Este martes se derogó la norma que suspendía procesos de desalojo hasta noviembre de 2025 a los pueblos originarios. La medida vulnera derechos nacionales e internacionales. A su vez, allana el camino para el avance de negociados con distintos sectores empresarios sobre esos territorios
Este martes el Poder Ejecutivo decidió finalizar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas originarias de la Argentina y levantar la suspensión de desalojo o desocupación de los territorios contemplada hasta noviembre del 2025. La iniciativa, que se publicó por Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024 en el Boletín Oficial, vulnera derechos nacionales e internacionales.
La Ley de Comunidades Indígenas N° 26.160 sancionada en el 2006 declaraba la emergencia en la propiedad y posesión de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas a la vez que suspendía por el plazo de la emergencia, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objetivo sea el desalojo o la desocupación de las tierras contempladas.
También disponía la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral para la obtención de la personería jurídica como registro de la comunidad. Se trataba de una reparación histórica y un acto de justicia con los pueblos originarios.
Las prórrogas de la emergencia se fueron realizando cada cuatro años, dado que los objetivos de la legislación nunca se cumplían en su totalidad (los mencionados relevamientos no eran una política pública activa), y la última -realizada por decreto en 2021- se extendía hasta el 23 de noviembre de 2025.
“Dada la irrazonable extensión de la medida de emergencia y las diferentes afectaciones que esta produce, tanto al derecho de propiedad como al dominio de los recursos naturales de las provincias y a la certidumbre del derecho, se estima necesario disponer su finalización de forma inmediata”, declama el Gobierno afirmando que la declaración de emergencia va en contra de los “principios de respeto a la propiedad privada” sobre los que se fundó el país.
En ese punto, queda más que claro qué intereses defiende el Gobierno: los derechos de propiedad no valen para todos. Desconoce de plano el derechos de los pueblos originarios de sus territorios, de los cuáles fueron despojados, pasando por arriba incluso de la propia Constitución Nacional, que desde la reforma de 1994 los declara pueblos preexistentes a la conformación del Estado.
Para el Ejecutivo la prórroga que amparaba a los pueblos originarios era innecesaria ya que éstos “avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado”. En los considerandos también menciona el conflicto “de público conocimiento” en el sur de nuestro país el cuál creció progresivamente “derivándose en la toma de tierras y en la provocación de graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales”.
Uno de los motivos del cese de la protección a los pueblos originarios es porque “median situaciones de usurpaciones y hechos violentos en todas las provincias del país”, a la vez que “no se advierte razón que justifique la continuidad de la emergencia, sino que, más bien, su prolongación implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos”.
El DNU lleva las firmas del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y toda la planta ministerial: Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
Buscan derogar el nuevo decreto
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Alejandro Vilca, ya presentó un proyecto para derogar este decreto del Gobierno y reestablecer la protección de los territorios indígenas.
“La Libertad Avanza y sus cómplices gobiernan a pedido de empresarios, inmobiliarias, mineras y todos los negocios que quieren quitarle la tierra a las comunidades indígenas. No lo podemos permitir, el peronismo debería apoyar este proyecto y oponerse a la avanzada contra quienes resisten en sus territorios. Contra el negacionismo racista y anti derechos del gobierno de Milei”, señaló el legislador en sus redes sociales.
En la norma 805/20212, la última prórroga de la emergencia, se citaban los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual indica el accionar internacional: “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente”.
Dicha medida dictada en 2021 se había impulsado por la “enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas” un gran número de comunidades originarias ante procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, poniendo en riesgo “su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad”.
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