Para la querella familiar las acciones de la magistrada apuntan a proteger a las fuerzas de seguridad. “Su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal”, señalaron
La familia de Facundo Astudillo Castro pidió que la jueza federal María Gabriela Marrón sea apartada de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro. Para la querella familiar, la jueza no respetó el principio de imparcialidad ni actuó de acuerdo a la normativa constitucional y de los tratados internacionales en derechos humanos.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, adhirió al pedido de recusación.
Los escritos detallan una larga serie de decisiones arbitrarias adoptadas por la magistrada que obstruyeron, demoraron y desestimaron la producción de pruebas indispensables para conocer la verdad de lo que pasó con Facundo, y que sólo se explican en un intento de proteger a los efectivos policiales.
«Su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad», señalan los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro en el escrito de recusación de la jueza federal María Gabriela Marrón.
En el pedido se describe una larga lista de irregularidades y señala, en particular, la última de las decisiones de la jueza Marrón: el masivo rechazo de medidas de prueba solicitada por los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia y de la Procuraduría de Violencia Institucional.
En esa oportunidad, la magistrada se negó a allanar el puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.
“Pareciera haber un forzamiento del pensamiento lógico en procura de despejar todo indicio y toda prueba contundente que apunten a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, remarcaron las querellas en un memorial presentado esta semana ante la Cámara.
Mientras se espera la resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca sobre las medidas de pruebas que fueron denegadas en primera instancia y que resultan indispensables para avanzar con la instrucción, la jueza María Gabriela Marrón debe decidir si acepta la recusación formulada. En caso contrario, también será la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca quien deberá resolver.
Fuente: ANREd
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