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sábado 26-11-2022

Denuncian militarización del barrio Malvinas en San Carlos

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El Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata afirmó que tras el mega-operativo policial destinado a derribar bunkers y detener personas acusadas de vender estupefacientes, la zona está siendo saturada de efectivos policiales “generando infinidad de situaciones abusivas e intimidatorias a los vecinos y vecinas de la zona”. Señalan que el hostigamiento generalizado se viene desarrollando “desde hace unos meses”.

La semana pasada el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad mostraron públicamente los logros de dos operativos policiales en el marco de lo que denominan “la guerra contra los narcos”. Uno de ellos fue en Melchor Romero, donde fueron detenidas cuatro personas, y el otro en el barrio Malvinas Argentinas, ubicado en la localidad de San Carlos, donde fueron detenidas siete personas acusadas de vender estupefacientes.

Pero en este último caso, tras las detenciones hubo represión policial a jóvenes y vecinos del barrio, con gases lacrimógenos y balas de goma que inundaron todas las viviendas, afectando incluso a niños y ancianos, que no tenían dónde encontrar un reparo. Luego de eso, el operativo no terminó. El Colectivo Contra el Gatillo Fácil (CCGF) de La Plata denunció -al igual que lo hicieron organizaciones sociales que tienen trabajo en la zona- “la militarización” del sector a través de lo que se denomina “saturación”, práctica que afirman “está generando infinidad de situaciones abusivas e intimidatorias a los vecinos y vecinas” que ven afectada su vida cotidiana y su circulación.

“Desde hace unos meses se viene evidenciando en el barrio la avanzada de operativos coordinados entre la DDI La Plata y la Subcomisaría La Unión, que generan hostigamiento policial a los jóvenes, detenciones arbitrarias, allanamientos violentos y hasta el armado de causas judiciales por el secuestro de elementos que nada tienen que ver con el narcotráfico ni ningún otro delito”, indicaron.

Según afirmaron, “vecinos de la zona explicaron que ‘vinieron más de 300 efectivos, con carros, colectivos, drones y móviles, una grúa con una garita que colocaron en el lugar, instalaron retenes donde piden documentos y hostigan a los vecinos para entrar y salir del barrio, filman las casas y a los jóvenes, realizan cacheos a todos los que entrar o salen’”.

“No dejan caminar a los pibes por el barrio y les dicen que si andan sin documentos los van parar”, indicaron desde el CCGF, reproduciendo las voces de los pobladores del barrio, que señalan la existencia de una “constante intimidación y amedrentamiento. ‘Hubo un operativo muy grande del grupo Halcón, y pudimos saber que los controles van desde las 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 19 a 23 horas. Tuvimos que suspender una actividad de los chicos que hacen entrenamiento de fútbol porque es imposible salir de las casas. Les pegan a todos los que se cruzan. Nos dicen que somos todos paraguayos y narcotraficantes’”.

A su vez, criticaron el tratamiento que algunos medios le están dando al tema, fundamentalmente el diario El Día. Puntualizaron en una nota que asegura que “la presencia de los policías no tenía que ver con la represión de un delito, sino más bien con la prevención de una problemática que tiene en jaque a este sector de San Carlos desde hace más de 6 años”, para remarcar: “Pero hay una problemática estructural de la cual los medios nunca se ocupan. En Malvinas Argentinas, como en otros barrios pobres de la ciudad, se viven entre conexiones inseguras de gas y electricidad, calles de tierra que se inundan cuando llueve, falta de cloacas y desagües, escasez de líneas de transporte público, hambre, desocupación y precarización laboral, dificultad para acceder a la salud y la educación, falta de espacios oficiales de contención y recreación para jóvenes y niños, a lo que se suma ahora la tensión social generada por el supuesto despliegue ‘preventivo’ de la represión policial”.

Por otro lado, recordaron que el año pasado se vivió un mega-operativo similar en los barrios El Mercadito y La Unión, donde 560 efectivos de la policía federal y provincial invadieron la zona. “En esa oportunidad supervisaron personalmente el operativo el Intendente Julio Garro, Cristian Ritondo Ministro de Seguridad bonaerense, y Patricia Bullrich Ministra de Seguridad de la Nación, y lo presentaron como una avanzada en el combate del narcotráfico y el control de la disputa entre bandas y la delincuencia”, remarcó el CCGF.

En ese sentido, expresaron que “en momentos de grave crisis social y económica, el gobierno de María Eugenia Vidal no tiene una política efectiva para atender las necesidades básicas de las barriadas pobres, sino que su intervención específica es a través de la represión, la estigmatización, y la gran disposición de recursos para la militarización. Con la excusa de combatir el narcotráfico y la inseguridad el gobierno se desliga de la responsabilidad cómplice que tiene la policía en todos los grandes delitos que dice combatir. Así ataca a los sectores populares como los únicos responsables de ese negocio, mientras que tiene una ineficaz intervención con los grandes narcotraficantes. Es decir que comienzan por los últimos eslabones de la cadena criminalizando al conjunto de la población en las barriadas. De esta manera la presencia de las fuerzas policiales deja librado el escenario para que aumenten situaciones violatorias de los Derechos Humanos”.

“Los sectores más afectados son la juventud que se ve sometida a detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes y cacheos solo por portación de rostro, y por otro lado las mujeres, quienes se encuentran más expuestas a situaciones de acoso, abuso, y maltrato. Los relatos de las vecinas y vecinos dejan en evidencia que las consecuencias de la presencia policial se viven y sienten en la vida cotidiana, teniendo que cambiar sus hábitos de circulación y sus formas de habitar el barrio por el temor y la intimidación que sufren constantemente. Lejos de generar una solución los operativos de saturación policial acarrean mayores situaciones de vulnerabilidad social, porque despliegan la represión ‘al voleo’ para dar un efecto de control territorial de la zona. En varias provincias, como ocurrió en Santa Fe por la presentación de un Habeas Corpus colectivo, han sido declarados como una medida agresiva, discriminatoria e ilegal”, explicaron

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