A 7 años del asesinato de Omar Cigarán, su familia, amigos y el Colectivo contra el Gatillo Fácil realizarán una actividad este sábado en Barrio Hipódromo para recordarlo y seguir pidiendo justicia. Pulso Noticias dialogó con su mamá sobre su recorrido, las políticas represivas y la falta de educación
Sandra tiene 48 años, cuatro hijos, una hija y un nieto. Hace siete que le mataron a uno de ellos. A Omar, “Omarcito” como le decían de niño. Desde ese momento, su vida y la de toda su familia cambió rotundamente.
“No esperemos que nos toque para solidarizarnos con el dolor ajeno”, repite varias veces Sandra durante la entrevista con Pulso Noticias. Ella es consciente de que a raíz del asesinato de Omar su visión sobre las diferentes luchas cambió. Recuerda que veía las marchas por televisión y se quejaba de los cortes, no podía entender por qué pasaban horas y horas allí. Pero con el correr del tiempo, se convenció de que si no se sale a la calle a luchar es imposible transformar esta sociedad, frenar con las muertes de pibes y pibas, y con la impunidad.
“Toda la lucha que se viene dando en estos siete años es la que me tiene de pie hoy”, asegura Sandra. Mientras relata la cantidad de mamás y familiares que fue conociendo en estos años, el apoyo mutuo que generan en cada encuentro, en cada marcha o juicio donde su fuerza se redobla. “No sé qué haría sin el acompañamiento de esos familiares”, asegura.
Gatillar es fácil
El 15 de febrero de 2013, el policía de la bonaerense Diego Walter Flores no dudó un segundo en dispararle en el pecho a Omar Cigarán. Al joven de Barrio Hipódromo lo acusaron de querer robar una moto mientras esperaban cruzar el semáforo de diagonal 115 y 43, y al escaparse del lugar justo estaba presente Flores en su auto particular y lo fusiló.
“Diego Walter flores no fue condenado por la Justicia, pero sí tiene la condena social. Para mí es súper importante que todo el mundo sepa que esa persona, que hoy camina libremente, se sube al tren todos los días, es un asesino”, señala Sandra con sus ojos llenos de rabia. Tras años de luchas y movilizaciones, lograron sentar en el banquillo al agente policial, que fue absuelto por mayoría del Tribunal Oral Criminal Nº 4 considerando que actuó en “cumplimiento del deber” y en “legítima defensa”.
Ante ello, los abogados de la familia de Omar apelaron el veredicto absolutorio y la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui, convalidó el fallo absolutorio diciendo que, si bien no hubo “cumplimiento del deber porque la ley orgánica no obliga a matar, Flores está justificado en el artículo 34 del código penal”. En diciembre pasado fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense un recurso extraordinario para que se revise el fallo absolutorio.
Se trata de una causa llena de irregularidades y maniobras en favor del agente policial. A los pocos meses, la fiscal Ana Medina intentó cerrar la causa sin ahondar en la investigación. A Omar le plantaron un arma en la morgue judicial, su cuerpo fue manipulado irregularmente, y hasta hubo contradicciones en las declaraciones testimoniales. Sin embargo, durante el proceso, los jueces y el “bufete de abogados” del policía –pagados por el Ministerio de Seguridad- apuntaron a los “malos comportamientos” del joven y su problemática de consumo.
¿Más balas, menos educación?
Sandra insiste en que nunca negó que Omar tenía problemas de adicciones y que robaba. Desde los nueve años tuvo que acompañarlo a diferentes instituciones del Estado que no daban respuestas a sus demandas. Omar era un niño, consumía y tenía sus amigos en el centro de la ciudad, a los que muchos llamaron peyorativamente “la banda de la frazada”. Ninguna dependencia estatal pudo sostener un tratamiento de rehabilitación y acompañamiento a Omar y a toda su familia: de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de La Plata los derivaban a otra institución dependiente del gobierno de la provincia, al Servicio Local de Niñez, de allí a otro lugar y así sucesivamente.
“Hice todo lo que pude. Pedí ayuda en todos lados”, recuerda. Las instituciones dedicadas a abordar problemáticas de niñez, o bien, las que son de contención de niños, niñas y adolescentes siempre estuvieron vaciadas. Los diferentes gobiernos destinaron millones de pesos de sus presupuestos anuales para “mayor seguridad” y poco para la educación y salud. Más balas y menos educación.
Para Sandra tiene que haber una mejor educación y menos discriminación: “Hay que concientizar más. No todos los pibes tienen la contención de su familia o un lugar donde puedan estar estables”. En ese sentido, resaltó que a los pibes se los discrimina mucho, “la mayoría de los pibes no consigue laburo, y también está el pibe que dejó la escuela y se puso a laburar para ayudar a la familia, y sí, muchas veces se juntan en la esquina, pero no todos son chorros”.
Indignada ante la criminalización de la juventud pobre, señaló: “Hay un montón de pibes que están presos por causas armadas. Hay pibes que están presos por ser pobres, porque les armaron una causa y no tienen un buen defensor. Ahora, otra cosa es si vos tenes guita, como los rugbiers que mataron a Fernando: ya hay dos que están en la casa, y mañana van a salir dos más y así van a quedar todos libres”.
