Con el agua al cuello: ABSA ratificó el aumento del 38%

Foto: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)

En la Audiencia Pública la empresa confirmó que la tarifa promedio se irá a $550. La Defensoría del Pueblo Bonaerense calificó la suba como “un disparate” y aseguró que “se trata de una de las empresas de servicios públicos de peor calidad de la Provincia”. En la Defensoría Ciudadana de La Plata los reclamos por falta de agua, baja presión o cortes recurrentes se multiplican a diario

Falta de agua potable, baja presión, cortes recurrentes del servicio, innumerables pérdidas en la vía pública, baja calidad del suministro y falta de acceso en distintos barrios de la ciudad, fue el listado de denuncias vecinales que la Defensora Ciudadana de La Plata Florencia Barcia, le enumeró a las autoridades de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) esta mañana para argumentar su rechazo al aumento de 38% que la empresa pretende realizar en la tarifa del servicio.


Los directivos de la compañía estatal que presta servicio de agua y cloacas a más de 2 millones de personas en 52 municipios de la provincia, sin embargo, tienen un registro totalmente diferente. Según explicó el Gerente de Administración Diego Santos al inicio de la Audiencia Pública celebrada hoy en el Pasaje Dardo Rocha, “los reclamos pendientes” por dificultades en el servicio disminuyeron al 2% en 2018 mientras que en 2015 estaban en el orden del 11%.

Al Secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Jorge Ruesga, también le llamó la atención ese informe de ABSA. “Es una de las empresas de servicios públicos de peor calidad de la Provincia. No lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas de reclamos que registramos en todas nuestras delegaciones. Si a ustedes les da una menor cantidad de reclamos es porque la gente se cansa de llamarlos y recurre a otros organismos”, afirmó y recordó que “esta empresa tiene también varias resoluciones judiciales que consideran a su servicio deficiente”.


De hecho, en medio de la seguidilla de protestas vecinales registradas en la ciudad ante la falta de agua en los últimos quince días, el organismo provincial conducido por Guido Lorenzino pidió sin éxito la suspensión de esta audiencia pública, al considerar que la empresa no había brindado ningún tipo de información acerca de su gestión, la situación del servicio y las obras realizadas.

“No vamos a acompañar este aumento, creemos que es un camino equivocado el que ha decidido esta empresa. Solicitamos a la Provincia que Buenos Aires que no homologue este nuevo cuadro tarifario”, expresó Ruesga e insistió en que “en la convocatoria a esta audiencia ha faltado información”, y que por lo establecido en la Constitución Nacional “los consumidores tienen que tener a su alcance la información necesaria para evaluar si es correcto u oportuno un determinado aumento”.

En ese sentido, remarcó: “Este aumento es un disparate. En un país donde hay una caída del consumo estrepitosa, donde hay una pérdida de empleo muy fuerte, donde hay aumento de pobreza e indigencia, donde hay una inflación cercana al 49% anual, paritarias a la baja, salarios que no alcanzan, aplicar un aumento así es desconocer la realidad que está atravesando el pueblo”.

Por su parte, Barcia señaló que “el aumento no se condice con las inversiones realizadas por ABSA” y que “por el elevado costo, la tarifa puede considerarse confiscatoria de los ingresos del grupo familiar. Es notable la enorme desproporción entre el aumento pedido por la empresa y los índices de incremento salarial obtenidos o proyectados por los usuarios, lo que torna inequitativa la capacidad de pago de los mismos que pertenecen a la clase media o clase media baja, que no califican para acceder a la tarifa social y tampoco tiene capacidad económica suficiente para pagar la tarifa”.

Los números del aumento

El contador Marcelo Chirico, fue el encargado de ratificar lo que ya se sabía previamente: ABSA pretende aumentar en 2019 un 38% la tarifa del servicio incrementando el valor del metro cúbico de $8,04 a $11,10. Según indicó, esa suba está por debajo de los índices de aumento de los costos operativos de la compañía, que rondarían en total el 48% contemplando los incrementos en activos químicos, energía, salarios, mantenimiento, gastos de administrción y comerciales.

En tanto, aseguró que la factura promedio a partir de este incremento pasaría rondar los $550. A su vez, según los datos de la empresa, la suba tendrá un impacto de menos de $100 en el 31% de los usuarios; de menos de $200 en el 41%; de menos de $400 en el 26%; y de más de $400 en el 1%.

Como forma de contrarrestar la falta de información previa requerida por las Defensorías y organismos de usuarios y consumidores, otros directivos de la empresa dieron un escueto panorama de las obras iniciadas en 2018, entre las que destacaron dos que pertenecen a la región: la puesta en valor de la Planta Donato Gerardi de Punta Lara (que tiene un avance del 95% y demandó una inversión de 1.300 millones de pesos) y la del Acueducto Norte (que llevará agua a Gonner/Villa Castells).

Además, mencionaron la construcción de dos plantas depuradoras de líquidos cloacales (Bahia Blanca y General Rodríguez), varias acciones de mantenimiento de acueductos en cinco puntos de la Provincia, y la construcción de cinco plantas de “ósmosis inversa” en localidades del noroeste bonaerense. Según se informó, la empresa en el año pasado reinvirtió 3.100 millones de pesos en obras.

Protestas en crecimiento

Las audiencias públicas no son vinculantes, por lo cual la Gobernación de la Provincia va camino a avalar el aumento propuesto por ABSA, a pesar del rechazo de las entidades que representan a usuarios y consumidores. Ya se han registrado protestas en distintas ciudades del país, y esta semana ya hay otras convocadas, que rechazan no sólo este incremento si no también el del resto de los servicios públicos que volverán a aumentar en los primeros meses del año.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida en el llamado “fallo Cepis” dictado en 2016 que anuló los aumentos en las tarifas del gas, indica -según explicaron desde la Defensoría bonaerense- que los aumentos en los servicios públicos tienen que respetar tres criterios: razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. “Ningún requisito de estos se cumple. Tal vez se cumplan teniendo una visión sesgada empresarial, tal vez sean razonables para la empresa, pero no para quienes tiene que ser razonable, que es para la ciudadanía”, sentenció Ruesga.

Comentarios