Guernica: tierras para vivir, disputas e intereses económicos

Pulso Noticias recorrió los barrios de Guernica para conocer las historias de las familias que allí resisten un inminente desalojo, y exigen una vivienda digna. Con dos propuestas concretas, las vecinas y vecinos piden ser atendidos por el gobernador Axel Kicillof

Por Estefanía Velo
Fotos: María Paula Ávila
Edición: Yapai Audiovisual

Unas 2.500 familias despojadas de sus trabajos e inmersas en la pobreza se instalaron el pasado 20 de julio en un predio de 100 en hectáreas en Guernica, partido de Presidente Perón. La pandemia agravó la precarización de la vida, aquellos changarines que se ganaban el mango día a día perdieron la posibilidad de conseguir un ingreso, aquellas trabajadoras que limpiaban las casas de las familias pudientes fueron limitadas para seguir, y así muchos casos más. La crisis sanitaria y económica que vive el país está dejando cada vez más familias en la pobreza.

“Acá el común denominador fue que nos quedamos sin ningún ingreso. Tuvimos que dejar de pagar alquiler, algunas volvimos a la casa de nuestras madres, ahí vivíamos hacinadas. Otras familias tuvieron que quedarse en la calle. Por ello estamos acá, queremos tierra para vivir dignamente”, manifiesta Yamila, una de las delegadas del barrio La Unión, uno de los sectores del predio.

Pasaron dos meses bajo el frío, la lluvia y las amenazas; mientras tanto, fue creciendo la solidaridad entre vecinas de Guernica, médicos, organizaciones sociales, educadores y diferentes sectores de la sociedad.

En esas 100 hectáreas, los vecinos y vecinas dividieron el predio en cuatro sectores: La Unión, La Lucha, 20 de Julio y San Martín. Allí dividieron los lotes, instalaron sus carpas, casillas y comedores populares para empezar a construir un gran barrio. Cada manzana tiene su delegade elegide en asamblea, y cada sector, un cuerpo de delegades, quienes se encargan de representar a los vecinos en las reuniones con funcionarios políticos y judiciales. Luego, en asamblea, informan a todas las familias y allí debaten los pasos a seguir.

Así se fue consolidando la organización de las 2.500 familias que reclaman ser escuchadas por las autoridades provinciales y resisten ante un inminente desalojo. La primera fecha dispuesta por el juez Martín Rizzo fue el 23 de septiembre, la cual finalmente se suspendió horas antes frente una solicitud del gobierno de la Provincia para encontrar una salida pacífica al reclamo de tierras para vivir. Ese mismo día la tensión en Guernica fue muy fuerte. Sin propuestas y con una amenaza de desalojar a través de las fuerzas de seguridad, específicamente con la Policía Bonaerense. “¿Qué hacemos con nuestros niños?, ¿cuál es el lugar más seguro para ellos?”, se preguntaban mientras preparaban las postas de salud para atender cualquier urgencia provocada por la represión.

Al otro día, ya pospuesto el desalojo, llegó la calma. Una vez más el sol ardió sobre las tierras de Guernica. Ollas populares, asambleas y muchas charlas entre les vecines. “Queremos respuestas concretas. Todavía no nos mostraron el plan que tienen. Nos vamos a quedar acá en estas tierras”, expresa Yanina, de 24 años, vecina del barrio La Lucha.

Pasó el fin de semana lluvioso y la tensión volvió a crecer. Según manifestaron los vecinos y vecinas estos días desembarcaron “al territorio 40 funcionarios que no trajeron soluciones, sino que vinieron a realizar aprietes. Utilizan los datos de censo para hacer llamados y visitas a nuestros familiares con el objetivo de amedrentarnos”.

¿Cuál es el plan?

El gobierno de la Provincia conformó un equipo interministerial a raíz de la resolución del juez Rizzo del pasado 11 de septiembre donde solicitaba al poder ejecutivo la elaboración de “un plan de contingencia y propuestas y/o soluciones alternativas para los ocupantes de los predios en cuestión, en especial de aquellos y aquellas que pudieran estar en una mayor situación de vulnerabilidad”. Allí participan representantes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Julio Alak, y de Mujeres, Políticas de Género y Disidencias sexual, por Estela Díaz.

Además de asistir con alimentos a las familias, la Provincia realizó un censo -cuatro días antes de la primera fecha de desalojo- donde relevó 2.127 construcciones precarias en el predio. “Se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas”, de los cuales “declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes”. Según los datos brindados por el Ministerio de Desarrollo bonaerense, el 90% de las personas adultas censadas están desocupadas.

Los días avanzan y las propuestas concretas no llegan. Según denunciaron los vecinos “están queriendo fragmentarnos, pero no lo van a lograr”. Cuentan que se acercan funcionarios del gobierno provincial, hasta el mismo ministro Larroque, para charlar con vecinos de manera individual y ofrecen un subsidio por 45.000 pesos para pagar alquiler, o bien, un monto más alto para construirse una casa en algún hueco que pueda darle algún familiar.

Este lunes se movilizan a la Gobernación para exigir que el jefe de gobierno provincial, Axel Kicillof les dé una solución. Desde los y las delegadas de Guernica acercaron un plan elaborado en conjunto con las organizaciones sociales y la comisión asesora de urbanismo.

Su plan impulsa que las zonas conocidas como 20 de julio y San Martín sean adquiridas por el Estado dado que no se pudo comprobar la supuesta titularidad de esos terrenos. Esto permitirá la existencia de casi 1.450 lotes. Por otra parte, que se ceda el 10% del predio del proyecto como marca la Ley de Acceso Justo a la Tierra (Ley 14.449), del Country & Club San Cirano que comprende actualmente los barrios La Unión y La Lucha, esto permitiría agregar otra amplia franja de manzanas y lotes, con capacidad para albergar el resto de los lotes necesarios para completar la urbanización.

