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martes 26-11-2024

A un año del asesinato de dos niñas argentinas en Paraguay

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Lilian y María, de 11 años, fueron acribilladas por las Fuerzas de Tareas Conjuntas del gobierno guaraní de Abdo Benitez. Luego se denunció la desaparición de su prima, Lichita, de 14. En La Plata existe la campaña “Eran Niñas” que intenta visibilizar este crimen infanticida con murales y escraches al Consulado

Hoy 2 de septiembre se cumple un año de un hecho impune que no sucedió en la región ni en Argentina, pero que tiene una importante relación: el asesinato de dos niñas y la desaparición forzada de otra.

Aquel día del 2019, en el departamento de Concepción, en Paraguay, un operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de ese país asesinó a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, dos primas argentinas que habían viajado hasta allí para encontrarse con sus padres y familiares, y quedaron en el lugar sin poder regresar, por los cierres fronterizos de la pandemia.

Tres meses después se denunció que otra de las niñas había desaparecido: Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita” de 15 años, prima de Lilian y María, la cual aún hoy no se tienen noticias y se trata de una “desaparición forzada” del estado paraguayo, de una niña argentina.

El resto de la familia y activistas de Argentina comenzaron a denunciar el año pasado la situación junto a organismos de derechos humanos, visibilizaron los crímenes, la desaparición, junto con destrucción de pruebas y la violación de protocolos de investigación.

El Gobierno paraguayo, cuyo presidente es Abdo Benitez, sostiene que las dos niñas asesinadas, que tenían 11 años entonces, “tomaron parte en los enfrentamientos” responsabilizando así al Ejército del Pueblo Paraguayo por reclutar en sus filas a menores de edad.

En La Plata

La solidaridad internacional y latinoamericana comenzó a gestarse cuando se conoció la desaparición de Lichita y la familia Villalba logró empezar a romper el cerco mediático. Así, se generaron campañas en solidaridad, como la que nació en La Plata y que viene realizando actividades todos los meses.

Tal como se viene cubriendo desde Pulso Noticias, todos los días 2 de cada mes el grupo se concentra y protesta en las puertas del Consulado Paraguayo, que hasta hace 3 semanas se encontraba en 50 entre 2 y 3 y ahora fue mudado a 48 entre 14 y 15.

También han realizado otras actividades artístico políticas como murales y radio abiertas en el centro de La Plata. Incluso participaron de la movilización de Ni Una Menos, donde Pulso Noticias entrevistó a Myrian: la mamá de Lilian (asesinada) y la tía de María Carmen (asesinada) y de Lichita (desaparecida).

Comunicado del gobierno argentino y nacimiento de las FTC

En un comunicado, el Gobierno argentino expresó que “ha solicitado que, en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas”.

Argentina pidió a Asunción “que facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que Paraguay se ha negado sistemáticamente”, se subraya en el texto.

En tanto, la Pastoral Social de Concepción, la ciudad paraguaya escenario del asesinato de las niñas, emitió hoy un comunicado en el que critica la actuación del Gobierno y de las fuerzas militares y policiales paraguayas frente al crimen de las niñas, así como la de fiscales y forenses “marcada por increíbles desaciertos que jamás pueden caber en instituciones oficiales”.

“En la Pastoral Social Diocesana de Concepción tenemos catalogadas las numerosas `equivocaciones´ o `falsos positivos´ de la FTC, cuyas víctimas siempre fueron dirigentes campesinos o ciudadanos inocentes”, agrega el documento de la pastoral.

Las Fuerzas de Tareas Conjuntas, establecida en 2013 para combatir al grupo armado EPP y que está integrada por mandos militares, policiales y grupos de elite antidrogas, acumuló durante estos años diversas denuncias de abuso institucional que van desde amenazas de ejecución hasta la violencia física, según un informe del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

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