La Corte Suprema de la Nación debe resolver en torno a la intención de la cadena comercial de ingresar a la Provincia de Buenos Aires. “Pedimos a los jueces que avalen la independencia de las provincias para legislar en materia de la salud de la población”, dijeron desde el Colegio de Farmacéuticos
La designación de dos polémicos conjueces para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) puede ser clave en la resolución de la causa judicial que la empresa Farmacity -vinculada a Mario Quintana, ex funcionario durante el Gobierno de Mauricio Macri- mantiene con la Provincia de Buenos Aires.
El máximo tribunal realizó ayer un sorteo para designar magistrados para este proceso judicial, luego de que dos integrantes de la corte, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, se excusaran para resolver en la causa por haber estado ambos vinculados a la mencionada compañía.
Se trata de la acción iniciada por la firma Farmacity S.A. con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, que regula desde 1987 el ejercicio de la profesión farmacéutica, excluyendo a las sociedades anónimas como propietarias de farmacias, estableciendo una distribución racional de las mismas en el territorio provincial y considerando al sector como “un servicio de utilidad pública”.
El proceso judicial llegó al máximo tribunal después de tres fallos de distintas instancias que ratificaban la vigencia y la constitucionalidad de la ley, y motivó dos audiencias públicas en 2018 que fueron acompañadas por la movilización de farmacéuticos de toda la Provincia en defensa del sistema vigente.
Ayer, de un listado de veintidos presidentes de juzgados federales, el azar terminó ubicando como ganadores del sorteo al Dr. Martin Irurzum (CABA) y su suplente, el Dr. Gustavo Hornos (CABA). Justamente dos magistrados sindicados el actual Gobierno como impulsores del “lawfare”. De hecho, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner los mencionó en su declaración ante la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la Causa Dólar Futuro.
Cabe recordar que la legislación vigente en la Provincia establece, entre otras cosas, la distribución racional de las farmacias en las ciudades por densidad poblacional y por distancia para garantizar la atención a toda la ciudadanía (y que por ejemplo no se concentren todos los establecimientos en las zonas céntricas o de mayor rentabilidad); y por otro lado también define quiénes pueden ser titulares de un comercio de este tipo, priorizando a los profesionales farmacéuticos.
Precisamente, la cadena comercial Farmacity objeta los artículos que involucran estos dos aspectos, buscando cambiar el carácter de la ley que prioriza la salud pública por sobre un modelo comercial.
El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (CFPBA) asistió al sorteo en su condición de tercero coadyuvante, en el juicio que la empresa Farmacity realizó a la provincia de Buenos Aires en 2012. “Como agentes de salud, mantenemos el mismo compromiso en la defensa del modelo sanitario de farmacias. Como ciudadanos defendemos las competencias que tiene la legislatura provincial para establecer las leyes del ejercicio profesional de los farmacéuticos”, señalaron.
“Anhelamos que la reactivación de esta causa concluya con el respaldo de la Justicia a una Ley sancionada durante la democracia, que no permite la incorporación de la sociedades anónimas, puramente mercantiles, y garantiza a los bonaerenses el acceso a sus medicamentos en toda la provincia, dispensados por un profesional farmacéutico, en localidades pequeñas, medianas y grandes, en el centro y la periferia de las comunidades”, remarcaron desde el CFPBA y agregaron: “finalmente, pedimos a los jueces de la CSJN que avalen la independencia de las provincias para legislar en materia de las profesiones y la salud de la población”.
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