Tras la pobre sentencia que condenó sólo al exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad a una pena mínima por las consecuencias del trágico temporal del 2 de abril de 2013, dejando afuera a siete funcionarios de alta jerarquía, las asambleas de inundados junto al diputado Guillermo Kane pidieron el juicio político del representante del Ministerio Público fiscal por considerarlo responsable “de garantizar la impunidad”
Esta mañana se presentó el pedido ante al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de juicio político al fiscal Jorge Paolini por “negligencia en el ejercicio de sus funciones” y la “realización de actos de parcialidad manifiesta relativas a determinar la responsabilidad penal de distintos funcionarios públicos” en el marco del juicio por las consecuencias del trágico temporal del 2 de abril de 2013.
La acusación fue elevada por el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores Guillermo Kane junto a las asambleas de inundados que se constituyeron tras aquel hecho y que durante seis años han llevado adelante el reclamo de justicia y verdad.
Cabe recordar que el proceso judicial terminó de forma exprés (fue un juicio abreviado) el pasado 6 de marzo con una previsible sentencia irrisoria: una multa de $12.500 e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año para el exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad en aquel entonces, Segio Daniel Lezana.
Se preveía este desenlace ya que desde que se elevó a juicio la causa, Paolini había decidido que la imputación penal de tamaña catástrofe iba a recaer sólo en dos personas (el otro imputado había sido el exdirector de Defensa Civil bonaerense Miguel Ángel Lorenzo, pero falleció antes de la instancia final del proceso judicial). Así, el fiscal descartó una exhaustiva presentación realizada por una de las querellas en la que se analizaban las responsabilidades y pedían que se citara a indagatoria al exgobernador Daniel Scioli, al exintendente Pablo Bruera, al exministro de Infraestructura Alejandro Arlía, al exministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, al exministro de Salud Alejandro Collia, al ex jefe de Gabinete municipal Santiago Martorelli y al exsecretario de Gestión Pública Enrique Sette.
“Luego del juicio, las asambleas junto con la bancada del Frente de Izquierda hemos resuelto solicitar un pedido de jury contra el fiscal Paolini que fue el que actuó desde un primer momento, llevó adelante toda la instrucción de la causa, y finalmente cuando tuvo que hacer la elevación a juicio solamente solicitó la imputación de dos funcionarios, dejando de lado la responsabilidad de los funcionarios de primera línea”, explicó Pía Garralda, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha, que participó como querellante en la causa.
En los fundamentos del pedido de juicio político se remarca que el fiscal “se restringió al incumplimiento de funciones de un agente aislado cuando de la misma investigación realizada surge explícitamente el mal desempeño de un conjunto de áreas de gobierno, y del gobierno mismo”.
Además, se agrega: “Es evidente que se fuerza la interpretación jurídica en pos de preservar a los principales responsables políticos de la situación a la que fueron expuestos los habitantes de La Plata. La hipótesis de Paolini -alegando que ni las obras estructurales, las no estructurales, la existencia de un plan de contingencia conocido por la población, de corredores seguros y de muchas otras medidas que debían haber sido tomadas por los funcionarios responsables, ni ninguna medida hubiera modificado los daños ocasionados- carece de lógica”.
Por su parte, Kane afirmó: “No podemos dejar de señalar la conducta de este fiscal en particular, su manera de operar. Su esfuerzo porque la investigación no llegue a los responsables políticos. Ha sido una pieza clave para eso. Los responsables políticos a sabiendas de que tenían que hacer obras, tener un plan de contingencia, y poner recursos para que en una inundación se pudieran atender las necesidades, decidieron no hacerlo, privilegiaron que esos recursos vayan a otros lados, privilegiaron una política de ajuste para el pago de deuda y negociados patronales. Entonces ellos por acción, por su política activa han generado eso”.
El diputado no tenía expectativas de que el pedido de juicio tuviera un tratamiento rápido dado que este año las sesiones de la Cámara Baja han sido escasas, situación que adjudicó al resto de los bloques que priorizan las campañas electorales por sobre el funcionamiento del cuerpo. De todas formas, al igual que los integrantes de las asambleas presentes en la conferencia de prensa, señaló que seguirán peleando por que se haga justicia por las víctimas de la inundación.
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