Salarios por debajo de la línea de pobreza, contratos temporales, falta de insumos y reducción de equipos, son sólo algunos de los rasgos que caracterizan el trabajo de las áreas municipales y provinciales destinados a combatir la violencia machista. Trabajadoras del sector realizaron una protesta en 7 y 50 para denunciar la situación
Las políticas implementadas en las áreas destinadas a combatir la violencia de género, tanto en Provincia como a nivel municipal tienen un denominador común: la precariedad. Salarios por debajo de la línea de pobreza, contratos temporales, falta de insumos, ausencia de una mirada integral y reducción de equipos de trabajo, son solo algunas de las características que este mediodía denunciaron trabajadoras de distintos organismos en 7 y 50.
Se trata del personal de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad (DPGyD) de la Municipalidad y del Instituto de Género y Diversidad de la Provincia (del que depende la línea telefónica 144), quienes hoy se unieron para reclamar políticas públicas integrales contra la violencia de género. En ese sentido, apuntaron a la responsabilidad del Intendente Julio Garro y la gobernadora María Eugenia Vidal por el “vaciamiento” y la “precarización” del sector.
“Como trabajadoras que tenemos la tarea de la atención de personas que sufren violencia de género, estamos ante una situación de gravedad en los recursos ofrecidos. Recursos que en cumplimiento con la ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) y la posterior ley de emergencia en violencia de género tendrían que existir para una salida real de la situación de violencia. Nada de esto pasa, no se destinan recursos y la situación se agrava. Nos encontramos ante la ausencia de recursos materiales y económicos. No hay trabajo para las mujeres, subsidios, cargas de sube, leche ni pañales”, explicaron las trabajadoras de la DPGyD a través de un comunicado de prensa.
A su vez, señalaron el salario que perciben “se encuentra por debajo de la línea de pobreza. No existe la bonificación por la toxicidad de la tarea. Asímismo, continúa la precarización laboral con contratos que se renuevan cada tres meses y la desigualdad salarial entre trabajadoras que realizamos las mismas tareas”.
Además, para un correcto funcionamiento ético y profesional de los equipos de atención, se necesitan instancias de reuniones de equipo, supervisión, capacitación, operadoras debidamente formadas que puedan acompañar a las mujeres durante la llamada “ruta crítica”, prioridad en maternales y jardines municipales para mujeres víctimas de violencia, todas herramientas que hoy brillan por su ausencia.
“Reclamamos políticas públicas reales, es decir recursos para un funcionamiento efectivo de una oficina que atiende a personas que pasan por situaciones de violencia de género. Esto incluye por ejemplo una caja chica para el funcionamiento cotidiano de la oficina, subsidios, Programas de inserción laboral, fondos económicos para emergencias”, indicaron.
Por otro lado, denunciaron que la situación en el Hogar de Protección Integral municipal “es de altísima gravedad: problemas edilicios, condiciones de falta de higiene extrema, escasez o ausencia de alimentos y recursos básicos para garantizar el funcionamiento cotidiano del hogar (no hay una caja chica para recurrir ante cualquier eventualidad). Ausencia de medidas de seguridad, no se cuenta con la pertinente seguridad ante el posible acercamiento de algún agresor”.
En ese sentido, remarcaron que también hay “falta de personal, las trabajadoras, ya sean operadoras o profesionales realizan múltiples tareas y esto tiene como efecto que se desdibuje su rol, a su vez las situaciones de violencia suelen estar acompañadas de otras problemáticas, como adicciones o problemas de salud mental que requieren en ocasiones intervenciones específicas y no cuenta con las profesionales especializadas o articulación en red con otras instituciones que puedan abordar los momentos críticos. Denunciamos que esta situación afecta a la integridad psicofísica de las mujeres que ingresan al dispositivo de atención y también de las trabajadoras”.
“Hasta el día de la fecha no hemos obtenido respuesta alguna por parte de la Directora Lucia Ríos ni de la Subsecretaria Silvia Santillán, con quienes nos reunimos en varias oportunidades exigiendo respuestas concretas. Tampoco hubo respuestas de parte de la Secretaria Carolina Piparo”, señaló a Pulso Noticias Erica Piccone, delegada de ATE de la Junta Interna de Trabajadores/as Municipales.
Vidal, por el mismo camino
En el caso de la Provincia, la situación no varía. Según denunciaron en el mismo comunicado, “durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, lxs trabajadorxs de la Línea 144 (BsAs) sufrimos persecución gremial. Cinco compañeras fueron despedidas del Equipo de Seguimiento de casos en mayo del 2018 por hacer uso del derecho constitucional a hacer huelga. El achique del
Estado se traduce en que, a comienzos de la gestión de Cambiemos, este equipo tenía 20 compañeras y actualmente cuenta sólo con 7. Al mismo tiempo, la respuesta colectiva y organizada de todxs para pedir por la reincorporación de las despedidas, sufrió la ‘represalia’ de la gobernadora, con descuentos de entre 2000 y 3000 pesos a cada una”.
“Entre otras cosas, no se garantizaban condiciones mínimas de salubridad en nuestro trabajo como tener una vincha individual para atender las llamadas. Esto sucedió porque una de las primeras decisiones que tomó la actual gobernadora fue la tercerización de la Línea 144 Buenos Aires. A través de un convenio entre la Secretaría de DDHH (con Santiago Cantón a la cabeza) y la empresa Provincia Net, se privatizó la atención directa de la Línea”, remarcaron.
“Casi todas las trabajadoras que estamos en Políticas de Género y Diversidad Sexual tenemos contratos que se renuevan, en nuestro caso, cada 3 meses o cada un año. Se trata de una política que está totalmente desfinanciada, que no se piensa de manera integral. El Gobierno de Garro y de Vidal tienen la misma línea para trabajar esta temática”, afirmó a este medio, Guadalupe Rodríguez, delegada gremial de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.
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