Una militante social del barrio Malvinas Argentinas sufrió ocho allanamientos irregulares en los últimos dos años. Efectivos del Destacamento La Unión la hostigan al igual que a otros vecinos de la zona. La cara oculta de los “operativos de saturación”
A fines de marzo el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad mostraban cómo demolían bunkers narcos en el barrio Malvinas Argentinas (San Carlos) y saturaban la calles con un descomunal operativo policial. Pocos días después esta acción fue denunciada por los propios vecinos porque la “militarización” de la zona terminó generando lo que calificaron como una “infinidad de situaciones abusivas e intimidatorias” a toda la población, que vio afectada su vida cotidiana y su circulación.
Estos abusos, sin embargo, no eran novedad. El Destacamento La Unión ya había sido denunciado previamente por este tipo de prácticas, que volvieron a recrudecer en el marco de esas semanas de intensas operaciones policiales. Fue así que el pasado 23 de abril, una militante de una organización social que tiene presencia en el barrio desde hace más de diez años -el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (FPDS-CN)- fue allanada sin motivos, por octava vez.
Según explicaron integrantes de la organización, “en momentos en que ella no estaba irrumpieron violentamente en la casa, mostraron un orden de registro irregular, redujeron y precintaron a sus dos hijos menores de edad, rompieron puertas, revolvieron toda la casa, no encontraron nada de lo que los mandaban a secuestrar y se retiraron diciendo que cualquier reclamo lo hagan en el Destacamento La Unión. Pareciera que por cualquier robo que se denuncie, sea en la zona o no, los fiscales, la DDI y el Destacamento La Unión siempre van a allanar el mismo lugar”.
Ante esta situación, esta mañana un conjunto de organizaciones junto a organismos de derechos humanos presentaron un hábeas corpus preventivo, para proteger a esa militante (cuyo nombre por seguridad se mantiene en reserva) y a su familia, a la que permanentemente la fuerza de seguridad bonaerense hostiga.
“Desde hace unos meses se viene evidenciando en el barrio Malvinas Argentinas (San Carlos) la avanzada de operativos coordinados entre la DDI La Plata y la Subcomisaría 14 o Destacamento La Unión, que generan hostigamiento policial a los jóvenes, detenciones arbitrarias, allanamientos violentos y hasta el armado de causas judiciales por el secuestro de elementos que nada tienen que ver con el narcotráfico ni ningún otro delito”, señalaron las organizaciones a través de un comunicado de prensa.
La militante social por la cual presentaron el recurso judicial viene sufriendo allanamientos irregulares y hostigamiento policial desde fines de 2017. “El año pasado la allanaron varias veces, la amenazaron con llevarla presa, golpearon a su hijo y robaron mercadería de un pequeño kiosco que tiene y dinero del comedor comunitario que gestionan con su organización. Ya se realizaron denuncias por amenazas y lesiones en sede fiscal”, apuntaron.
Amelia Barreiros, integrante del FPDS-CN, explicó a Pulso Noticias que se trata del segundo hábeas corpus que presentan: “El primero tuvo una resolución favorable pero parcial, en donde lo que dice es que a la compañera no la puede detener personal del Destacamento de La Unión sin una orden de detención… lo cual es ridículo, se entiende que nunca deberían poderla detener sin una orden de detención, sin embargo evidentemente la cosa no está tan clara porque hasta la Justicia lo reafirma”.
“Lo que nos parece es que necesitamos una medida de protección más efectiva, no sólo para que dejen de hostigarla, si no hasta por cuestiones administrativas de lo jurídico. Por ejemplo, ante denuncias por hostigamiento que hemos presentado, se cita a la compañera a declarar contra el personal de ese destacamento y la citación llega a través de ese mismo destacamento… Entonces lo que ocurre es que la citación nunca le llega, nadie la notifica y entonces planchan las causas judiciales que tienen en su contra”, indicó.
Un cheque en blanco: la Justicia que “ordena pero no controla”
La militante social por la que se presentó el recurso judicial, reconoció el año pasado durante la represión policial a los trabajadores del Astillero Río Santiago a uno de los policías que estaba de civil y lo denunció. Resultó ser un efectivo del Destacamento La Unión, el que está más cerca del Barrio Malvinas. “A partir de ahí es que se intensificó una situación de persecución en la forma de allanamientos que caen en su casa sin motivos, incluso que se le hacen a ella cuando la orden judicial indica allanar otra casa”, relató Barreiros.
“Lo que nos damos cuenta de que estos supuestos allanamientos en el marco de causas diferentes que manda la Justicia lo que terminan siendo es un cheque en blanco para la policía que aprovecha esto como una herramienta para por ejemplo caer en la casa de la compañera, romper cosas, violentarla a ella, a su familia. Es un ejemplo muy claro de cómo se combina la inacción del Poder Judicial, porque cuando venimos nos dicen que en realidad ellos ‘ordenan (el allanamiento) pero no controlan’, y cómo esto lo aprovecha la policía para hacer este tipo de movidas violentando a compañeras que luchan en el barrio”, afirmó.
El FPDS-CN tiene en ese barrio un bachillerato popular y dos comedores comunitarios, uno de los cuáles está frente a la casa de la mencionada militante. “Es un laburo de muchos años, que tiene un buen nivel de participación de vecinos y vecinas del barrio. Esto contrasta con esa imagen que se quiere presentar del barrio, como un lugar donde lo que manda es el narcotráfico y la violencia. En realidad lo que ocurre es que hay gran cantidad de personas trabajadoras que viven en condiciones de muchas carencias, pero no justamente por lo que muestran en los medios, si no porque el Estado no cubre las necesidades mínimas de infraestructura: hay falta agua potable, cloacas, calles transitables. Las típicas situaciones que tenemos en la mayoría de los barrios de la periferia en los que trabajamos”.
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