La titular del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia objetó la forma en la que está incorporado el acoso callejero, la penalización del trabajo sexual y el carácter eminentemente punitivo de la reforma que busca realizar la Intendencia
Por David Barresi
Este viernes se reunió por quinta vez la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Concejo Deliberante para debatir la polémica reforma al Código Contravencional que impulsa el Intendente Julio Garro, que viene cosechando críticas tanto de organismos como la Comisión Provincial (CPM) por la Memoria o la Defensoría del Pueblo Bonaerense, como también de organizaciones sociales, feministas, políticas, gremiales, de la diversidad sexual y del trabajo ambulante.
En este caso, la novedad fue la presencia de una funcionaria provincial: la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, siendo la primera vez que el Gobierno de la Provincia interviene en el debate sobre esta reforma desde que se presentó el proyecto en 2018.
La Ministra retomó algunas de las críticas vertidas por la CPM, sobre todo a la hora de calificar al código como eminentemente “punitivo” y de señalar aspectos abiertamente inconstitucionales como el sostenimiento de la pena de arresto, uno de los cuestionamientos más fuertes que se le realizaron en las reuniones previas.
“Hay un problema de enfoque general de este Código, que no tiene una perspectiva de prevención, de promoción y una perspectiva de derechos. Tiene una perspectiva punitivista, entonces no hay esta idea de que lo que el título dice que es ‘Código de Convivencia’, que tiene que ver con cómo vivimos en comunidad, cómo vivimos con otras y con otros, cómo compartimos el espacio urbano, social, comunitario”, explicó la funcionaria a Pulso Noticias.
La Ministra Estela Díaz en la reunión de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos
En ese sentido, agregó: “acá sólo da respuestas desde lo punitivo, entonces no aparecen cuestiones reeducativas, de formación ciudadana, y de cómo incluimos la diversidad. No sólo la de las mujeres, la diversidad sexual, los temas etarios diferenciados, los temas de seguridad urbana cómo nos afectan distinto a mujeres que a varones, y todas las actividades con las que se convive en la sociedad como aquellas informales que son presentes y reales, que no se resuelve con su eliminación con un código de convivencia”.
“También me parece preocupante, lo digo para la sociedad en su conjunto pero también para las mujeres platenses que son muy movilizadas, que hay restricciones expresas y manifiestas a la posibilidad de realizar movilizaciones y protestas sociales”, aseguró.
El acoso y el trabajo sexual
Por otro lado, la funcionaria se refirió a la forma en la que está incorporada la figura de “acoso callejero”, que si bien lo consideró un avance, señaló que establece un componente “moral”, que en la legislación provincial no está previsto y al que señaló como “inaceptable”.
“No está tomando lo que efectivamente dice nuestro marco normativo en torno a lo que es el acoso callejero, que fue la reforma de la ley 26.485 de violencia integral contra las Mujeres, que además habla de la violencia física, el hostigamiento callejero, tiene toda una definición con contenido sexuales, pero aquí le incorporan un componente moral, y la verdad que allí se corre un riesgo muy severo de que eso se use para una persecución a las creencias, a las opciones religiosas, de vida de las personas”, detalló Díaz.
Además, puntualizó sobre otro ítem de ese artículo del Código (el 217°): “Aparece como un agravante el hecho de ser mujer, que tampoco se explica demasiado. La verdad que nos parece una intención importante que se incorpore el acoso callejero, pero con una muy mala resolución, que puede ser contraproducente”.
Por otro lado, también se manifestó abiertamente en contra de la prohibición del trabajo sexual que incorpora la propuesta de reforma de la Intendencia. De hecho, se choca con la normativa provincial: en 2018 se derogó el artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia que penaba a las personas en situación de prostitución. En esa línea, afirmó que si se aprueba de esta forma “es pasible de ser judicializado”, de la misma forma en que sucede con la pena de arresto.
La Ministra expresó también que se trata de una reforma “pensada desde el eje fundacional de la ciudad, desde el casco urbano, cuando más del 60% de los y las platenses viven fuera del mismo” y pidió en ese sentido, que se abran espacios para la participación de la comunidad en el debate.
La presidenta de la Comisión, Romina Cayón, junto al presidente del bloque de JxC, Claudio Frangul
Reclamo de la oposición
Si bien el bloque oficialista se había mostrado receptivo a incorporar algunos cambios en función de las críticas que se fueron realizando al proyecto, viene prometiendo desde hace dos reuniones traer el nuevo borrador de la parte general y definir si va a mantener la pena de arresto o si finalmente la quitará.
Este viernes tampoco trajeron definiciones al respecto, lo que motivó el reclamo de la oposición. “Cuesta avanzar en debatir el articulado si no vemos en el texto concreto las modificaciones que se fueron acordando”, remarcó la concejala Yanina Lamberti. Para el próximo viernes, nuevamente, la bancada de Juntos por el Cambio se comprometió a llevar el nuevo borrador y definiciones concretas sobre qué sucederá con los puntos más cuestionados de la parte de general del proyecto.
Foto: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias
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