se reflejan las alarmantes estadísticas de sobrepoblación carcelaria y violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro de la Provincia. Políticas públicas que generan el incremento de la tortura y del riesgo de muerte

Este miércoles por la mañana en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense se presentó el Informe Anual 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), denominado “El Sistema de la Crueldad”, que refleja las alarmantes estadísticas de superpoblación carcelaria y violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro de la Provincia.

En el mismo, se aclara que si bien la gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal reconoció “desde el primer momento, la crisis del sistema penal (…) pasaron casi cuatro años desde entonces y no se tomó ninguna medida para revertir esa situación”.

“Todo lo contrario, este gobierno profundizó las políticas de seguridad orientadas a un mayor endurecimiento de la persecución penal. Bajo la doctrina de las nuevas amenazas, en su doble dirección, guerra contra el narco y guerra contra el terrorismo, justifica la implementación de dispositivos de vigilancia y control sobre las poblaciones transformadas en blancos de preferencia. Esta orientación que promueve la construcción de un escenario bélico y lleva en su definición la asunción de la muerte como resultado esperable de las políticas de persecución del delito que legitima en la doctrina Chocobar”, indican.

En ese marco, señalan que la Provincia sostiene su política criminal en base a dos características: el control policial del territorio y el encarcelamiento creciente. “La violencia policial afuera y la violencia penitenciaria adentro, garantizadas y avaladas por el Poder Judicial. El único resultado de esta política fue la consolidación del sistema de la crueldad”, destacan.

Antes de enumerar las estadísticas, resumen que quienes principalmente están afectados por este tipo de políticas son las poblaciones más vulnerables: “la abrumadora mayoría de las personas que captura el sistema penal son pobres, acusados de delitos menores”. 

Un dato que se repite, es que “en los últimos años, la prisión preventiva, la flagrancia y el juicio abreviado se convirtieron en la regla del sistema penal bonaerense. En primer lugar, el encarcelamiento de inocentes como tendencia se expresa en la aplicación de la prisión preventiva de manera generalizada”.  

“En segundo lugar, en los últimos años, la utilización del juicio abreviado se impuso como un instrumento que afecta las garantías del debido proceso al constituirse en un acuerdo extorsivo tendiente a llegar a una rápida condena en detrimento de un juicio oral y público. Entre 2013 y 2018, el 79% de las condenas en la provincia se dictaron por juicio abreviado”, apuntan.

En este contexto, explican que durante esta gestión “se superaron todos los récords de cantidad de personas encarceladas en términos netos, y también de la tasa de prisionización y la tasa de crecimiento interanual de personas detenidas. El correlato directo de esto es la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención en cárceles, comisarías y alcaldías, el incremento de la tortura y el riesgo de muerte constante: las masacres de Pergamino en 2017 y Esteban Echeverría en 2018 así lo confirman”.

Sobrepoblación y violación de derechos humanos

Según indica el informe, la sobrepoblación carcelaria alcanza el 113%, con 42 mil personas detenidas y 20.000 plazas disponibles. Pero si además se tiene en cuenta a las personas privadas de su libertad en comisarías, la situación es aún más grave: “a diciembre de 2018, había 4.129 personas alojadas en las dependencias policiales de la Provincia y un cupo de 1.007 camastros. Es decir, tres de cada cuatro personas que duermen en el piso o se turnan para dormir”. Esto implica una superpoblación de 310%.

A su vez, se señala que el 72% de las 140 muertes ocurridas en cárceles fueron por problemas de salud no asistidos. En ese sentido, se aclara que hubo 1.857 hechos de falta o deficiente atención a la salud, que implican: acceso a la atención médica y a los lugares de atención impedido por la mediación penitenciaria; la falta de políticas de atención primaria; la deficiente atención de los profesionales de la salud; el deterioro de los espacios de atención; la falta de recursos e insumos; la mala alimentación y la deficiente vinculación con hospitales extramuros.

Por otro lado, el documento remarca que las peores violaciones a los derechos humanos las padecen mujeres y personas trans. “A las que sufren todas las personas en el encierro, acumulan las provenientes del patriarcado, la discriminación y la desigualdad”, señalan.

Los datos indican que hay 2.013 mujeres detenidas en la Provincia. Desde 2016 crece más que la población masculina. En 2018 la cantidad de mujeres detenidas subió un 18%  y los varones un 11%. La sobrepoblación femenina se duplicó: de 24% en 2017 a 51% en 2018. Mientras que la población trans-travesti creció en un 36%, y el 86% están procesadas.

En tanto, las políticas para niños, niñas y jóvenes en el encierro tiene las mismas características. La sobrepoblación en 2016 alcanzaba el 2%, mientras que en 2018 llegó al 9%. A su vez la población de niños y niñas no punibles ha crecido de forma contínua: en 2015 representaba el 0,8%, en 2018, 13% del total.

“La niñez en la provincia de Buenos Aires está en peligro. La situación de emergencia es el resultado del abandono, desfinanciamiento y carencias estructurales de un sistema que, pese a normas protectoras, no ha logrado articular las intervenciones estatales reconociéndolos como sujetos de derecho que demandan la atención prioritaria del Estado”, explican y luego enumeran los datos del desfinanciamiento progresivo de todos los programas de atención a la niñez y adolescencia.

Por último, el informe también se refiere a la atención en salud mental que se realiza en los manicomios de la Provincia, asegurando que “se realiza en condiciones indignas (…) Estas condiciones favorecen prácticas como el aislamiento, la sobremedicación, la limitación indebida de la autonomía, que constituyen dimensiones de trato indigno e inhumano o de tortura”.

Ante la falta de datos oficiales, la CPM utiliza como insumo la información Subsecretaría de DDHH de la Suprema Corte y los hospitales a cargo del Ministerio de Salud. Según se detalló se detectaron 180 personas fallecidas en el marco de internaciones por razones de salud mental, de las cuales 57% se produjeron en el sector público (un porcentaje elevado teniendo en cuenta que aloja solo a un 15% de la totalidad) y 63% en lugares privados, en los cuales no se especifica el causal del deceso.  

“La gran cantidad de muertes son producto de las condiciones de internación y las prácticas a las que son sometidas las personas: sobremedicación farmacológica, sujeción mecánica sin regulación ni control, pésimas condiciones materiales e higiénicas, y deficiente o nula atención médica clínica”, concluyen.

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