La Municipalidad busca aprobar un desvío de fondos que se iban a utilizar para hacer cloacas en el barrio Nuevo Abasto hacia la obra de puesta en valor de calle 51 y la refacción del centro comercial de City Bell. Críticas de la oposición por la repentina modificación de trabajos de infraestructura esencial en un barrio de la periferia hacia otras que no requieren ninguna urgencia.
Por David Barresi
La última sesión del Concejo Deliberante celebrada el miércoles tuvo entre sus ejes centrales una ardua polémica sobre una llamativa modificación de obras que en principio iban a ir destinadas para la realización del sistema de cloacas en el barrio Nuevo Abasto pero que la Municipalidad pretende que dichos fondos se utilicen para la puesta en valor de la calle 51 entre 4 y 6 y para la refacción del centro comercial de calle Cantilo en City Bell.
Se trata de una adenda dispuesta por el intendente Julio Garro a un convenio firmado entre la comuna y la ex Secretaría de Vivienda y Hábitat en el año 2015 para realizar una serie de obras de urbanización del barrio Nuevo Abasto, que nació como un asentamiento ubicado en el predio delimitado por las calles 213 a 216 y 520 a 526, en el cual los vecinos fueron organizándose para conseguir la infraestructura básica para desarrollar sus viviendas.
Tras varias movilizaciones lograron la firma de este convenio que estipulaba una serie de trabajos por 151,5 millones de pesos, de los cuales 149,3 millones eran aportados por Nación y 2,1 por la Municipalidad. En el mismo se contempla una red vial del barrio con entoscado, la red eléctrica y el alumbrado público, arbolado, agua potable con conexión domiciliaria, tres plazas, pero el punto más polémico es que el sistema de cloacas que estaba contemplado no sería realizado porque la comuna pretende destinar dichos fondos (alrededor de 37 millones de pesos) a las mencionadas obras, de las cuales ninguna es de carácter urgente.
La razón para no realizar el sistema cloacal es que, según los funcionarios municipales, la Cooperativa de Aguas y Cloacas de Abasto tiene su planta de tratamiento colapsada y por lo tanto no puede ampliar su capacidad. Sin embargo, en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante los concejales de Cambiemos no brindaron ningún informe técnico que avale dicho argumento.
“Si esperan que acompañemos una modificación de más de 40 millones de pesos de un expediente por lo menos dennos un informe técnico que justifique que verdaderamente esto es así. Ese informe técnico no está”, señaló el concejal opositor Gastón Castagneto (FPV-UC) este miércoles en el recinto. En ese marco, contradijo al oficialismo y remarcó que con “solo 10 millones de pesos o menos la planta puede estar en condiciones de recibir no solamente las cloacas del barrio nuevo Abasto, si no mejorar el tratamiento para los más de 2000 usuarios actuales que tienen a la cooperativa como prestadora del servicio”.
En esa línea, su compañera de bloque, la edil Victoria Tolosa Paz -quien inició una causa judicial antes de asumir como concejala contra la Cooperativa de Aguas y Cloacas de Abasto por contaminación de dos barrios (Villa Esperanza y San Martín)- mostró una carta que recibió este lunes por parte del director de la mencionada empresa, Jorge Martínez, quien afirma no haber sido consultado por el Poder Ejecutivo acerca de la posibilidad de brindar el servicio al barrio Nuevo Abasto y remarca que dicha demanda legal no obstaculiza que con una redistribución de los fondos se pueda ampliar la capacidad de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. En efecto, la controversia en la Justicia también había sido utilizada como un argumento para el desvío de los fondos hacia otras obras.
También la concejala Lorena Riesgo (FPV-PJ) se refirió al tema: “A mi me generó dudas que no hubiera documentación que acompañara esto. Más me sorprende que el presidente de la cooperativa manda una carta diciendo que aquello que se dijo en la comisión de Hacienda era falso. Además dice que en realidad la planta de tratamiento con una inversión de 10 millones de pesos podría desarrollar sin problemas todo el tratamiento de estas nuevas cloacas”.
Quien salió a defender la adenda del intendente fue el edil de Cambiemos Julio Irurueta, presidente de la Comisión de Hacienda. Ante la presencia de vecinos del barrio en cuestión en las gradas del recinto, primero aclaró que el próximo 16 de junio saldrá la licitación por el agua potable, como para calmar el enojo, y luego señaló que según su punto de vista, el tema de las cloacas no se trata de “un desvío de fondos: se hizo una reutilización para no perder esos fondos, basados en una carta que da una explicación técnica”.
El argumento oficialista sobre la necesidad de readecuar partidas es que se vence el plazo para ejecutar el dinero, y al estar este impedimento técnico la decisión del Ejecutivo es utilizarlo en otras obras, aunque nada tengan que ver con el barrio. Irurueta en ese momento leyó una carta firmada por autoridades de la mencionada cooperativa (que no había sido leída en la Comisión de Hacienda) que indica que la planta de tratamiento está “colapsada y deteriorada” y que es necesario realizar una nueva planta para poder absorber la nueva demanda. Sin embargo, resulta que ese informe técnico es de 2016, mientras que el actual presidente de la entidad envió un informe en el que aclara que existe otra alternativa (como mencionaron los ediles opositores).
Irurueta, de todas formas, insistió en que “hacer proyectos lleva mucho tiempo”, y esto se tiene que resolver con celeridad para no perder el dinero. Pero esto fue retrucado por la oposición que señaló que precisamente la puesta en valor de calle 51 fue cuestionada en sesiones anteriores porque no existía ningún proyecto (de hecho es una obra que ni siquiera pasó por el Concejo Deliberante), como así tampoco la oposición tenía conocimiento del proyecto de refacción del centro comercial de calle Cantilo.
En ese contexto de informes cruzados, y ante la necesidad imperiosa de los vecinos de Abasto de no postergar (sin fecha alguna) una obra fundamental para el barrio, Castagneto propuso no acelerar el expediente -que Cambiemos quiere votar en 15 días- y tomarse dos reuniones de comisión más para analizar con los ingenieros de la cooperativa la posibilidad de ampliar la planta de tratamiento.
El oficialismo en la voz del edil Javier Mor Roig valoró la propuesta pero sin embargo mostró su intención -hasta el momento inflexible- de aprobar el aval a la adenda del intendente en la próxima sesión. Las próximas dos semanas serán clave para el desenlace del conflicto que mantiene en vilo a cientos de familias que esperan la concreción de su sueño de una vivienda digna.
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