Desde la Junta Interna de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar reclaman la reincorporación de cinco personas y denuncian un plan del gobierno para reducir la planta de personal
Trabajadores de la Junta Interna gremial de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense realizaron esta mañana una nueva protesta en rechazo a los despidos de cinco trabajadores contratados que formaban parte de la ex-UEP. La medida se llevó adelante en la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación, en avenida 44 entre 5 y 6, a donde permanecieron hasta que lograron acordar una reunión con las autoridades para el próximo martes.
“Esta medida es por cinco despidos, cuatro de los cuales son de la Dirección Provincial de Infraestructura y uno de Jubilaciones”, detalló en diálogo con Pulso Noticias el delegado de la Junta Interna, Martín Pretz. “El de Jubilaciones estaba internado con carpeta médica cuando no lo recontratan”, denunció. “Los inspectores (dos de los despedidos) recibieron un llamado a una reunión para una posible reincorporación pero todavía no son oficiales las versiones de la continuidad, por eso estamos acá”, sostuvo y destacó el apoyo gremial de ATE y otros sectores sindicales.
“Esto se da en el marco de una negociación por el pase a planta permanente de todos los que estamos contratados, precarizados en la Ley de Emergencia Administrativa, pero también los que no están incluidos, porque hay contratos nacionales o provinciales que son muy precarizados, muy bajos”, contó.
Los trabajadores ya habían realizado una protesta el martes que pasó en la sede de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, en reclamo de la reincorporación de los empleados cesanteados, solicitando el pase a planta permanente para garantizar “terminar con los despidos disfrazados de ´no renovación´ de los más precarizados”, explicaron.
“En el caso de los y las trabajadoras que trabajaban en la ex-UEP la situación es aun mas grave ya que existe una relación de dependencia encubierta por mas de 20 años no reconocida por el Estado y que hoy en día continúan con esta modalidad precarizadora”, advirtieron.
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