A partir del trabajo exhaustivo de especialistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, la ONG Acción por la Biodiversidad confeccionó un Atlas que sintetiza las diferentes problemáticas derivadas del cultivo de la soja transgénica en la región, vigente desde 1996. El ingeniero agrónomo Fernando Frank, uno de sus autores, aporta su mirada en esta entrevista con Pulso Noticias
Por Lautaro Castro
Desde mediados de la década del 90, cuando se instaló en el Cono Sur bajo conceptos potencialmente beneficiosos como “Desarrollo” y “Seguridad Alimentaria”, el agronegocio fue consolidándose cada vez con mayor fuerza, a tal punto de que hoy domina gran parte de la producción de alimentos de base agrícola a nivel regional.
La introducción de la soja y el maíz transgénico, cultivos genéticamente modificados para hacerlos resistentes al glifosato -un herbicida de amplio espectro-, significó a su vez la imposición de un paquete tecnológico basado en el monocultivo, la siembra directa, la mecanización y fumigación masiva, que cambió radicalmente los métodos empleados hasta entonces.
Así, los campos comenzaron a inundarse de veneno, pero resulta que este no solo alcanzó a las malezas. También empezó a afectar la salud de las y los pobladores de las comunidades cercanas a las producciones, a los suelos, la biodiversidad, los cursos de aguas, etc. Simultáneamente, en la necesidad de expandir territorios de producción, la destrucción de bosques nativos se hizo una constante, así como la expulsión de comunidades campesinas e indígenas, acentuando la concentración y las desigualdades sociales.
Las evidencias acerca de estas y otras problemáticas derivadas del modelo agroindustrial se conocen desde hace tiempo. Sin embargo, lo que estaba faltando era un documento que las ordenara y sistematizara. Por ello, la decisión de la ONG Acción por la Biodiversidad de confeccionar el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos, no pudo ser más acertada.
A través de 22 capítulos/ejes temáticos, el libro aborda de forma integral los impactos que este modelo transgénico genera en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, al mismo tiempo que propone alternativas que priorizan la alimentación saludable y el cuidado de la tierra. Tanto el Atlas como el “Mapa de la república tóxica de la soja” están disponibles para su libre descarga y próximamente también tendrán su edición impresa.
Fernando Frank, 39 años, es ingeniero agrónomo y formó parte del equipo de investigación, integrado por expertos de los cinco países seleccionados. De perfil territorial, hace unos años comenzó a interesarse por las problemáticas campesinas, lo que lo llevó a estrechar vínculos con organizaciones de toda Latinoamérica. Así conoció a Carlos Vicente, Director de Acción por la Biodiversidad, quien lo convocó para participar del proyecto. “Fue un verdadero esfuerzo colectivo, de mucha gente. Hicimos talleres con referentes de los movimientos campesinos en los que pusimos en común y debatimos diferentes cuestiones. Ser parte de todo eso fue muy enriquecedor”, asegura Fernando a Pulso Noticias.
En su introducción, el libro repara en el hecho de no ser “una publicación para la academia”. Tampoco busca confrontar con ella, sino incluirla como un actor más en la confección de un material “que sea leído, estudiado, utilizado, debatido y compartido entre todxs lxs que están profundamente comprometidxs con la transformación de nuestro sistema alimentario”, así como también aquellos que quieran tener un primer acercamiento al tema. Al respecto, Frank dice que “se priorizó tener un lenguaje llano en la medida de lo posible, para que pueda leerlo el público en general. Asimismo, está abierto a futuras colaboraciones y actualizaciones”.
El especialista aclara que el Atlas no aporta información nueva, sino que organiza la ya existente: “Fue un trabajo de casi un año y medio. Recurrimos a fuentes secundarias o informes oficiales -en los casos que había-, como el Censo Nacional Agropecuario 2018 en Argentina. También aparecen estudios del INTA, algunas publicaciones de las mismas empresas y, por supuesto, documentos de organizaciones campesinas, a través de los cuales intentamos replicar su visión”.
—¿Qué hay de los datos oficiales sobre agrotóxicos en nuestro país?
