La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, afirmando que esta fuerza de seguridad “en sus funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos”
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entidad que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, rechazó a través de un comunicado de prensa la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores, a cargo de la Gendarmería Nacional.
El organismo bonaerense, destinado a promover e implementar políticas públicas de memoria y derechos humanos, señaló que la medida “busca poner en manos de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia sin intervención de los organismos de promoción y protección de sus derechos”.
“La Gendarmería Nacional, que en sus funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos y ha sido elegida por esta gestión para la represión de la protesta y los conflictos sociales, no puede ser garante de los valores de la democracia. Por todo esto, la CPM rechaza esta nueva resolución demagógica e irresponsable que sólo busca fortalecer el control social por medio de las agencias punitivas del Estado y alimentar un sentido común autoritario que persiste en nuestra sociedad”, explicó.
Además, calificó a la iniciativa como “irresponsable, demagógica y pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos”.
Por otro lado, indicó que a través de esta resolución “el Ministerio de Seguridad se arroga una competencia que no le corresponde y define una política para la niñez y adolescencia sin consultar los organismos creados por el Estado con este fin. No se educa para la democracia delegando en fuerzas militarizadas la formación de los jóvenes sino en la profunda transformación de estas fuerzas de seguridad que son autoritarias, violentas y desprofesionalizadas”.
“La CPM viene advirtiendo desde hace tiempo la falta de implementación de la ley 26.061 (Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes): son los organismos, entidades y servicios creados por esta ley quienes deben diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El espíritu de esta ley, en consonancia con las normativas y recomendaciones internacionales, aboga por resolver teniendo siempre presente el interés superior del niño a partir de la intervención social del Estado”, explicó el organismo.
En ese sentido, remarcó que “lamentablemente, el Estado no garantiza el funcionamiento de los dispositivos de atención y contención previstos tanto por la ley nacional 26.061, como por su par provincial 13.298, vaciando de recursos materiales, humanos y económicos el sistema de promoción y protección. Frente a esto, fortalece una impronta represiva y un discurso punitivista que justifican la intervención de las fuerzas de seguridad como única política pública para la niñez. Esta iniciativa no soluciona ninguno de los problemas que pretende resolver”.
La CPM reiteró que este tipo de anuncios implican “la militarización de la seguridad, el fortalecimiento de la faz represiva y violenta del Estado y el debilitamiento de los derechos y garantías. Se cristaliza así una idea de comunidad y convivencia basada en el control y disciplinamiento social que refuerza el rol de las agencias punitivas del Estado en desmedro de las de promoción y protección de derechos”.
En esa línea concluye el comunicado afirmando que se trata de “un claro retroceso para nuestra democracia” y que “pensar a las fuerzas militarizadas como garantes del orden y los valores es retroceder 40 años y volver a los momentos más oscuros de nuestra historia”.
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