Es uno de los mencionados por el gobierno local en la denuncia ante la Justicia federal por una presunta red de explotación laboral detrás de la venta ambulante. Tras una reciente nueva embestida, el profesional contestó cada uno de los argumentos en su contra
El conflicto entre la Municipalidad de La Plata y los vendedores ambulantes senegaleses sumó un nuevo capítulo esta semana. Uno de los abogados que defiende la causa de los migrantes africanos fue blanco de un nuevo intento por deslegitimar la lucha que llevan adelante, tras la difusión mediática de una acusación en su contra. Algo que el propio profesional desmintió tajantemente.
Autoridades del municipio local lo acusaron esta vez a Damián Brumer de ejercer su rol de abogado incumpliendo normas establecidas en el ámbito del derecho. En una serie de notas publicadas en portales de noticias locales, la Municipalidad planteó “tener conocimiento” de que su trabajo como empleado del Poder Judicial es incompatible con su rol de “representante legal de los vendedores”.
Algo que, simplemente, no es así. Y es que si bien Damián trabaja desde hace varios años en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata (algo que según el reglamento que rige para la Justicia Nacional no puede ser compatible con el ejercicio de abogado defensor), él no defiende oficialmente a ninguno de los vendedores senegaleses. Es tan solo uno de los referentes del grupo de profesionales que los vienen acompañando.
Foto: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)
Pero, partiendo de esa desinteligencia, el municipio le solicitó al Tribunal Oral y al Colegio de Abogados de La Plata que efectúen una investigación interna sobre el accionar del abogado, que además forma parte del colectivo de abogados y abogadas populares “La Ciega”. Allí, abocado a una ardua tarea militante vinculada a la defensa de los derechos humanos.
Vale recordar que a fines de agosto, la Municipalidad realizó una denuncia penal para que se investigue a un grupo de personas que estarían explotando laboralmente a vendedores ambulantes de origen senegalés, bajo los delitos de “trata de personas”, “asociación ilícita” y “encubrimiento de contrabando”, entre otros.
Defenderse de las mentiras
Damián cree que lo que sucede es grave. Y por eso sintió la necesidad de salir a responder las acusaciones realizadas por las autoridades municipales en su contra, haciendo un fuerte descargo.
“Me fumé que este año el gobierno me denuncie penalmente, me fumé también (por orden del Fiscal de la causa) ser investigado y vigilado de forma encubierta durante casi un mes por la División de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, me fumé artículos periodísticos que me escracharon”, lanzó Brumer en una reciente publicación en su cuenta de Facebook. En ella, deja en evidencia lo falso de la acusación del gobierno.
La titular de Control Ciudadano interpela al abogado en una de las reuniones (Foto: @vickyperezLP)
Y aclaró sobre su profesión: “Trabajo en el Poder Judicial desde antes de recibirme, y dado que el reglamento dispone bloquear las matrículas de todxs lxs abogadxs que trabajamos en la Justicia, nunca representé legalmente a nadie (ni a senegalesxs ni a argentinxs ni a nadie). No van a encontrar una sola firma mía que pruebe tal cosa”, afirmó.
En diálogo con Pulso Noticias, Brumer agregó que “la persecución que el gobierno municipal hace de mí, es también una persecución política al Colectivo La Ciega y un intento por disciplinar y amedrentar a los defensores de derechos humanos en general”. Y agregó que esto último fue especialmente tenido en cuenta por la Comisión Interamericana de DDHH, a partir de las conversaciones que iniciaron con ellos.
Cuando la militancia es tildada de proselitismo
Además de acusarlo abiertamente de incumplir normativas dentro del ámbito judicial, la ofensiva contra el abogado también incluyó las declaraciones dadas por él en el marco de una conferencia de prensa realizada semanas atrás en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La Municipalidad amplió la denuncia administrativa que había realizado ante el Tribunal Oral Federal, al entender que en esas declaraciones a la prensa junto a los senegaleses, Brumer protagonizó actos de “proselitismo político”, lo que configuraría otra violación al “Reglamento para La Justicia Nacional”.
“Son inventos instalados irresponsablemente en la opinión pública, a instancias de discursos oficiales y medios de comunicación que en el afán de justificar lo injustificable, han construido un relato ficticio que parece darle a las autoridades cierto margen de legitimidad para actuar”, consideró el abogado en su efusivo descargo.
“Ojalá el gobierno municipal dedicara un cuarto de la tenacidad que le mete a esto en desarticular las redes de trata posta”, cerró.
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