“Quieren correr a la gente que tiene otros estilos de vida, que va desarrollando otras economías para resolver los problemas concretos que ésta coyuntura nos está generando”, describió uno de los abogados luego de la masiva marcha por las calles de la ciudad
Una inmensa movilización atravesó este mediodía las plazas centrales de la ciudad. No eran trabajadores de toda la provincia solamente, sino que eran diferentes sectores sociales y espacios de la ciudad que llegaron organizadamente hacia las puertas del municipio en Plaza Moreno para rechazar el proyecto de “Código de Convivencia” que el oficialismo intenta aprobar, mientras dentro se estaba realizando una nueva sesión del Concejo Deliberante.
Finalizada la reunión de concejales, el proyecto no se terminó debatiendo pero, según comentaron fuentes cercanas al ejecutivo, se podría aprobar hacia fin de año. Lo cierto es que el proyecto de Código que circuló a comienzos de este mes contiene 244 artículos separados en tres partes. Algunos de los puntos que aborda tienen que ver con los cortes de calle, la venta ambulante, los grafitis, la publicidad en vía pública, la zona roja, el tránsito, el acoso callejero, los residuos y la problemática ambiental.
Por eso, luego de algunas reuniones de coordinación de un espectro amplísimo del arco político opositor de nuestra ciudad, se realizó hoy esta movilización encabezada por vendedores ambulantes, migrantes, centros culturales, agrupaciones universitarias, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de la diversidad sexual, entre otras. En Plaza Moreno, con las banderas de los espacios rodeando el municipio y sobre un pequeño escenario montado sobre la calle, diversos representantes comentaron en qué influye que se implemente el posible nuevo código de convivencia.
Por su parte, desde la Asociación de Meretrices (Ammar) indicaron que “las trabajadoras sexuales de la calle somos las principales damnificadas”, ya que en el artículo 216 del proyecto se las “perjudica, criminalizando siempre a las trabajadoras sexuales”. “Todos y todas acá presentes coincidimos en algo que es básico y elemental de este código de convivencia: viene a criminalizar a los sectores que menos recursos tienen y no lo vamos a permitir”, denunciaron desde el escenario. Desde una de las agrupaciones de Travestis y Transexuales explicaron también que la situación es doblemente represiva para ellas, “ya que una gran parte de las personas travestis de la región, son migrantes”. En ese sentido, desde la Asamblea de Maricas y Homosexuales aportaron: “Vamos a decirle que no a esa avanzada de la moral sexual que quieren imponer en el código”. “Quieren arrasar con todas las existencias que complican los órdenes de la moral normalizante cisheterosexual. Las personas lesbianas, travestis, transgénero estamos en la calle y no nos vamos a ir, porque somos parte del espacio público y de la calle”, advirtieron.
Una de las representantes del centenar de centros culturales de nuestra ciudad, que vienen reuniéndose y coordinando actividades para resistir ante la embestida de Control Urbano y sus clausuras, describieron: “Cada vez que sacamos nuestros talleres a la calle o hacemos una protesta, siempre tenemos las fuerzas represivas respirándonos en la nuca. No queremos más eso, queremos que el Estado acompañe a la cultura local, queremos que dejen de privatizar el espacio público”.
Por parte de la Coordinadora Migrante, Juan Quesquén explicó que en enero de 2017 salió un decreto nacional que “pone en vulnerabilidad a los migrantes pobres”, ya que “fomenta la xenofobia y profundiza la precarización laboral del colectivo migrante”. En ese sentido es que, con el proyecto de código municipal, “se profundiza la vulnerabilidad y puede generarse hasta una expulsión del país”. “Nunca se habla del aporte del migrante. Por ejemplo, en el cordón frutihortícola de La Plata hay un 80% de migrantes, también en el rubro de la construcción. No se ve el aporte político, social y económico de los migrantes”, criticó.
Otro de los espacios que tuvo su espacio en el escenario fue el “Triunvirato Piquetero” que se formó entre tres movimientos sociales: la CCC, CTEP y Barrios de Pie. Le tocó hablar a una trabajadora “cartonera” quien describió: “La forma en que nosotros podemos comer es a través de la junta de cartones, y ahora nos quieren criminalizar por eso. Dénnos puestos de trabajo y así los carros no saldrán de la calle”.
Los abogados
Desde las organizaciones referidas a lo legal, Damián Brumer de La Ciega, pidió al municipio “que escuchen a quienes se movilizan en la calle, esto ha sido contundente, que se abran las puertas del municipio para que todos podamos participar de las reuniones y de las comisiones; para que puedan retomar la palabra de todos nosotros”, dijo. Además explicó que “este código es un nuevo intento de avasallar los derechos de los trabajadores de La Plata. Lo único que trae este nuevo código es represión, judicialización de los militantes sociales e incluye algunas normas ridículas como que para movilizarnos o reclamar ante las autoridades, hay que pedir autorización con 48 horas de anticipación”, describió.
Finalmente otro abogado, Esteban Rodríguez Alzueta, tuvo claras palabras contra el proyecto del municipio: “Garro quiere transformar la ciudad en un country, vienen a clausurar la ciudad para el piberío, los negros y morochos de la ciudad. Garro quiere correr a la gente que tiene otros estilos de vida, que va desarrollando otras economías para resolver los problemas concretos que ésta coyuntura nos está generando”.
“No solamente criminaliza la protesta cuando nos impide movilizarnos, ocupar los espacios públicos, generar acampes, ferias, festivales, radios abiertas, sino que también criminaliza las formas de la economía popular, cuando se propone perseguir los trapitos, cuidacoches, vendedores ambulantes, choripaneros, los feriantes”, describió.
Agregó que también el proyecto “se propone criminalizar las expresiones culturales, como los pibes que se juntan en las esquinas de los barrios; y este código hay que leerlo al lado de la creación de las guardias urbanas que se votó a puertas cerradas la semana pasada y también con la reforma Código de Ordenamiento Urbano, que quiere de alguna manera sobrevalorar el metro cuadrado para generarle un negocio millonario a las empresas inmobiliarias”.
“Puede que haya conflictos, pero no puede ser que, en el siglo XXI la única forma de resolverlo sea a través del arresto y las multas. Tiene que haber otras formas a través del diálogo, las mediaciones y no a través de la represión”, finalizó Rodríguez Alzueta.
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