Diversas organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas denunciaron que se busca instalar un Estado de Excepción y eliminar el derecho a la protesta. Afirman que las detenciones son inconstitucionales e injustificables, además de que las personas detenidas sufrieron vejámenes, humillaciones y tratos degradantes. Realizarán presentaciones ante organismos internacionales
“A Santiago lo tomaron en la boca del subte. Él había ido con la asamblea de su barrio. Cuando se empezó a complicar la situación, ellos se fueron. Estaba parado en la boca del subte, en la vereda, no estaba cerca del cordón policial, lo agarraron policías de Civil, lo tironearon de la espalda de forma muy violenta, lo asfixiaron y se desompensó, lo tuvieron que atender del SAME. No sabemos cómo está ahora”, Lucila hermana del músico Santiago Adano, uno de los detenidos.
“Él había estado vendiendo choripanes y cuando arrancó la represión se quedó cuidando su auto, temía que se lo rompieran. Ahí vino la policía y se lo llevó. Después se llevaron a su hija también, cuando intentó defenderlo. No nos dejaron pasarle frazadas, comida, ni nada. Lo tuvieron tres horas parado en la calle y luego en el camión esposado. Lo último que sé es que lo trasladaron a Ezeiza”, familiar de Matías Ramirez, vendedor ambulante.
Estos son apenas algunos testimonios de familiares de dos de las 35 personas detenidas el miércoles durante la represión a la movilización contra el tratamiento de la Ley de Bases en el Congreso de la Nación. No haría falta decir mucho más, pero sí: estas personas y el resto continúan detenidas y un fiscal pretende acusarles de delitos tan graves como “sedición” o de cometer hechos de “terrorismo”.
Esta tarde se realizó una conferencia de prensa en el local del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), que conduce el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en la que se denunció el intento de instalar un Estado de Excepción y se reclamó la inmediata liberación de todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta o por simplemente estar trabajando en la zona del Congreso.
El marco en el que se realizó esta convocatoria, transmitida en vivo por La Retaguardia, fue de una amplia unidad, de la que participaron organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas, además de legisladores y legisladoras de diferentes partidos y extracciones políticas.
En la conferencia se denunció que las personas detenidas sufrieron vejámenes, humillaciones y tratos degradantes. “Estamos sufriendo un trato dictatorial. La Ministra Patricia Bullrich decide a qué hora reprimir, para que no lleguen más trabajadores a la manifestación. Esto es una persecución lisa y llana. No puede seguir en pie”, afirmó la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau, remarcó: “Se viven momentos de angustia. Hay que derribar la causa, porque es el inicio del Estado de Excepción. Bullrich es la principal responsable, en complicidad con el fiscal Carlos Stornelli, un armador de causas judiciales. Lo vamos a denunciar ante organismos internacionales el martes. Todos los argentinos debemos defender los derechos a manifestarnos y a reclamar”.
“Hace unos días allanaron el local del Partido Obrero, un hecho gravísimo. Ahora hay un salto en la represión y criminalización. Debemos desarrollar una campaña nacional e internacional para denunciar lo que está pasando en Argentina. No podemos permitir que se impida la organización y movilización popular”, afirmó la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá.
A su vez, la legisladora de CABA por Unión por la Patria e hija de desaparecides, Victoria Montenegro, señaló: “Nadie en este país puede estar preso por protestar en la calle. La democracia se recuperó gracias a la lucha por los derechos humanos. Vamos a seguir luchando para defenderla”.
En tanto, la legisladora de CABA por el Frente de Izquierda Celeste Fierro, aseguró: “Nos quieren llevar a un estado de Excepción. Quieren dar un salto en la criminalización, como hicieron con la ley de Reiterancia en CABA. A las personas detenidas las tuvieron más de 36 horas esposadas, las acusan de sedición, de terroristas, es muy grave esto”.
Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, también reclamó un “paro nacional activo de 36hs para exigir la liberación de las personas detenidas. Hay además 200 heridos. Nos han reprimido a todos. Hay trabajadores que vendían choripanes presos, hay personas en situación de calle que están presas”.
Una de las abogadas defensoras detalló: “están en los camiones celulares, sin agua, sin baño, esposadas durante 36 horas, dos días sin dormir. El maltrato no sólo fue a las personas detenidas, si no a las abogadas también. No nos dejaban hacerles firmar para asumir las defensas. Hay varias personas que no están trasladadas todavía, siguen en camiones detenidas en estas condiciones”.
“Un camino sin retorno que puede terminar con la democracia“
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que estuvo monitoreando el operativo represivo, expresó a través de un comunicado “su repudio y preocupación ante los graves hechos de represión cometidos por parte de fuerzas policiales y de seguridad Federales y de la Policía de la Ciudad, que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso de la Nación en el contexto de la manifestación pública realizada el 12 de junio”.
“Los mismos fueron alentados y convalidados por el comunicado oficial de la Presidencia de la Nación que felicitó el desempeño de las fuerzas policiales y calificó los eventos ocurridos en la masiva manifestación pública como actos de terrorismo orientados a la perpetración de un golpe de estado. Planteo que de manera escandalosa fue tomado por el fiscal Stornelli consolidando así desde la perspectiva judicial el brutal intento de criminalizar y castigar la protesta con la sanción penal y la privación de la libertad”, aseguraron.
Además, remarcan que “la cacería de personas se lanzó horas después y a notable distancia de los hechos. Las detenciones fueron arbitrarias y muy violentas a personas de distinta procedencia y ocupaciones que por diversas razones estaban allí. Varios vendedores ambulantes de empanadas y choripan, profesora de historia, investigadores, estudiantes universitarios, personas en situación de calle, una persona con padecimiento mental, un fotógrafo, son los detenidos por un supuesto intento de dar un golpe de estado”.
“Una vieja granada y ningún arma de fuego serían los elementos con que pretendieron derrocar al gobierno. No hubo intento de sedición ni de golpe de estado. No hay terroristas. Son ciudadanos que ejercían derechos constitucionales y habitaban el espacio público. El gobierno de Milei y Bullrich ingresa en un camino sin retorno que puede terminar con la democracia”, advierten.
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