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lunes 11-11-2024

Denuncian sanciones arbitrarias y discriminación en la Unidad Nº8

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Dos personas se encuentran en huelga de hambre desde hace quince días. Manifiestan que existe abuso de poder, violencia de género, pésimas condiciones de detención y que les impiden continuar sus estudios universitarios

Esta mañana organizaciones de la diversidad sexual se manifestaron en la sede de las fiscalías, en 7 entre 56 y 57, para reclamar por la situación de Pablo Martínez y Flavia Rodríguez, quienes se encuentran en huelga de hambre desde hace quince días en la Unidad Nº8 de Los Hornos.

Se trata de la cuarta medida de este tipo que toman en el año, como forma de protesta ante las malas condiciones de detención que vienen denunciando, que incluyen sanciones arbitrarias, golpizas y falta de protocolos penitenciarios para el abordaje de las problemáticas de las personas pertenecientes a los colectivos de la diversidad sexual.

Cabe recordar que en junio el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 había ordenado una serie de medidas a esta institución tras un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El fallo exigía la clausura del pabellón de aislamiento y la readecuación del pabellón trans al tiempo en que remarcaba la prohibición del alojamiento de personas en áreas de separación por tiempo ilimitado.

Además, en febrero de este año se había desarrollado una protesta de familiares de las internas de este penal, ante los “reiterados casos de abusos, torturas y la muerte de dos personas”.

Sin embargo, desde adentro de la unidad afirman que estos padecimientos continúan y por esa razón se encuentran realizando nuevamente una huelga de hambre. En concreto, Pablo Martínez -una persona intersex- denuncia que se encuentra alojado junto a su pareja Flavia Rodriguez Castro “en una celda ubicada en el sector de buzones que no cuenta con ventilación adecuada para la permanencia de seres vivos, mucho menos en climas de verano, además de las precarias conexiones eléctricas por las cuales quedé electrocutado hace no más de dos semanas”.

En ese marco, cuestionó a la dirección del establecimiento por: “abuso de poder y abuso de autoridad en cumplimiento de sus funciones; proporcionar golpizas y sanciones injustificadas; violencia de género y discriminación hacia mi persona por mi condición de intersex, siendo el único en mi condición en toda la población de Buenos Aires en contexto de encierro; cortar vínculo familiar cuando soy sancionado”.

Según explicó a Pulso Noticias Jaku, integrante de un colectivo de la diversidad sexual que protestó hoy en la sede de las fiscalías, tanto Flavia como Pablo “reciben constante hostigamiento por reclamar sus derechos, se los sanciona arbitrariamente. Esto es una cuestión política, ambos tienen una causa armada. Pablo está hace más de dos años y medio encerrado, está pasado del tiempo de la prisión preventiva. Flavia hace como tres años, también en esa situación”.

Entre otras cosas, denuncian que no se les permite la salida al patio, la existencia de “constante tortura física y psicológica, por el solo hecho de ser intersex”, y que se les impide el derecho a estudiar (ambos se encuentran cursando derecho en la UNLP).

“Se nos amenaza constantemente en los traslados quitándonos los teléfonos al filmar dichas torturas antes mencionadas, nos golpean además de generar provocaciones con otras internas”, remarca Pablo en un escrito que elaboró para presentar en Fiscalía.

Según transmitió la propia Flavia a este medio, el estado de salud de Pablo es delicado y no está recibiendo una correcta atención médica. En ese marco, continuarán con la medida hasta obtener respuestas a sus reclamos: que los dejen de sancionar injustamente, el establecimiento de un protocolo, que se les dé acceso al patio y se les reestablezca el derecho a seguir estudiando.

Además, piden que no se les corte el derecho a vincularse con sus familiares, reclaman la relevación del cargo de las autoridades del penal, y exigen que no se permita el traslado a otras unidades penales ya que Pablo tiene en curso su tratamiento hormonal y se encuentra amparado por la Ley de Identidad de Género.

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