Tres hechos graves ocurridos en menos de 15 días en instituciones para jóvenes en conflicto con la ley penal de la ciudad, volvieron a encender la luz de alarma. Los trabajadores afirman que hay sobrecupo, poco personal y condiciones edilicias deplorables. Convocaron a un paro para mañana en el sector
En menos de 15 días hubo un motín, una fuga, agresiones graves y heridos, en tres institutos para jóvenes en conflicto con la ley penal de la ciudad. Trabajadores y trabajadoras de estos lugares le apuntaron a Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) Pilar Molina y a la Gobernadora María Eugenia Vidal por el estado de abandono y desinversión en que se encuentran estas instituciones en las que impera el sobrecupo, la falta de personal y condiciones edilicias deficientes.
Este fin de semana un empleado del Centro de Contención Gambier, ubicado dentro del Complejo Villa Nueva Esperanza en la localidad de Abasto (520 y 226), fue herido de un puntazo en medio de un intento de fuga de cinco jóvenes alojados en este instituto de régimen abierto. Es otra gota que sigue rebalsando el vaso. El hecho se suma a otros dos ocurridos previamente en el mismo predio, una en el Centro Cerrado COPA donde se produjo un motín y la otra, en el Centro Cerrado Ibarra donde se denunció un hecho de violencia y agresión grave entre y hacia un joven.
En ese marco, la Junta Interna y Delegados de ATE de Instituciones Penales del OPNyA denunciaron “la situación de inseguridad laboral y vulneración de derechos en la cual venimos realizando nuestras tareas. No queremos que el tratamiento mediático de los hechos, el cual fue dado de manera morbosa e irresponsable, quite la oportunidad de poner en cuestión las pésimas condiciones en las que llevamos a cabo nuestra tarea los trabajadores de las instituciones de encierro”.
“Hoy por hoy, y desde hace más de un año, ninguna de las instituciones del mencionado predio tiene gas natural, lo que implica que tanto el anterior invierno, como el de este año en ningún edificio se contará con calefacción. Más los constantes cortes de luz, con una situación edilicia precaria y cajas chicas deficientes para afrontar los gastos corrientes”, explicaron.
Luego, sumaron otra situación grave: “el sobrecupo de jóvenes existente en la mayoría de las instituciones y la falta de designación de personal para la contención de los mismos. Hoy las instituciones deben alojar mayor cantidad de jóvenes con menor cantidad de personal. Asimismo, las bajas por jubilaciones, retiros voluntarios o renuncias no fueron en ningún caso cubiertas, con lo cual resulta muy difícil poder hablar de planteles básicos para llevar a cabo nuestras tareas. Esta situación se evidencia no sólo en el sistema penal juvenil, sino también en otro hogares y programas provinciales”.
“Hemos solicitado innumerables audiencias. Las situaciones arriba mencionadas y las condiciones han sido y son denunciadas de manera sistemática, porque justamente no queremos que se termine pagando con la vida, ni de los trabajadores ni de los jóvenes. Una vez más exigimos una audiencia inmediata con las autoridades y obtener respuestas favorables a nuestros reclamos”, afirmaron a través de un comunicado de prensa.
Pero no sólo las “condiciones de abandono” se viven en los institutos cerrados. Hace una semana, trabajadores el mismo organismo denunciaron una idéntica situación en la manzana de 66 y 9, donde solían funcionar programas e instituciones dependientes del OPNyA, que se fueron desmantelando y ahora buena parte del lugar permanece abandonado.
Como contraste, también volvieron a señalar que mientras las políticas para la atención de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad van en caída en términos de inversión, las autoridades provinciales gastan una cifra millonaria en la instalación de cámaras de seguridad, molinetes y controles biométricos “como pretexto de una mayor seguridad laboral”. “Lo repudiamos y discrepamos con la actual gestión cuando cree que es posible aumentar la seguridad laboral avasallando los derechos tanto de los trabajadores y trabajadoras, como de las y los jóvenes”, remarcaron y anunciaron “un paro total en todas las dependencias del organismo en la ciudad.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.