Así lo afirmó la psicóloga platense integrante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina en declaraciones a Radio Estación Sur. Reflexionó sobre el proceso de los denunciantes, el encubrimiento de la Iglesia ante los delitos sexuales, la importancia de la separación Iglesia-Estado y hasta denunció la lentitud de la justicia en el caso Lorenzo
Tras conocerse este lunes la histórica condena de 45 y 42 años respectivamente a los sacerdotes Horacio Corbacho (59) y Nicola Corradi (83), acusados por abusos sexuales y corrupción de menores en el Instituto Próvolo de Mendoza, la psicóloga platense integrante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, Liliana Rodríguez, resaltó que se trató de una sentencia ejemplar en muchos aspectos y superó las expectativas.
Además de la cantidad de años de condena, “la sentencia contempla una serie de indicaciones al Estado provincial en cuanto a brindar asistencia gratuita psicológica, grupo de reflexión, y hasta puestos laborales para los sobrevivientes”, explicó Rodríguez en declaraciones al programa radial Clase Turista, emitido por Radio Estación Sur 91.7. “Todo esto tiene que ver con la lucha colectiva que se dio”.
Pasaron tres años desde las primeras denuncias de los sobrevivientes del instituto situado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, durante los cuales los defensores puestos por la Iglesia intentaron entorpecer la causa “desde descalificar a las víctimas hasta todo tipo de procedimiento de dilación”.
Según explicó la psicóloga, este es un caso paradigmático que sacude a la Iglesia Católica en su totalidad: “realmente le toca la sotana a Bergoglio, y no va a poder desoír lo que sucede”. Para ella, lo paradigmático del Caso Próvolo son las raíces que tiene esa institución dentro de la Iglesia, es decir, toda la jerarquía eclesiástica estuvo al tanto de lo sucedido en el Instituto Próvolo de Verona (Italia) donde estos mismos curas –Corradi y Corbacho, entre otros- fueron denunciados por abusos sexuales y luego –por el modus operandi de la Iglesia- los trasladaron a la Argentina.
Corradi está denunciado también por casos ocurridos en la sede platense del Próvolo y en breve deberá dar las explicaciones correspondientes ante la fiscal que está a cargo de la causa local, Cecilia Corfield.
Iglesia y Estado, asunto separado
“Como Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos hemos tomado posición, y lo planteamos públicamente frente a las elecciones pasadas: que los candidatos y candidatas tomaran posturas por la separación Iglesia y Estado, ese es el camino que entendemos como Red que va a permitir con la depuración y terminar con este tipo de delitos”, enfatizó Rodríguez.
Para ella, la institución Iglesia por sí misma no lo va a hacer, “nunca lo hizo porque toca los cimientos de una institución milenaria”. Y aclaró que no tiene nada que ver con la fe. “Quienes intentan boicotear estas ideas, que generalmente son personas que han perdido el pensamiento crítico detrás del fundamentalismo por el catolicismo quieren confundir con que atentamos contra la fe. Y eso no es así”.
“Nuestro gran problema, y nuestro enemigo es la institución Iglesia que tiene mecanismos de impunidad que avalan la repetición de generaciones y generaciones abusadas por los mismos curas”, aseguró. Al tiempo que subrayó: “es un plan sistemático”.
Dignidad
“Estos delincuentes utilizan la vulnerabilidad de los sobrevivientes, son elegidos por ese punto para poder ejercer mayor poder”, describió la psicóloga. “El Próvolo pone una lupa en eso, sobre la terrible crueldad y hasta dónde pueden llegar, utilizando la sordera que tenían estos niños y jóvenes y atrozmente no enseñando la lengua de señas puso en evidencia la mayor de las crueldades”, explicó.
Para Rodríguez la contundente sentencia también significa, en términos simbólicos, que “sí, les creemos. Que esta sociedad les cree, esta justicia les cree y aplica la máxima condena. En ese sentido le devuelve la dignidad”.
“Día a día se comunican personas de diferentes puntos del país que han sido abusadas en diferentes lugares por curas, y en su minoría por monjas”, contó Rodríguez. Al tiempo que explicó que a los sobrevivientes les lleva todo un proceso hablar. “No todos los sobrevivientes han podido contarles a su familia, no todos han podido denunciar. Esos son pasos muy importantes que la persona va dando. Primero, reconocer lo que le pasó, poder ponerle la palabra abuso. Después poder hablarlo en un ámbito familiar, cercano. Después en la justicia es otro paso poner la palabra en una fiscalía. Y después lo público. Son pasos que van dando los sobrevivientes a su manera, con sus tiempos y, principalmente acompañados colectivamente”.
En tiempos donde no se callan más sobre casos de abusos y violaciones, Rodríguez caracteriza que en América Latina empezó un movimiento de denuncias específicamente contra los delitos sexuales cometidos por integrantes de la institución católica que “es imposible de parar”. “Bergoglio ya no pude mirar para otro lado”.
“Desde hace unos años ha habido una vorágine de luchas sociales enmarcadas una de la otra, que tiene que ver con la legalización del aborto, con el Ni Una Menos y nuestra histórica lucha contra la violencia de género y contra los femicidios. Se van engarzando, y van emergiendo en paralelo todas estas causas que hacen que la sociedad empiece a despertar, a moverse, y a tomar conciencia de quienes son los que andan sueltos por las calles”.
Causa Lorenzo
En cuanto a la causa contra el cura denunciado por multiples abusos sexuales y corrupción de menores, Eduardo Lorenzo, la psicóloga de la Red –quien también ya declaró en la causa- afirmó que están esperando que la fiscal Ana Medina eleve a juicio y pida la inmediata detención del excapellán penitenciario.
Puso el ejemplo de las denuncias realizadas la semana pasada en La Pampa, donde los dos fiscales rápidamente ordenaron allanamientos y llamado a declaraciones, para contraponer el accionar de la justicia platense. La primera denuncia contra Eduardo Lorenzo se realizó ante la fiscal Medina en 2008, sin embargo, la causa fue archivada de manera inmediata.
“Entonces también depende del compromiso de los agentes judiciales en cuanto a la celeridad y eso es fundamental porque la credibilidad en el relato de las víctimas es fundamental, no sólo para que puedan creer en las víctimas sino para que empiecen a reparar los daños que estas lacras sociales provocaron”, lanzó.
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