El organismo le niega una licencia por maternidad a una madre no gestante, trabajadora de la sede platense, que tiene incluso un fallo judicial a su favor. El argumento insólito que utilizan las autoridades es que pone en riesgo el “equilibrio financiero de la institución”. Desde el gremio del sector denuncian además una serie de avasallamientos y violencias que vienen ejerciendo las autoridades del instituto
La sede local del PAMI ubicada en 7 entre 35 y 36 tuvo esta mañana una manifestación en su puerta para repudiar la negativa del organismo a darle una licencia por maternidad a Yanina, una madre no gestante que trabaja en ese establecimiento al igual que su pareja.
Esta empleada de la institución debió realizar un pedido especial de licencia por maternidad dado que en el Convenio Colectivo de Trabajo no está incluida la figura de madre no gestante o co-maternidad. Ante la falta de respuesta institucional, se vio obligada a recurrir a la vía judicial, para lo que contó con el asesoramiento del programa de extensión de “Diversidad Familiar” de la Facultad de Derecho de la UNLP. Finalmente, terminó obteniendo un fallo favorable del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata el pasado 27 de mayo que le reconoce el derecho a licencia con goce de haberes por 70 días.
Pero, según explicaron desde el Sindicato Unido de Trabajadorxs y Empleadxs de PAMI (SUTEPA), “este fallo fue apelado por PAMI, quien no discute tanto la procedencia de la licencia, sino que aduce problemas financieros para dar cumplimiento, sugiriendo que el otorgamiento de 70 días con goce de haberes a nuestra compañera podría poner en riesgo el equilibrio financiero de la institución”.
“Estamos hablando de uno de los presupuestos más grandes de la Argentina, más que provincias enteras. Pero bueno parece ser que la licencia de nuestra compañera puede hacer quebrar el PAMI”, se indignó Patricia Flores, secretaria gremial de la seccional platense del mencionado sindicato.
“Los argumentos que expresa son ridículos y falaces. Mientras la gestión del Instituto argumentan falta de recursos económicos para garantizar la medida, cotidianamente observamos cómo se dilapida el presupuesto creando cargos jerárquicos y efectuando nuevos ingresos y nombramientos que son destinados a militantes de fuerzas políticas afines que nada saben de necesidades de las personas mayores”, agregaron desde el sindicato.
Flores señaló hoy, en el marco del acto de repudio, que este tipo de políticas no son casualidad, y que forman parte de un largo derrotero de acciones por parte de las autoridades contra los derechos de las mujeres y disidencias. En primer lugar recordó que desde que asumió esta gestión, en 2015, “suspendió el funcionamiento de algunas subcomisiones paritarias permanentes, como la subcomisión de igualdad de oportunidades y trato”, en la cual se deberían debatir este tipo de cuestiones.
Pero además, señaló que “en enero de 2017 una compañera, Mónica Acosta, fue víctima de femicidio. Trabajaba en el edificio central en calle Corrientes y Florida, en pleno microcentro porteño. Pocas compañeras del instituto sabían que nuestra compañera había sido muerta por un femicida”.
“Las mujeres trabajadoras somos las que hicimos visibilizar esto, y muchas compañeras pudieron acompañar a la hija de Mónica -que es trabajadora del PAMI también- en el juicio donde se pedía justicia por este crimen. No hubo ningún tipo de acompañamiento institucional”, remarcó.
“Ante la falta de apoyo institucional, y ante la falta de políticas de sensibilización y de capacitación en cuestiones de género, tomamos la tarea en nuestras manos. Nos juntamos a hacer cada 8 de marzo actividades y capacitaciones”, indicó y relató que incluso desde el sindicato compraron una heladera y establecieron un espacio para hacer un lactario ante la falta de respuestas del organismo. “¿Cómo pueden las trabajadoras continuar con su maternidad si no hay lugares propicios en nuestras instituciones?”, se preguntó.
Pero como si fuera poco, después del último paro internacional de mujeres el pasado 8 de marzo, el PAMI decidió descontar el día de trabajo y el proporcional del presentismo a todas las trabajadoras que se adhirieron. “Todo esto en contexto en el cual nos viene golpeando la inflación”, señaló Flores.
Por esta razón, además de exigir el otorgamiento inmediato de la licencia en cumplimiento del fallo judicial, la devolución de los descuentos y la puesta en marcha de la comisión paritaria permanente, el gremio exige que en el organismo se cumpla la Ley Micaela, recientemente sancionada, y por la cual los funcionarios que conducen el organismo deben ser capacitados obligatoriamente en materia de género.
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