—Hay bastantes vacíos de información. Cuántos millones de litros de agrotóxicos se utilizan en Argentina es un dato que el Estado no registra. Sobre concentración de tierras tampoco hay estadísticas, ni nacionales ni provinciales. No les interesa hacerlo, porque de lo contrario significaría reconocer un desastre total. Antes, las empresas sojeras publicaban algunos datos, contentas, porque era un mercado en crecimiento. Lo que no decían era que estaban envenenando a la población, que aumentaban las malformaciones y el cáncer. Cuando eso, hace unos diez años, comenzó a cuestionarse masivamente, dejaron de publicar.
—En el libro se hace hincapié en un modelo productivo que tenga como eje la Soberanía Alimentaria, un concepto que resurgió en los últimos días a raíz de la posible expropiación de Vicentin ¿Cómo lo definirías?
—Es el derecho de los pueblos a decidir qué comer, qué producir y –sobre todo- cómo producir. La soberanía surge en oposición al concepto de seguridad alimentaria, que habla de acceso a los alimentos, pero no cuestiona ni su calidad ni quién los produce. Con esa mentira de que para alimentar a la humanidad hace falta producir más, se produce en exceso y el hambre crece. Hoy tenemos un desperdicio de más del 30% en la producción de alimentos en los países ricos. Decir “No” a esta forma capitalista de la agricultura que son los agronegocios es decir “Sí” a aquella centrada en las culturas campesinas e indígenas. También es necesario un debate crítico sobre las tecnologías: usar las que sirvan y descartar las que no.
—¿Considerás que existe algún punto de conexión entre lo que manifiestan ustedes acerca de la Soberanía Alimentaria con lo que expresó el gobierno en ese sentido?
—Qué entiende este gobierno por soberanía alimentaria es algo que me genera más preguntas que respuestas. El concepto tiene una larga historia y es muy potente políticamente. Hay compañeros que están preocupados con que se coopte el término. Yo no estoy tan seguro de eso, lo complicado es si lo vacían de sentido.
—La transversalidad política que el agronegocio ha tenido entre los distintos países es otra de las particularidades que aborda el Atlas. Diferentes gobiernos, ya sea progresistas o de derecha, le han abierto las puertas ¿Por qué crees que es así?
—La realidad es que se tendrían que pelear con las oligarquías para transformar algunas cuestiones. Hay algunas empresas que, en facturación, son más grandes que países chicos. Hace poco escuché decir a un dirigente de los Sin Tierra, de Brasil, que esperaban otra cosa de Lula. Si bien encabezó transformaciones sociales muy importantes, no menos cierto es que durante su gestión los monocultivos avanzaron. Argentina tiene una ley de agricultura familiar, campesina e indígena muy interesante que se aprobó por unanimidad en 2014 a condición de no tener presupuesto. Al día de hoy no está reglamentada. En Bolivia los transgénicos se debatieron más, pero se terminaron instalando; en Uruguay fue bastante explosivo su desarrollo; y en Paraguay, la fuerza del agronegocio quedó demostrada con su injerencia en el golpe de Estado al ex presidente Lugo.
—La cuarentena que vivimos por estos días, ¿genera alguna expectativa de cambio hacia el futuro?
—Una limitación fuerte a los agronegocios no la estamos viendo; tampoco hay ninguna perspectiva de socialización de la tierra, algo que las organizaciones piden y sigue siendo una mala palabra para la política. No obstante, lo que sí vemos con esto de la pandemia, es que el internacionalismo cobró mayor fuerza entre los movimientos campesinos. Esa cuestión de la solidaridad Sur-Sur está presente en la articulación concreta y me parece maravillosa.
—¿Cuál es el rol de las mujeres en esa lucha?
—Dentro de las organizaciones, las áreas de género y de mujeres tienen una fuerza particular, marcada por la defensa de las semillas, de la salud, la comercialización de alimentos, entre otras cuestiones. Muchas se han puesto al frente de algunas resistencias y hasta existen organizaciones exclusivamente de mujeres en la lucha frontal contra el agronegocio. Por ejemplo, las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, en la Provincia de Córdoba, marcaron un hito en 2012 al ganar un juicio contra empresarios sojeros responsables de fumigaciones en la zona.
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