Luego de la demanda judicial presentada contra la Provincia y el Municipio de Ensenada, en la “Primera Maraña” hablamos con Rocío Tagliabue, integrante de la asamblea vecinal “Ni un árbol menos en Ensenada”
La asamblea vecinal “Ni un árbol menos en Ensenada”, con el patrocinio de la Clínica Jurídica Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, inició una demanda judicial contra el Municipio y la Provincia, exigiendo “el cese inmediato de las intervenciones en detrimento del arbolado público y la aplicación de medidas de recomposición ambiental ante los daños generados por la deforestación y las mutilaciones sistemáticas sobre el patrimonio arbóreo” de esa ciudad.
En ese marco, en la “Primera Maraña” dialogamos con Rocío Tagliabue, integrante de “Ni un árbol menos en Ensenada” quien brindó mayores detalles de la acción judicial emprendida.
“Luego de varios petitorios y pedidos formales al Municipio se empezó a pensar como opción la vía judicial en función de que ha habido ya en Ensenada antecedentes de casos concretos en los cuales vecinos y vecinas pidieron al Municipio que no se llevara adelante determinada obra, porque era inconsulta, o implicaba toda la eliminación del arbolado del barrio, o la cementación de pulmones verdes, y el Municipio nunca tuvo oídos dispuestos a esos reclamos vecinales”, expresó Tagliabue en el comienzo de la charla con el programa coproducido por Pulso Noticias y Radionauta.
“Lo que pedimos es el cese de la deforestación, de la tala, de mutilado de árboles y el acceso a la información pública, pero en ninguno de los casos tuvimos respuesta así que después de muchos ir y venir, finalmente hace 10 días se presentó la demanda con el patrocinio de la Clínica”, explicó.
En la misma línea manifestó: “En la demanda lo que se pide es eso, una medida cautelar para evitar que se siga avanzando en un daño que ya lleva mucho más de 10 años, que va a ser muy difícil de recomponer y en ese contexto ante la posibilidad de un daño ambiental irreparable para nosotros y para las futuras generaciones”.
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La causa fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo 1 del Departamento Judicial La Plata. El pasado jueves 14 de agosto, la jueza subrogante María Fernanda Bisio corrió traslado a la Provincia y al Municipio, otorgándoles un plazo de cinco días para responder a los pedidos de prueba anticipada realizados en la demanda.
Según explicaron desde la Asamblea, en ese oficio la magistrada no incluyó las direcciones de correos de las partes demandadas a las que debía notificar. “Así que los plazos empezaron a regir cuando la Clínica hizo el escrito para notificar y lo cargó correctamente en el sistema. Eso fue el lunes, por lo cual empezó a correr otra vez el plazo de cinco días”, concluyó Rocío.
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