¿Tierras para negocios inmobiliarios o para vivir dignamente?

De las 100 hectáreas del predio de Guernica, 60 son reclamadas por la empresa El Bellaco SA, que ya tiene 300 hectáreas linderas para la construcción del Country & Club San Cirano. El megaproyecto inmobiliario pretende construir cuatro barrios privados que incluyen seis canchas de fútbol, 30 canchas de tenis, gimnasio, spa, tres lagunas artificiales, un club house deportivo y otro social, y un sector comercial. Actualmente, alrededor del predio se ven descampados y apenas unas tres canchas de rugby, entre los pastizales.

El presidente de El Bellaco SA es un empresario reconocido de la ciudad de La Plata vinculado al Santa Bárbara Hockey Club y al Club de Rugby Los Tilos, Gervasio Pérez Pesado. Esta empresa desarrolladora inmobiliaria está presentada como denunciante en la causa federal por usurpación.

Según un informe de Edipo (Equipo de Investigación Política), El Bellaco dejó de pagar el impuesto inmobiliario en 2018 y registra deudas ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) por 970.959 pesos, al 15 de septiembrede 2020.

Los otros denunciantes son Vilma Alicia Enríquez, María Jacinta Medina Romeroy Andrés Ríos, quienes se adjudican la titularidad de los terrenos linderos a los de El Bellaco SA. Sin embargo, según denuncian los vecinos que hoy habitan esas tierras, esos supuestos dueños no tienen la certificación completa para demostrar que son de su propiedad, “sólo muestran boletos de compra-venta”. Por ello solicitan que el Estado ceda esas tierras para las vecinas y vecinos de los sectores 20 de Julio y San Martín.

A tres días de la fecha límite dispuesta por el juez Rizzo, las familias de Guernica no tienen una respuesta de las autoridades gubernamentales ante su pedido de “tierras para vivir”. “Nos estamos para preparando para resistir, sólo queremos vivir dignamente”, asegura Yamila.

Las familias que viven desde hace más de dos meses en las 100 hectáreas de Guernica resisten y piden tierra para vivir

Palos a los sin techo: recorrido judicial

Durante los primeros días, los supuestos propietarios radicaron la denuncia policial y judicial la cual tramita en la UFI N°1 descentralizada (Pte. Perón) del partido de La Plata a cargo del fiscal subrogante Juan Cruz Condomí Alcorta, un reconocido fiscal de La Plata. En 2013 fue denunciado por el exjuez Arias por encubrimiento de las muertes cometidas en la inundación del 2 de abril en la ciudad. También fue quien pidió la intervención policial en el Astillero de Río Santiago. Luego de masivas movilizaciones y protestas de sus trabajadores, solicitó al ministro de Seguridad bonaerense de ese entonces, Cristian Ritondo, el despliegue de la Policía Bonaerense para “salvaguardar el orden en el Astillero”.

Siguiendo su línea represiva, el fiscal Condomí Alcorta el 31 de julio solicitó el desalojo del predio. Una semana después, el juez Martín Rizzo ordenó el desalojo. Los abogados defensores apelaron la decisión, pero al mes siguiente, el 8 de septiembre, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó el desalojo. A los tres días, Rizzo dictaminó las fechas de lanzamiento y ordenó al Poder Ejecutivo buscar alternativas para evitar el uso de la fuerza.

Ante la masividad del reclamo de los vecinos y vecinas de Guernica y la solidaridad de diferentes sectores se logró que el gobierno de la Provincia actúe para abordar la problemática habitacional. Solicitó la suspensión del desalojo para “tener tiempo”. El juez Rizzo aceptó y dictaminó como nueva fecha de desalojo “e improrrogable para el 1° de octubre, o supletoriamente para el 2 y 5 del corriente mes”. a en horario diurno desde que salga hasta que se ponga el sol y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas.

El último fallo plantea que de ser necesario, la fuerza de seguridad deberá ejecutar el desalojo “con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren”. Asimismo, “deberá contarse con la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, incluyendo guardia pediátrica en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del COVID-19, según las circunstancias del caso”.

También prevé la presencia -con la debida notificación- de los funcionarios gubernamentales de las siguientes áreas: Oficinas Municipales competentes (Servicio Local de Protección de Derechos, ley 13.298 y al área de desarrollo social); la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia; la Subsecretaria Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Y el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en carácter de veedor.

Entre otros de los puntos planteados en la resolución, establece la desconexión de las instalaciones eléctricas precarias. Y que todo el desarrollo del operativo policial será “filmado en su totalidad, quedando absolutamente prohibida su difusión”.

Los vecinos y vecinas plantean luchar hasta lo último. “No queremos que haya detenidos, heridos ni muertos, queremos que nos den las tierras para vivir dignamente”, asegura Yamila a Pulso Noticias.

En las próximas horas se espera una resolución para abordar la problemática habitacional que existe en el país desde hace décadas, y ahora con la pandemia se agravó aún más. 2500 familias piden tierras para vivir dignamente, tres empresarios “sin papeles” más una Sociedad Anónima reclaman las hectáreas de Guernica. ¿Cuál será la solución del gobernador Kicillof para garantizar los derechos básicos de esas familias? Sólo piden tierra y dignidad.

Una producción de Paola Álvarez, Julia Varela, María Paula Ávila y Estefanía Velo.

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