Robá para mí
Las causas armadas, la persecución y criminalización de los pibes y pibas pobres es moneda corriente. A Luciano Arruga lo desaparecieron y mataron por negarse a robar para la Policía, y así hay una lista larguísima.
En 2012, Omar denunció al servicio de calle de la Comisaría 2º de apellido Chevarrito, con jurisdicción en su barrio, quien lo hostigaba, lo perseguía, y hasta le proponía robar para él. “Eso es lo que pasa con la mayoría de los pibes, si no sos chorro para la yuta sos un muerto más”.
“A Omar le pasó eso, aunque pusieron a otras personas. A mí me lo tienen que demostrar porque después de un año nos enteramos que el servicio de calle que Omar denunció se encuentra trabajando en Quilmes, en el mismo lugar que Diego Walter Flores”, sostiene Sandra. Al tiempo que recuerda: “Después de la denuncia, la Comisaría 2º me notifica que Chevarrito no trabajaba más como policía”.
Cada febrero,bdesde hace siete años, Sandra recuerda como si fuera ayer lo que sucedió en 2013. El 14 de febrero de ese año, la familia de Omar sufrió un allanamiento ilegal y violento, donde vieron cómo la Policía les dio vuelta su casa, y aún peor, las amenazas que se concretaron al día siguiente. “Entregá al guacho, sino mañana aparece muerto”, esas palabras de un Policía Bonaerense no las olvidará nunca jamás.
Así sucedió. Al día siguiente Omar quedó tendido a muy pocas cuadras de su casa. “Febrero es muy fuerte para mí, todos los días lo recuerdo a Omar. Su sonrisa, la última vez que lo vi”, dice Sandra con la voz quebrada.
Enseguida se prende un cigarrillo y endurece su voz: a pesar de todo eso, “el odio, la bronca y el dolor lo transforme en lucha y eso es lo que me mantiene fuerte”.
Pasan los gobiernos…
Desde la vuelta a la democracia hasta el último gobierno de Mauricio Macri se registraron, según la Correpi, más de 6.000 casos de gatillo fácil. La muerte en manos de los agentes de las fuerzas represivas suceden más allá del gobierno de turno.
“Sabemos que los gobiernos pasan y que sigue pasando lo mismo. Pasó en la época de la dictadura, pasó en el gobierno de Cristina, pasó con Macri, ahora vino Alberto Fernández y va a seguir pasando lo mismo”, señala Sandra al recordar que el asesinato de su hijo fue en plena “década ganada”. Para ella, “el Estado es responsable” y asegura que la represión es una política de Estado. Y agrega que “la represión, la desaparición y la muerte, más la trata, están desde la época de la dictadura”.
Su recorrido la hizo encontrar con diferentes militantes políticos, organizaciones sociales y otras referentes de la lucha antirrepresiva como Vanesa Orieta (hermana de Luciano Arruga) y Mónica Alegre (mamá de Luciano Arruga), a quienes admira enormemente, y eso la llevó a impulsar el espacio denominado Colectivo contra el Gatillo Fácil junto a organizaciones de la región. Desde ahí también acompañan a otras mamás y familiares, para pedir justicia por ejemplo por Mauricio Andrada, Darían Barzabal, Víctor González, Damián Corbalán, Soledad Bowers, entre otros pibes y pibas asesinadas por oficiales policiales.
“Del 2013 a hoy no puedo creer cómo contengo a esos familiares, porque a mí me cuesta también. Les digo constantemente que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Que por más piedras que nos pongan en el camino nosotras tenemos que seguir en la calle”, asegura. Sabe que los hijos no van a volver, pero lo siente a Omar muy presente en cada actividad que hace.
Este sábado, a partir de las 14 horas, realizarán una actividad en la Placita de los Pibes, diagonal 80 esquina 115, para recordarlo y seguir pidiendo justicia. Convoca a todos los vecinos y organizaciones a sumarse a su reclamo.
“Hay que seguir en la calle para que esto no siga pasando. No puede ser que la justicia sea sorda, muda y ciega”, afirma Sandra, una referente de La Plata de la lucha contra el gatillo fácil y la represión. Cada 15 de febrero se recordará a Omar Cigarán y a todos los pibes y pibas asesinadas por una bala policial hasta que se haga justicia.
Más conocida como “Tefa”, nació en Mar del Plata en 1989. Trabajadora de prensa, periodista y Licenciada en Comunicación Social (egresada de la UNLP). Buscadora de la aguja en el pajar: le apasiona el periodismo de investigación. Trabajó en prensa institucional, en diversos medios privados de La Plata, y colaboró en medios alternativos como ANRed. Actualmente escribe notas vinculadas a los derechos humanos, política y cada tanto entrevista a personajes de diversos territorios. También integra el área audiovisual, En Foco, como productora periodística. Siempre redactando con las gafas violetas puestas. Desde 2018 forma parte de la cooperativa Pulso Noticias, donde aprendió a vender publicidad, gestionar pautas y hasta armar un gran escritorio en madera.
