Tras las intenciones de reforma en la Ley de Seguridad Social en Nicaragua se desató, desde el 18 de abril, una ola de protestas y represiones violentas que ha ido escalando y registra hoy al menos 212 muertes. El Gobierno del presidente Daniel Ortega se encuentra desbordado, la comunidad internacional ha advertido la situación y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pide adelantar las elecciones en el país
Por Mariano Fusé
En el contexto de la crítica y angustiante situación, desde el exterior le exigen soluciones al gobierno nicaragüense. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno de Daniel Ortega a cesar la cruel represión que está ejerciendo en contra de los manifestantes. La CIDH elaboró un informe de 97 páginas que expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el mismo, manifestó que han ocurrido “graves violaciones a los Derechos Humanos”. El pronunciamiento ha sido avalado por casi todos los países miembros del Consejo, con excepción de Venezuela y Nicaragua.
El informe de la CIDH fue rechazado de lleno por el gobierno nicaragüense, que lo calificó de sesgado y notoriamente parcializado. “Rechazamos de manera integral el informe”, manifestó con indignación el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien alega que los grupos que instigan la violencia están interesados en la desestabilización y la ruptura del orden constitucional.
La OEA, por su parte, propone que se celebren elecciones anticipadas en todos los órdenes de gobierno dentro de un mínimo de 9 meses y un máximo de 14. “La respuesta debe ser pronto, el tiempo va contra Nicaragua”, expresó Luis Almagro, secretario general del organismo.
Almagro exigió al Gobierno de Nicaragua “el cese inmediato de las violaciones de los Derechos Humanos y el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la CIDH”, poniendo por primera vez en el banquillo a los gobernantes del país en crisis y haciendo foco en la responsabilidad del Estado por la ola de violencia descontrolada. Y sentenció: “Los responsables de las muertes y demás aberraciones deberán comparecer ante la Justicia y pagar por sus crímenes, no puede haber otra opción”.
Crónica del conflicto
Las protestas se desataron el 18 de abril en Managua, la capital del país, luego de que se anunciara una reforma mediante decreto presidencial al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La misma apuntaba a aumentar las contribuciones de trabajadores y empresarios e imponía un impuesto del 5% a jubilados.
Esta medida fue la que detonó el conflicto, provocando que miles de jóvenes, trabajadores, jubilados, así como también empresarios, tomaran la escena pública. Desplegando gran organización, las calles fueron ocupadas y el presidente Daniel Ortega tuvo que enfrentarse a la manifestación más grande que ha vivido en sus 11 años de mandato.
Se acusa que el extenso período que Ortega lleva como cabeza del país ha sido mantenido a golpe de decretos y mediante un estricto y crudo control del Ejército y la Policía.
Ante algo que jamás había afrontado, el presidente respondió como nunca antes se había visto. El día siguiente al estallido, la protesta se generalizó y extendió a otras ciudades; los estudiantes universitarios se hicieron un fuerte eco del reclamo y, en una represión, muerieron dos de ellos y un policía. Ese mismo día, Ortega ordenó el cierre de las dos principales cadenas de televisión independientes y un canal de la Conferencia Episcopal.
Por causa y efecto, en una acelerada vorágine, las manifestaciones se fueron tornando cada vez más agresivas ante las respuestas despiadadas del gobierno. El 20 de abril, francotiradores ubicados en el Estadio Nacional dispararon contra jóvenes estudiantes y fue asesinado Álvaro Conrado, de solo 15 años.
En menos de una semana de librado el descontrol, el 22 de abril ya se habían apilado más de 30 cadáveres por el conflicto y Ortega anunció la retirada de la reforma en el INSS. Sin embargo, los enfrentamientos se recrudecieron y el presidente dio la orden de desplegar el Ejército en ciudades clave de país. El periodista Miguel Ángel Gahona murió mientras filmaba las protestas.
Para el 1 de mayo, el saldo de víctimas fatales ascendía a 43. Lo que comenzó como una movilización en contra de la reforma a la Ley de Seguridad Social ya se había transformado en un masivo movimiento para exigir el alejamiento de Daniel Ortega quien, con 73 años de edad, y habiendo sido uno de los líderes más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocó la dictadura de la familia Somoza, hoy se vale de todo tipo de políticas violentas y antidemocráticas en su afán de permanecer en el poder.
El 17 de mayo llegó al país la primera intervención desde organismos internacionales. Un grupo de representantes de la CIDH arribó a Nicaragua y, luego de una observación e investigación que duró 4 días, publicó un informe preliminar en el cual confirmó 76 muertos, 868 heridos y 438 personas detenidas arbitrariamente.
El día siguiente se propuso una jornada de diálogo nacional y una tregua de 72 horas que no se respetó. Estudiantes de la Universidad Agraria fueron agredidos y las conversaciones quedaron suspendidas.
El 30 de mayo, con motivo del día de la madre en Nicaragua, se convocó una gran marcha exigiendo la salida de Ortega y el saldo fue de al menos 15 muertos y decenas de heridos. A partir de ese día, los sectores patronales se distanciaron de manera tajante del mandatario y se sumaron a las voces que reclaman su salida.
Con cada vez menos aliados, el presidente comenzó a ser más permeable con el exterior y con la posibilidad del diálogo. Se le dio participación a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que anunció la reanudación de las conversaciones, y tanto el gobierno como la oposición política acordaron dar lugar a observadores internacionales de Derechos Humanos para investigar las muertes violentas.
Tras dicho acuerdo, la CIDH pudo profundizar sus indagaciones en el lugar y el pasado viernes presentó su informe final. La relatora para Nicaragua del organismo, Antonia Urrejola, ha manifestado ante el Consejo Permanente de la OEA que, hasta el 19 de junio y con motivo de la crisis sociopolítica, han fallecido al menos 212 personas. Asimismo, desde la CIDH, aseguraron que la Policía de Nicaragua y grupos paramilitares han implementado un “patrón” de violencia destinado disuadir la participación de los manifestantes en las protestas que hace dos meses vienen produciéndose en el país centroamericano.
Tras el informe presentado, se espera que pueda reanudarse el diálogo y disminuyan los niveles de violencia a fin de restablecer la paz y el orden en la región. Sin embargo, luego de más de dos meses de enfrentamientos y tantas fatalidades, parece difícil que el conflicto pueda finalizar con Daniel Ortega en el poder. Con gran parte de la ciudadanía exigiendo su alejamiento, sin lugar a dudas que la intervención de los organismos internacionales y la presión externa será fundamental para acelerar cualquier proceso de pacificación que pretenda implementarse.
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