La familia del joven de barrio Hipódromo que fue asesinado por el policía Diego Walter Flores en febrero de 2013, apeló la resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que el pasado 27 de julio rechazó un recurso de queja tras la absolución del uniformado. Una instancia más en busca de revertir la impunidad
La familia de Omar Cigarán, con el patrocinio del Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, apeló ante la Corte de Nación el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que el pasado 27 de julio rechazó un recurso de queja tras la absolución del policía Diego Walter Flores en debate oral y su confirmación en Casación.
Omar tenía 17 años cuando el 15 de febrero de 2013, a pocas cuadras de su casa, exactamente en 122 y 43, el mencionado efectivo policial lo ejecutó de un tiro en el pecho. La causa fue abandonada por la fiscal Ana Medina, y llegó a juicio por la fuerza de la familia y organizaciones sociales que acompañaron la lucha por justicia.
“Este nuevo recurso señala que la sentencia de la corte bonaerense impugnada es equiparable a una sentencia definitiva, ya que la causa transitó por todas las instancias ordinarias y extraordinarias consolidando la absolución del asesino Flores sin recibir la tutela judicial efectiva y sin respetarse el derecho al debido proceso. Se trata además de una sentencia arbitraria que carece de motivación suficiente y no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa”, señaló el Colectivo contra el Gatillo Fácil (CCGF) de La Plata –del que participa Sandra Gómez, la mamá del joven– a través de un comunicado de prensa.
El agrupamiento antirrepresivo local indicó también que “la corte bonaerense pretende además cerrar la discusión basada en un exceso ritual, ya que se excusa en que las apelaciones que la querella fueron presentadas fuera de término, cuando en verdad la familia de la víctima nunca fue notificada personalmente de la resolución de Casación. Por último en ninguna instancia de este expediente se dio respuesta a lo alegado por la querella de la familia, no se valoraron los argumentos presentados y no se analizaron los hechos expuestos, lo que importa una gravedad institucional porque se trata de una causa contra un integrante de una fuerza de seguridad y compromete la responsabilidad del Estado argentino como detentador del monopolio de la violencia legítima que ordena los estados de derecho”.
Una historia de impunidad judicial
El CCGF resume en cuatro párrafos la cadena de irregularidades que derivaron en las sentencias adversas para el pedido de justicia de la familia:
En el derrotero de esta causa hubo muchas omisiones. El 4 de abril de 2017 el Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata, con voto de los jueces Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Buni, y disidencia de Germán Alegre, absolvió al policía asesino Diego Walter Flores excusándolo en la “legítima defensa” y el “cumplimiento del deber”. En febrero de 2018 la Sala V del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Martín Ordoqui y Jorge Celesia, confirmó el fallo absolutorio. En esa oportunidad los jueces de Casación no analizaron la denuncia de arbitrariedades en la valoración de la prueba y en la determinación de la materialidad ilícita, así como la ausencia de justificación para constatar en el caso una causal de legítima defensa.
Finalmente en julio pasado los jueces Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Sergio Torres y Daniel Soria rechazaron por improcedente nuestro recurso de queja ya que según los cortesanos nuestra presentación ante Casación se había hecho fuera de término, una cuestión técnica que no tiene en cuenta la gravedad del caso en cuestión, donde se investiga la responsabilidad de un policía al asesinar a un joven en un episodio de gatillo fácil. Tampoco tuvieron en cuenta que en el juicio oral contra Flores la familia de Omar como particular damnificado fue la única acusación, ante la ausencia total de tarea de parte del Ministerio Público Fiscal.
Una vez más la justicia penal bonaerense demuestra que para los pobres no hay justicia, solo balas e impunidad. Porque ninguna de las instancias atendió los argumentos de nuestra querella y sólo nos dieron la razón en el pedido de que no se aplique el inciso cuarto del artículo 34 del Código Penal, es decir, que se deseche la hipótesis de que Flores actuó en cumplimiento del deber. Una manera de pretender emprolijar un mamarracho jurídico que convalidó la versión de los hechos de los testigos Susana Palacios y Leandro Junquera, cuyos testimonios cambiaron en el juicio – cuatro años después del hecho- respecto a lo que habían dicho en instrucción: básicamente que Omar estaba armado, cuando antes no habían podido afirmarlo.
Ninguno de los jueces bonaerenses se molestó en explicar por qué si las manos del cadáver de Omar estaban manchadas de sangre el revólver que le atribuyen, que apareció 5 horas después del hecho en el calzoncillo de la víctima en la sede de la Morgue Policial, no tenía restos hemáticos. En realidad Omar recibió el disparo que ejecutó Flores mientras se iba del lugar y no enfrentando al policía, lo cual plantea que Flores no puede alegar la legítima defensa sin haberla probado en el juicio. Sin embargo prevaleció la versión de la Policía: de Flores, de un testigo, también policía, de los efectivos de la Comisaría 3ra de Ensenada, de la Comisaría 2da de La Plata y del médico policial que realizó la autopsia. Así la famosa “Doctrina Chocobar” está teniendo sus claras expresiones en la justicia penal bonaerense. Hasta ahora la justicia nos ha demostrado que tanto para los fiscales de instrucción como para los jueces de tribunal oral, los de Casación y los de la Suprema Corte es legítimo para un policía tirar a matar a una persona para evitar el robo de una moto.
La lucha continua
Desde el CCGF remarcaron que continuarán denunciando los casos de gatillo fácil y a sus responsables: “seguiremos denunciando a Ana Medina, la fiscal ausente del caso de Omar, que pretendió sobreseer a Flores desde el primer momento. Seguiremos señalando a los funcionarios de la morgue judicial, principalmente al médico policial Marcelo Menzulo, que fue quien ayudó a manipular el cuerpo de Omar para favorecer a Flores. Y seguiremos escrachando a todos los funcionarios que hicieron lo imposible para que este caso quede fatalmente impune”.
“Desde nuestro espacio de militancia antirrepresiva escracharemos al asesino Diego Walter Flores, que sigue en funciones en la Policía, caminando armado por la ciudad y en los tribunales de Quilmes, donde revista en la división de Traslados. Entendemos que esta justicia clasista intenta reafirmar una y otra vez la impunidad policial, avala el hostigamiento, la represión cotidiana, las amenazas y los aprietes a lxs pibxs pobres. Y como los jueces dan vía libre a los uniformados para matar, secuestrar y desaparecer nos encontramos hoy reclamando por otros pibes como Alan Maidana, fusilado por la espalda por un Federal en Berazategui, por Fernando Leguizamón, fusilado por dos bonaerenses en Quilmes, o por Facundo Astudillo Castro, desaparecido por la Mejor Maldita Policía del Mundo en el sur de la provincia”, afirmaron.
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